CAPITULO SEXTO
PARA QUE NO VUELVA NUNCA MÁS

Para aliviar es necesario sacar a la luz, sólo así pueden sanar las heridas, ya sufrimos en carne propia nuestra historia, ya no queremos que se repitan estos hechos. Una inmediata atención a los que quedamos afectados, recuperar nuestros bienes perdidos, también es necesario realizar actos o celebraciones para recordar a los muertos, los que fueron masacrados en esta violencia. Y es muy necesario la desaparición de las fuerzas clandestinas, como la G2, paramilitares, ya no más armas. Testimonio 0569. Asesinato (guerrilla). Mujer, qeqchí. La Laguna. Cobán sep/81

Las personas que dieron su testimonio al Proyecto Remhi no sólo hablaron de sus experiencias de violencia, también plantearon sus demandas y valoraciones sobre el qué hacer para que la destrucción y el desprecio por la vida no se repitan. Estas demandas sociales y aspiraciones deberían de tomarse en cuenta para cualquier trabajo de reconstrucción social en Guatemala. Las voces de las víctimas y sobrevivientes hablan del respeto a los derechos humanos, del valor de la verdad, de la justicia y la lucha contra la impunidad, de la paz y los cambios sociales necesarios, de la importancia de las formas de reparación social.

1. VERDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

La defensa de los derechos humanos

El valor de la conciencia

El valor del respeto por la vida se vislumbra en los testimonios que describen las crueldades que caracterizaron las acciones ejercidas contra la población; en ellos subyace no sólo el daño a la identidad sino, sobre todo, un esfuerzo de afirmación de la dignidad humana. Más allá de lo formal, el reconocimiento de los propios derechos tiene, para las poblaciones afectadas, un sentido de afirmación individual y colectiva, y una conciencia de la responsabilidad de las autoridades por su respeto.

Esperamos que haya mayor apoyo para tener una vida como personas, que no se viole los derechos de cada uno de nosotros porque tenemos una identidad como personas, tenemos ese derecho. También espero que quede plasmado en un papel para que las autoridades tomen cartas en el asunto y que los derechos humanos sean respetados. Caso 6009, Aldea Jolomar, Huehuetenango, 1993.

Desde la perspectiva de muchas de las personas afectadas, el conocimiento de los propios derechos de carácter individual y colectivo, es un instrumento importante para evitar que la violencia contra la gente se repita.

Hablar de la verdad, conocer sus derechos personales y tener más capacidad para saber qué es Derechos Humanos a de nivel comunidades y pueblos indígenas. Caso 1642, Aldea Chicaj, Cahabón, Alta Verapaz, 1980.

El respeto a los derechos humanos es una condición básica para la reintegración social. En un clima de polarización y división como consecuencia de la guerra y represión política, el respeto a los derechos humanos tiene un carácter de reconstrucción de la convivencia social en las comunidades. Las consecuencias de la división y polarización extrema y la ideologización a que ha sido sometida una parte importante de la población, hacen del conocimiento y respeto mutuos un valor a rescatar por encima de autoridades o grupos dominantes. Dado el papel que cumplieron las acusaciones de "guerrilleros" en los ataques a la población civil, la educación y medidas efectivas para el cumplimiento de los derechos humanos deberían tener como objetivo central la superación de los prejuicios y promover actitudes sociales de apertura y solidaridad.

Organizarse para defender la vida

La defensa de los derechos humanos requiere mecanismos efectivos por parte del gobierno y autoridades. Muchos sobrevivientes ven en la organización colectiva un mecanismo útil para exigir su cumplimiento. Además, para defenderse de las amenazas a la vida, la organización de la gente es vista como una necesidad para hacer frente a la pobreza y las condiciones materiales precarias.

Estamos dispuestos a seguir luchando, a que se nos escuche, a que seamos libres, que se nos vea como gentes no como animales. Nosotros somos humanos, somos gentes, somos personas que pensamos, pero ellos quién sabe como lo piensan. Construir una nueva Guatemala y estar dentro de un país realmente democrático y que el Ejército sea castigado por los hechos que ha cometido... en la sociedad mas pobre, en el pueblo pobre campesino, luchador por su tierra, por su comida, por sus hijos. Caso 7386, Caserío Almolonga, Tiquisate, Escuintla, 1981.

Que nos respeten nuestro derecho como guatemaltecos que somos, porque cuando hablamos, cuando hacemos alguna manifestación por alguna cosa, es porque realmente lo necesitamos, por eso lo hacemos; no tenemos energía eléctrica, no tenemos carreteras, no tenemos agua potable, no tenemos escuelas, muchas cosas nos hacen falta, pues. Caso 7727, Caserío Palob, Nebaj, Quiché, 1982.

Sin embargo, aún muchas personas tienen que superar dos obstáculos claves para replantearse la participación en grupos organizados. Uno: en varios lugares la palabra organización suscita el recuerdo de sus propias experiencias pasadas de violencia. Dos: la criminalización de que fue objeto cualquier organización social que no estuviera bajo control militar, hace del miedo un desafío aún actual.

Que la comunidad ya no se deje engañar, que se organice en una buena organización para lograr lo que necesitamos, porque no es justo que el rico coma y el pobre no. Si necesitamos un autobús, la comunidad se junte para lograrlo. Quiero hacer esto cuando llegue a Guatemala, pero la gente puede creer que soy de la guerrilla porque hablo de organización. Tengo que saber decirlo en mi pueblo. Caso 8390 (Asesinato y persecución) Concepción Huista, Huehuetenango, 1979-80.

Bueno, yo pienso qué se debería hacer para evitar esto se repita. Lo que yo pienso es organizar en las organizaciones populares y conocer cuál es nuestro derecho como personas, cuál es nuestro compromiso y también dejar el miedo por un lado, porque el miedo es lo que más nos afecta. Porque a través del miedo nos hemos dejado callar, pero en este tiempo se nos está abriendo este espacio de hablar. Entonces para mí es algo más importante que nosotros vamos a dejar este miedo, para que sólo así se puede lograr este respeto de los unos a los otros. Caso 2692 (Amenazas por negarse a participar en las PAC) La Puerta, Chinique, Quiché, 1982.

Esas demandas y esfuerzos de reconstrucción organizativa deberían acompañarse de mecanismos locales y regionales que garanticen la libre asociación y fomenten la reconstrucción del tejido social organizativo en concordancia con formas tradicionales de organización popular o indígena, y cuyo poder de interlocución de la comunidad sea reconocido por las diferentes instancias del Estado.

Respeto contra discriminación

La reivindicación del respeto a los derechos humanos es parte de los esfuerzos de la gente por afirmar su dignidad. En un contexto de grave discriminación social hacia las poblaciones indígenas, la reivindicación del respeto a la persona está en muchas ocasiones teñida del respeto a una identidad colectiva. Las referencias al diálogo intercultural son frecuentes entre los testimonios. Mucha gente indígena ha visto en los ataques a la población civil, y especialmente en la política de tierra arrasada en contra de las comunidades campesinas, una muestra de la continuidad del desprecio histórico que han sufrido por parte de los sectores dominantes. Sin embargo, la lucha contra la discriminación de los más pobres forma parte de una demanda de respeto más global y que no tiene sólo un carácter étnico.

Que esta situación no se vuelva a repetir. Creo que tal vez en base a desarrollo, a una educación para nosotros, para todos los ciudadanos de Guatemala. Pero que realmente respeten nuestros derechos como indígenas, porque soy indígena y tengo mis derechos y tengo voz para decir algo. Caso 2176, Aldea Salquil, Nebaj, Quiché, 1980.

Que se conozca la verdad

De la verdad a la memoria

El conocimiento de la verdad es una parte consustancial del proyecto REMHI y de las motivaciones de la gente para dar su testimonio. En un contexto social en el que la denuncia fue criminalizada y las víctimas tuvieron que guardar silencio para no poner en peligro su vida, la necesidad de conocer la verdad y hacerla pública se ha mantenido latente en la memoria de la gente. Para las personas que dieron su testimonio, el reconocimiento de la verdad es el primer paso para la dignificación de las víctimas y sobrevivientes.

Muchas personas tienen todavía un grado de confusión importante sobre los hechos concretos que vivieron sus familiares, otros no saben dónde están o se preguntan aún en la actualidad por qué murió. Es probable que algunas de esas preguntas sigan sin tener respuesta debido a la enorme dificultad de asimilar esos hechos traumáticos, pero el conocimiento de la verdad puede ayudar a los familiares a salir de la confusión.

Para ello, la verdad no puede quedarse en el ámbito privado, sino que tiene que difundirse en la sociedad y darse un reconocimiento público de los hechos por parte de las autoridades.

La recolección de los testimonios tiene un valor importante en la elaboración de una memoria colectiva que ayude a la gente a buscar un sentido a lo sucedido y a afirmar su dignidad: el recuerdo como forma de reconocer que eso ocurrió, que fue injusto y que no se debe repetir.27

Al estar grabando esto me siento tranquila porque sé que este testimonio que estoy dando es para bien de todos nosotros los que sufrimos esas tormentas. Nos sentimos contentos. Yo entiendo que es un bien para nosotros, todos nuestros demás hermanos lo pensarán así, lo sentirán y todos aquellos que dieron sus testimonios también. Caso 6029 (Asesinato) San Francisco, Huehuetenango, 1982.

El valor social de la verdad

El esclarecimiento de los hechos y el reconocimiento de las atrocidades contra la población civil por parte del Ejército y las demás fuerzas son, por tanto, un primer paso para las víctimas y para la memoria de toda la sociedad. La verdad tiene un valor social muy importante también para aquellos que no fueron directamente afectados por las pérdidas. En una sociedad sometida a la censura, la manipulación informativa y el aislamiento social durante años, el conocimiento de los hechos de violencia y atrocidades puede contribuir a aumentar el nivel de conciencia sobre lo sucedido (conocer su propia historia y evitar las versiones falseadas de la realidad), promover la sanción social a los perpetradores y asumir la necesidad de reparación a las víctimas.

Lo que espero es que un día el Ejército va a reconocer todo lo que ha hecho y que no sigan, verdad, violando la ley, da cólera, sólo pobres seguimos. Caso 0785 (Asesinatos) Cuarto Pueblo, Ixcán, Quiché, 1991.

Sin embargo, también el papel reparador de la verdad puede ser puesto en entredicho, si no va acompañado de justicia. Si al conocimiento de los hechos le sigue el silencio y la impunidad, la verdad puede convertirse en un insulto para las víctimas. En los testimonios analizados, las demandas de conocimiento de la verdad están asociadas a las demandas de justicia.

La demanda de justicia

El deseo de justicia está muy presente en los testimonios. Para las víctimas y sobrevivientes, el impacto de la violencia en sus vidas y la de sus familias y comunidades ha dejado un profundo sentimiento de injusticia, no sólo por el dolor de la pérdida, sino por el mantenimiento de las condiciones de impunidad hasta la actualidad.

Cambiar las relaciones de poder

En primer lugar, la demanda de justicia tiene que ver con una readecuación de las relaciones de poder en el ámbito local y en la prevención de nuevas formas de violencia. Sin sanción social la posibilidad de que se reproduzcan hechos de violencia es mucho mayor, dado que se rompen las normas sociales básicas de convivencia. Además, la posición de ventaja social que han sacado muchos victimarios aumenta el sentimiento de profunda injusticia de las víctimas y sobrevivientes que han tenido que vivir todos estos años con la humillación del silencio y su falta de poder.

Esa posición de poder se mantiene en muchos lugares –incluso una vez finalizado el conflicto armado, como en el caso de muchos ex-comisionados militares–, supone un riesgo de nueva violencia y genera miedo a que se repita la represión. En la perspectiva de las víctimas, la justicia opera ahí como una forma de reajustar las relaciones sociales y la gestión del poder en la sociedad.

Que el gobierno haga una justicia cabal, porque también que lo haga retirar estas gentes malas, pues es su responsabilidad. Porque si estas gentes que hicieron todos los daños siguen todavía en su responsabilidad puede ser que la represión vuelva. Caso 1271, Pueblo Chajul, Quiché, 1985.

Sin embargo, a pesar de que frecuentemente tiende a pensarse que los deseos de justicia de las víctimas responden a un afán revanchista, en los testimonios no se encuentran demandas de venganza o pena de muerte.

Pues que no haya venganza, porque por la venganza se empiezan otra vez las violaciones, por un pedazo de tierra. Caso 7442, Plan de Sánchez, Baja Verapaz, 1982.

Ojalá que se busquen unas leyes para dar un su par de castigos, porque quitar la vida yo creo que no sale, digo yo, castigo sí. Un castigo sí, porque quitar la vida yo creo que no. Entonces ya nos volvemos asesinos otra vez. Caso 1274, Pueblo Chajul, Quiché, 1982.

Recuperar el sentido de la autoridad

Las demandas de justicia incluyen la lucha contra la impunidad y contra la corrupción que en muchas ocasiones han caminado juntas. El primer paso para acabar con ellas debería ser la destitución de los cargos militares o civiles que han tenido responsabilidades importantes en la violencia contra la población civil, incluyendo a quienes han participado en las estructuras de inteligencia militar. Sin cambios en los responsables de esas estructuras militares que tienen graves responsabilidades en las atrocidades cometidas, se mantendrá la impunidad, dado su poder de coacción hacia la sociedad y otras estructuras del Estado, y la red de complicidades que han tejido en los años del conflicto armado. Además, dichas destituciones son pasos que pueden ayudar a superar los sentimientos de humillación e injusticia por la muerte de sus seres queridos.

Ya nunca queremos más armas, ya no queremos más bombardeos, ya no más masacres, ya no más secuestros, asesinatos, nunca más impunidad, ya no queremos más corrupción, la destitución de los altos cargos militares que están involucrados en estos hechos sangrientos, que miles y miles de víctimas ofrendaron sus vidas para exigir sus derechos y defender lo suyo y de su familia. Caso 1885 (Asesinato de Comisionado por la guerrilla) Cobán, Alta Verapaz, 1983.

Los cambios en las relaciones de poder y la misma violencia ejercida contra la población ha cuestionado el sentido de la autoridad como un poder al servicio de la comunidad, tal como es entendido especialmente en la cultura maya. Pero además la represión política supuso una alteración del valor de las leyes y normas sociales de convivencia. La justicia que habitualmente es ejercida por las autoridades, tiene que volverse ahora contra los que la han ejercido de modo injusto, para poder salvaguardar el sentido mismo de la autoridad centrada en la comunidad.

Que estos hechos de violencia no vuelva a suceder y para que las santas autoridades no vuelvan a hacer esa injusticia, porque entre ellos habían decidido terminar a los trabajadores, o sea al campesinado más bien. Caso 1316, Aldea Parraxtut, Sacapulas, Quiché, 1983.

Restaurar el sentido de la ley quiere decir entonces reajustar las reglas de convivencia social y restablecer las relaciones comunitarias rotas por la violencia. Si bien esa perspectiva está muy generalizada entre los sobrevivientes (la sanción social como reparación por lo sucedido), la justicia supone también un elemento de prevención sin el cual el presente y el futuro están amenazados.

Yo deseo que haya una ley, que haya una justicia que castigue a los culpables, que castigue a los que han hecho mal. Que haya esa ley que castigue para que no vuelvan a suceder estas cosas, porque si las cosas que han hecho, la violencia que ha desaparecido a nuestros hermanos se queda así, quiere decir que no existe una ley, que no existe una justicia, entonces lo seguirán haciendo sin ningún temor, sin ninguna pena, ellos tendrán toda la libertad para hacer lo que quieran. Caso 5910 (Desaparición forzada) Sayaxché, Petén, 1988.

Acabar con la impunidad

Los deseos de justicia no son tampoco ingenuos. Algunas personas están muy conscientes de la dificultad de tener justicia en las condiciones actuales. La falta de voluntad política y el poder del Ejército hacen ver a mucha gente la necesidad de que esos deseos de justicia se expresen de una manera organizada para que puedan ser una realidad.

Yo diría que va a depender del esfuerzo del pueblo para poder enjuiciarlos en algún futuro corto o largo, verdad, es la única esperanza, nada más que tal vez un día se termine para siempre. Caso 7336 (Asesinato) Patzún, Chimaltenango, 1984.

Entre las dificultades percibidas se encuentra la ineficacia y corrupción del sistema judicial. Las demandas de funcionamiento de las leyes frente a la arbitrariedad del poder de coacción suponen la reforma del sistema de justicia y la remoción de los jueces y fiscales corruptos, o que hayan tenido participación en la impunidad.

Frente a los modelos de seguridad basados en el incremento del control social y las nuevas formas de militarización de la vida cotidiana, algunas personas ponen de relieve cómo es necesaria la renovación de los aparatos de seguridad y un cambio en sus modelos para evitar nuevas formas de violencia provenientes de la concentración del poder.

Lo ideal sería que esta ley fuese castigada, porque de nada nos sirve llevarlos a un tribunal, la corrupción en Guatemala cada día está peor y gana el que tiene más dinero. Si yo tengo y le pago a un buen abogado incluso al que me va a juzgar, entonces voy a salir beneficiada yo, pero si yo no tengo dinero no voy a lograr eso y queda libre. Que tuviera más autoridades, más drásticas, más competentes, porque ahora se está poniendo más autoridad, digamos más policías, pero todo ese dinero se está perdiendo porque son los policías los que están más bien haciendo esas cosas. Siempre la prensa dice que los policías mataron, robaron carros. Caso 3077 (Secuestro y tortura) Salamá, Baja Verapaz, 1982.

Justicia para el futuro

La justicia tiene también importancia para que los propios autores de las atrocidades puedan cambiar su condición. En ausencia del reconocimiento de los hechos y sin ponerse a disposición de la sanción social nunca van a tener la posibilidad de enfrentarse con su pasado, reconstruir su identidad y replantear sus relaciones con las víctimas y la sociedad.

Hay que pensar que si uno ha hecho una cosa es mejor que se le castigue, dependiendo de su delito, que sea castigada y no matada. Si se ha cometido un gran error o haya matado a otro, sería la ley la que va a investigar. Caso 9524 (victimario) Huehuetenango, 1980-82.

Algunas personas destacan el valor de la justicia para las nuevas generaciones. Sin un sentido ético claro de condena de las atrocidades cometidas, la violencia corre el riesgo de convertirse en un patrón de conducta habitual con impacto en los jóvenes y el futuro de la sociedad.

Lo que queremos es que haya procesos en contra de los hechores o responsables para que prueben, ya que no les dio lástima dañar a nuestras familias, que haya una justicia legal, que se investigue a todos los responsables de estos mártires porque ellos están contentos y tranquilos con dos o tres casas, mujeres, carros, tiendas. Caso 5339, Masacre Plan de Sánchez, Rabinal, Baja Verapaz, 1982.

Dentro de las menciones genéricas a Dios (9%) se incluyen a menudo referencias a la justicia, por lo que no son una disyuntiva la mayor parte de las veces. Sin embargo, algunos testimonios hacen referencia a la "justicia de Dios", a partir de un sentimiento de resignación o aceptación de los hechos. Es difícil saber si esa apelación a la "justicia divina" supone una forma de diferir el deseo de justicia, si constituye una forma de impotencia aprendida, o si implica una superación de sus deseos de justicia en la actualidad.

Quisiera ver al menos los huesos. Pienso que está donde está haciendo las exhumaciones FAMDEGUA. Le dejo las cosas a Dios. No pido justicia. Caso 9925 (Desaparición forzada) El Chal, Petén, 1981.

Tenemos un sólo Dios y nuestra dignidad; quiero que apliquen la justicia sobre los responsables, porque si seguimos sin ley no es bueno. Caso 0577 (Asesinato) San Pedro Chicaj, Cahabón, Alta Verapaz, 1981.

Las referencias al perdón son escasas en los testimonios. La mayor parte de las personas reivindica primero el conocimiento público de los hechos y el castigo a los responsables. El perdón como actitud voluntaria de reconciliación con los ofensores sólo se acepta como consecuencia del reconocimiento de la ofensa, la justicia y reparación social.

Yo pienso que hacer un llamado a las víctimas de esta situación desde años atrás, no desde el año 83 sino años atrás, para contribuir a llegar a una justicia, porque yo no me voy a quedar callada… Eso que yo voy a perdonar: perdono al ver que algunos de ellos estén detrás de la reja, eso que quede claro. Ni aquí ni en ningún lugar voy a perdonar que se quede así, es imposible. Caso 2155 (Desapariciones forzadas) Tactic, Alta Verapaz, 1983.

2. AFRONTAR LAS CAUSAS

Cambios sociales para la paz

Un segundo gran grupo de las reivindicaciones incluidas en los testimonios tiene que ver con las demandas de cambio social. Muchos sobrevivientes son conscientes de que si no se enfrentan algunas de las causas del conflicto y se demuestra una voluntad verdadera de llevar a cabo los compromisos, es muy probable que la violencia vuelva a reproducirse. Entre las demandas de carácter social destacan tres: la desmilitarización, la tenencia de la tierra y la libertad para reconstruir su cotidianidad.

Desmilitarizar la vida cotidiana

La primera demanda respecto al Ejército tiene que ver con la disminución de su presencia en las comunidades y un cambio global en su modo de relacionarse con la población.

Por eso nosotros buscamos una solución y el gobierno también tiene que buscar solución a nosotros para que su Ejército no nos venga a molestar a donde estamos, que lo retire. Ya no queremos más guerra. Caso 0717, Senococh, Uspantán, Quiché, 1988

En los testimonios se recogen frecuentes referencias al poder de las armas y su efecto destructivo en la comunidad, ya fuera en un momento como parte del sistema de comisionados militares, después con la presencia de la guerrilla o posteriormente por la acción durante quince años del control militarizado de las PAC. La demanda de desmilitarización supone la confiscación, destrucción o eliminación del comercio de armas en las comunidades.

Ya entregamos las armas (PAC) y que nos acostumbremos a vivir como antes, que sin armas podíamos vivir. Los padres nos enseñaron a sembrar y no a manejar armas. Ojalá que no vuelvan a armar a la comunidad, porque las armas dan temor. Caso 4687, Aldea Guantajau, Quiché, 1982.

Para la gente la desmilitarización empieza por la disolución de las estructuras militares como los comisionados y las PAC, que produjeron una alteración global de las relaciones en la comunidad, en las que los valores y formas de poder pasaron a estar directamente influidas por las armas y el control del Ejército.

Para que se eviten esos hechos de violencia que sucedieron y que siguen sucediendo, lo primero es que las autoridades hagan cumplir la ley, que se recojan tantas armas que andan para arriba y para abajo, que son las que han hecho la violencia, y que los comisionados militares terminen, porque son los que han hecho tanto daño al pueblo de Guatemala. Caso 6456 (Asesinato) Morales, Izabal, 1968.

Para evitar que se repitan estos hechos de violencia es necesario que se eliminen las patrullas civiles, los soldados, los militares que han hecho tantas masacres, que se firmen los acuerdos de paz y que la Iglesia Católica siga apoyando este proceso de paz. Caso 4789, Masacre Finca La Estrella, Chajul, Quiché, 1981.

El reclutamiento forzoso se convirtió en una amenaza permanente para los jóvenes que fueron obligados y muchas veces secuestrados para participar en el Ejército. El peso que esta militarización ha tenido en la experiencia de la gente ha sido enorme. Por eso, las exigencias de desmilitarización incluyen el disminuir la presión sobre los jóvenes y tener alternativas frente al reclutamiento obligatorio que sean útiles y asumidas por la comunidad. El proceso de reconstrucción social de la post-guerra debería disminuir el papel del Ejército en la sociedad y avanzar hacia una desmilitarización efectiva.

Para que esto no vuelva a ocurrir, pienso que todas las cosas salen organizándonos, concientizándonos. Puede regresar ese tiempo si no hay una comprensión entre nosotros, pero si comprendemos la necesidad que hemos vivido como gente pobre, como guatemaltecos, creemos que esto ya no sería lo mismo tal vez. Nosotros estamos de acuerdo en prestar un servicio pero ya no al Ejército, sino a la comunidad: pueden ser maestros alfabetizadores, promotores de salud. Caso 2297, Aldea Buena Vista, Santa Ana Huista, Huehuetenango, 1981.

Cambios en el poder local

La desmilitarización supone cambios en el poder local, incluyendo la revalorización del papel de las autoridades civiles y tradicionales. Las demandas de reconstrucción y participación comunitaria en el poder local plantean un reconocimiento real del protagonismo de la comunidad, de las estructuras y sistemas propios de participación.

Para que no se repitan estos hechos, se debe trabajar en paz, primero con la familia, después con la comunidad. Trabajar con los que quedaron en Guatemala, que no salieron al refugio, luchar por vivir felices, como era antes de la violencia. Conocer los derechos de la persona humana, recuperar el valor de la autoridad civil, y que el gobierno se comprometa a cumplir la ley y la Constitución. Caso 0977, Masacre Santa María Tzejá, Ixcán, Quiché, 1981.

Muchas personas demandan que los cambios no sean sólo formales, sino que supongan una ruptura con los valores impuestos por la guerra, entre los que destaca la arbitrariedad, el autoritarismo y la discriminación social. Esta perspectiva es importante para el futuro, dado que pueden darse nuevas formas de poder basadas en el autoritarismo sin una estructura militar formal. Los recién formados Comités de Desarrollo, en los que se han convertido las PAC en algunas zonas del país, corren el riesgo de funcionar como un nuevo mecanismo de control social a partir de la gestión de las ayudas y los proyectos de desarrollo, y muestran los intentos de mantener las mismas estructuras con otro nombre.

Lo que queremos ahora es que exista una persona que nos oriente y nos conduzcan al bien común, siempre acá en mi aldea Najtilabaj, y que nos levante a todos a rechazar cualquier engaño y que nuestros niños disfruten de una vida mejor. Lo que queremos ahora es que tomen en cuenta nuestras peticiones y no estar sujetos al autoritarismo y a lo que ellos pretenden hacer. Caso 10684 (Asesinato) San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, 1982.

Desmovilización y cambios en el Ejército

Entre las demandas de cambios específicos en el Ejército se incluyen básicamente tres: la desmovilización de los cuerpos militares, oficiales y soldados más implicados en las atrocidades; el desmantelamiento de los aparatos clandestinos, y la reparación moral a las víctimas. Disminuir su poder de coacción castrense respecto a la sociedad y su dominio de los aparatos del Estado requiere destituciones y cambios en las personas, pero también sustituir la jerarquía y el poder militar por la democracia y la capacidad de control del Ejército por parte de la sociedad, del gobierno y las leyes. Pero los cambios no sólo deben darse en las estructuras formales del Ejército y cuerpos de seguridad. Los aparatos de inteligencia y sus conexiones deben ser investigados y desmantelados como entes represivos clandestinos. El mantenimiento de esas estructuras paralelas de poder constituye todavía una amenaza para el futuro.

De entre los soldados depende: hay muchos que hacían estas masacres porque les obligaban, otros sí que eran abusivos. A los responsables del Ejército habría que retirarlos y que pusieran a otros nuevos para que haya democracia y respeto. También me parece mal que los militares retirados tengan un sueldo, dinero del pueblo. Mejor que trabajen, como trabajamos los campesinos. Caso 1280, Masacre Caserío Palob, Nebaj, Quiché, 1980.

La toma de medidas eficaces para la desmilitarización de Guatemala implica para las víctimas una conveniente supervisión internacional. Oficializar y dar cuerpo a muchas de estas demandas de la gente es parte de las expectativas que muchos sobrevivientes y sus familias ponen en instancias como la Comisión de Esclarecimiento Histórico.

Ya no más armas, lo que se necesita es la inmediata desactivación de los aparatos clandestinos del gobierno y también es necesario presentarlo a la Comisión de la Verdad y ante los ojos del mundo entero para que sean testigos de qué es lo que está pasando con nosotros, los pobres, la discriminación y la violación nuestros derechos. Caso 568, Cobán, Alta Verapaz, 1981.

El deseo de libertad

Las aspiraciones de libertad se relacionan con las demandas del fin del control militar de la vida cotidiana. En los casos de poblaciones que han vivido en condiciones de concentración y control militar total, como las Aldeas Modelo, o en las más numerosas que han sufrido otras formas de militarización como las PAC, la gente quiere tener libertad para moverse, comerciar y reorganizar con autonomía su vida.

Ya no queremos que seamos amarrados, que seamos encerrados en los corrales, queremos vivir en libertad, queremos estar en paz. Testimonio Colectivo, San Lucas Chiacal, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.

En los testimonios las demandas de libertad aparecen relacionadas con la posibilidad de expresión de su identidad y cultura. En parte, eso incluye la libertad para celebración de ritos, de ceremonias y de expresión de las propias creencias, pero también tiene que ver con las condiciones de trabajo. Para muchas personas, la reivindicación de mejores condiciones en las fincas tiene relación con los salarios o las prestaciones económicas, así como con un cambio en el régimen de vida sujeto a las directrices de sus patronos. Detrás de esas demandas de mayor libertad en el trabajo y modo de producción existe también la reivindicación de su propia identidad como campesinos y no como mozos de una finca.

La solución de la tierra

Las medidas de verdad, justicia o desmilitarización tienen que ir acompañadas de otras de carácter socioeconómico que desactiven algunas de las raíces del conflicto. Desde la perspectiva de muchas víctimas, sólo se solucionará la violencia cuando se resuelvan los problemas de la tenencia de la tierra y las condiciones de vida de la gente.

Pues para mí terminar con toda la violencia, digamos los que tienen fuerza, los que usan armas como el Ejército, lo que me doy cuenta es que de sus armas viene toda esa matanza, o que fueran reducidos los soldados. Y para que no haya violencia, para que se termine definitivamente el problema es cuando se repartan las tierras a los pobres, y allí ya no habrá más violencia ni problemas. Caso 6629, Finca Sapalau, Cobán, Alta Verapaz, 1981.

La mejor distribución de las tierras constituye no sólo una forma de reparación sino sobre todo de prevención de nuevos problemas y conflictos sociales.

Las expectativas de la paz

Las expectativas del proceso de paz implican demandas de mejoras socioeconómicas para las poblaciones pobres, la disminución de las desigualdades sociales, y cambios en el gobierno y los sistemas de representación política para que tengan en cuenta las necesidades de la gente. A pesar de que los testimonios fueron recogidos antes de la firma de la paz, algunos declarantes advierten ya del peligro de que se convierta sólo en un proceso de desmovilización o desactivación del conflicto armado, si no se concretan cambios socioeconómicos y legales que arranquen algunas de las raíces de la pobreza.

Demandas a la URNG

Existen demandas explícitas a la URNG. Para los familiares de las personas asesinadas por la guerrilla, y de los que no se aclararon las causas de su muerte o incluso su paradero en la actualidad, las demandas tienen que ver con la investigación pública de los hechos y el reconocimiento de la memoria de sus familiares. Dadas las estrategias de confusión con que se desarrollaron muchas acciones armadas durante los años 80, las demandas de aclaración y verdad sobre los asesinatos presuntamente cometidos por la guerrilla implican a los distintos actores armados.

La familia quiere que se investigue el hecho, tanto con las fuerzas armadas como con el EGP, en vista de que los últimos nunca aclararon o desmintieron lo que decía el comunicado aparecido. Con las fuerzas armadas del Estado, porque los ametrallamientos posteriores fueron identificados, porque era un método de acción contra las personas que ayudaban a las comunidades y porque es responsabilidad del Estado aclarar la situación y nunca lo hizo. Caso 3338 (Secuestro y desaparición forzada) Chiantla, Huehuetenango, 1981.

Otras demandas explícitas tienen que ver con las explicaciones de su comportamiento con la gente. Especialmente en el área rural, las promesas de cambios sociales o defensa frente al Ejército que realizó la guerrilla se vieron frustradas por el desarrollo de la guerra y por la percepción de falta de un comportamiento consistente por parte de la misma. Alguna gente que se involucró en la guerra o que vio en la guerrilla una oportunidad para mejorar su situación, se sintió después abandonada por la falta de respuesta en los momentos de mayor crisis.

Desea vivir en paz, que estos hechos de violencia no se repitan nuevamente para nuestros hijos. Deseamos que la guerrilla no engañe más a la gente porque no fue cierto lo que dijeron, no nos defendieron ante los soldados. Todos los muertos son inocentes, es población civil, pero los guerrilleros huyen, no se paran ante el Ejército, sino que dejan a la población ante el Ejército. El Ejército y las PAC fueron los asesinos de todos. Por eso no deseamos que esto vuelva, que se firme la paz porque los que sufrimos somos nosotros los pobres. Caso 2454 (Asesinato y tierra arrasada) Chipal, San Juan Cotzal, Quiché, 1982.

Que la guerrilla reconozca sus errores, que se acuerde de los volantes que repartían y decían: ‘La guerrilla está unida con el pueblo, jamás será vencida’ y eso no era cierto. El Ejército debe reconocer sus errores cuando se presentaba de civil para investigar y luego castigaba con la muerte, había engaño. Caso 8008, Los Angeles, Ixcán, Quiché, 1981.

Los ojos del mundo. La presencia internacional

A pesar de que muchas veces el Ejército y el gobierno trataron de desprestigiar internacionalmente las demandas y denuncias interpuestas por grupos de derechos humanos, para las víctimas y familiares el conocimiento internacional sigue teniendo un papel disuasorio preventivo.

La posibilidad de presionar al gobierno y las instituciones del Estado para supervisar el cumplimiento de los acuerdos con las poblaciones afectadas por la guerra (retorno, etc.) ha estado relacionada con la capacidad de las víctimas y grupos de apoyo de hacer visible su sufrimiento más allá de sus fronteras. La dependencia del gobierno respecto a los tratados, leyes y mecanismos internacionales de control de la situación de los derechos humanos, así como su necesidad de restablecer sus relaciones económicas con otros países, ha operado en parte como un factor favorable al cambio. A pesar de la resistencia de una parte importante de los sectores económicos, políticos y militares, la presión y presencia internacional ha supuesto un factor de apoyo a las expectativas de paz y de respeto a los derechos humanos de la gente.

Por eso, el mantenimiento de la presencia de instituciones internacionales de derechos humanos, y su supervisión del cumplimiento de los acuerdos, es una demanda frecuente en los testimonios que se refieren a la presencia internacional. Más que una evaluación concreta de dicha presencia, los testimonios se refieren al papel que globalmente ha ejercido en la restitución de condiciones de convivencia social y respeto. Cuando ese papel ha sintonizado claramente con la experiencia previa, valores o expectativas de las comunidades, la evaluación de su presencia es muy positiva.

Gracias a estos señores que han pensado formar una autoridad para defender nuestros valores. Nosotros debemos apoyarlos, entender que ellos están defendiendo lo que teníamos perdido. A través de esas autoridades nosotros ya nos sentimos personas con ánimo. Ahorita debemos tomar en cuenta que todos valemos igual, educar a nuestros hijos, darles buen consejo, buena idea; no como se crió esa gente que se metió a esa política mala, destructora. Que tengan cuidado para vivir, para formarse en este mundo. Caso 2300 (Desaparición forzada) Nentón, Huehuetenango, 1982.

El papel de la iglesia

La Iglesia aparece en los testimonios ligada a la búsqueda de la verdad y con un papel educativo respecto a los derechos humanos. A pesar de que estas declaraciones puedan estar condicionadas hacia una mayor complacencia con la Iglesia, dado que los testimonios han sido recogidos por personas y estructuras que tienen que ver con ella, su presencia institucional y la confianza que muchos sectores sociales pueden tener en ella, implica una demanda para que se mantenga activa en la defensa de los derechos de la gente.

Para que esto no se repita, no vuelva a suceder, sería una lucha por parte de la Iglesia, de toda la hermandad, de toda la humanidad, porque aquí estamos personas en la tierra que Dios nos regaló, no somos animales y según los libros dice Dios que nos dio la vida y sólo él tiene derecho a quitarla. Caso 9513 (Tortura) Huehuetenango, 1981.

Las expectativas depositadas en ella suponen un desafío para la Iglesia en Guatemala. Tanto en lo que respecta a su compromiso con la gente como a la propia visión de la Iglesia como institución con poder, los testimonios de REMHI ofrecen también un material de reflexión para su acción social.

Bueno, yo creo que nuestra religión, la Iglesia Católica tiene un gran compromiso con todos esos hechos de violencia. En la religión, vamos a regresar, no al Antiguo Testamento, sino al Cristo que tuvo una túnica, al Cristo que dijo: hasta los pájaros tienen donde recostar su cabeza y el hijo del Hombre no tiene donde. Si tenemos una religión en nuestro corazón, sincera, creo yo que podríamos dominar, los poderes económicos y los poderes políticos. Pero hoy, nuestro Dios, es el dinero, es el poder político, el poder económico. Y yo me hice esta pregunta: si hay religión, ¿por qué tenemos este mundo? Caso 5444 (Asesinato) Guatemala, 1979.

Entre esas expectativas se encuentra también la devolución de la memoria. Algunas familias y comunidades afectadas por la violencia consideran que el trabajo de búsqueda de la verdad no debería terminar en la elaboración de un informe, sino que tiene que volver a donde nació y apoyar mediante la producción de materiales, entre otras cosas, el papel de la memoria como instrumento de reconstrucción social.

Al dar mi testimonio me siento desahogado porque ya dije todo lo que he sufrido, gracias a ustedes que vienen a visitarnos, a recibir nuestro testimonio, así nos desahogamos porque nos encontramos muy oprimidos, gracias a Dios con esto nos desahogamos. Ojalá que nos dieran un libro para que quede como historia, para que nuestros hijos se den cuenta del sufrimiento de nosotros. Caso 7462, Masacre Aldea Chichupac, Baja Verapaz, 1982.

3. REPARACIÓN Y RESARCIMIENTO. 28

Tenemos que volvernos a unir y exigir nuestros derechos. Lo que yo exijo ahora es que el gobierno me pague los daños. Nosotros vivimos a través de nuestros coches, gallinas, pues no tenemos otro negocio. También el pueblo exige lo que ha perdido, porque sólo de eso vivimos. El Ejército quiere terminar con nosotros porque no quiere que nos superemos. Nuestros abuelos decían que es un deber del gobierno ayudar, pero entraron los malos gobiernos y ya no nos ayudaron. Caso 3909, Aldea Xemal, Quiché, 1980.

Una tercera demanda tiene que ver con las propuestas de reparación social tanto a los sobrevivientes como las formas de memoria colectiva de las víctimas y exhumaciones.

Las formas de reparación no pueden devolver la vida ni recuperar las enormes pérdidas sociales y culturales. Sin embargo, el Estado tiene la obligación de ofrecer a las víctimas y sobrevivientes de las atrocidades y Crímenes de Lesa Humanidad, medidas que ayuden a compensar algunas de esas pérdidas y que las poblaciones afectadas por la violencia puedan vivir con dignidad. Las demandas de reparación de la dignidad de las personas asesinadas o desaparecidas parten del reconocimiento de los hechos, siguen con la clarificación de su destino, y se concretan en la búsqueda de sus restos, la exhumación y la inhumación posterior siguiendo los ritos públicos y familiares de carácter cultural y religioso. Las distintas medidas de "reparación" cuya demanda se incluye en los testimonios de los sobrevivientes tienen que ver con: compensaciones económicas o proyectos de desarrollo, becas y programas de estudio, conmemoraciones y monumentos, y proyectos de atención psicosocial a las víctimas o sobrevivientes.

Quitarnos esa tristeza que tenemos, tal vez haya alguna manera, alguna palabra de aliento para poder quitar esta tristeza. Tal vez haya algún método para ayudarnos a quitar lo malo que nosotros tenemos de estas grandes tristezas. Caso 3907, Nebaj, Quiché, 1980.

El valor de las ayudas tiene que evaluarse teniendo en cuenta tanto los beneficios prácticos que pueda suponer como la importancia de la dignidad de la gente. Las medidas de reparación tampoco pueden ser vistas como un sustituto de las demandas de Verdad y Justicia. Por otro lado, muchas veces la gestión de las ayudas puede provocar nuevos problemas y divisiones comunitarias si no se establecen claramente los criterios de reparación.29

Las ceremonias y la sepultura siguiendo las tradiciones religiosas y culturales tienen un valor importante para el proceso de duelo. La participación de la comunidad puede ser un indicador importante de la calidad del trabajo y el acompañamiento que las comunidades demandan. El trato de los restos a las pautas y creencias culturales, así como una información clara sobre el proceso, deberían de formar parte del carácter reparador de las exhumaciones.

Lo primero que queremos es que nos apoyen para darle su cristiana sepultura a esos hermanos que está en ese lugar, están metidos en ese lugar abandonado. Y lo segundo nuestra comunidad está olvidada totalmente por el Gobierno, no tenemos comunicaciones, caminos; no tenemos nada reconocido por el gobierno, nos tiene abandonados... Cuando se dé trámite queremos que vengan autoridades nacionales e internacionales para verificar los hechos, queremos la verdadera justicia. Caso 560, Cobán, Alta Verapaz, 1981.

Pero las demandas de investigación sobre el destino de sus familiares, exhumaciones, etc. también está ligada a las necesidades de reconstruir la vida por parte de los familiares. A pesar de la convicción de su muerte, muchos familiares se enfrentan a las trabas burocráticas que les obligan a realizar nuevos esfuerzos, pasar por nuevas humillaciones o enfrentar gastos provocados por la represión sufrida.

Sería bueno que le digamos a las leyes que les digan a los de la Municipalidad que se pierda, que se borre el nombre de los muertos, para que queden libres y ya no tengamos problemas. Queremos que se vaya con las leyes para que se pierdan los nombres, se recojan los muertos, que se recojan sus huesos de los muertos, eso es lo que pensamos. Caso 10514, Masacre Sawachil, Alta Verapaz, 1980.

El valor de la memoria como reparación va más allá de la reconstrucción de los hechos, constituye un juicio moral que descalifica éticamente a los perpetradores. Las conmemoraciones y ceremonias permiten darle al recuerdo un sentido y reconocimiento público. Además de reconstruir el pasado, el valor de la memoria colectiva tiene un carácter de movilización social, dado que ayuda a los sobrevivientes a salir del silencio y dignificar a sus familiares. Esas celebraciones y conmemoraciones no deberían ser sólo un recuerdo del dolor, también son una memoria de la solidaridad.

Muchos familiares reafirman el valor de la memoria colectiva transmitida a las nuevas generaciones como una forma de aprendizaje, y la importancia de difundirla mediante actos públicos, la publicación de los resultados, la edición de materiales pedagógicos y actividades comunitarias.

Ojalá que quede escrito todo esto para que estos niños pequeños de ahora lo sepan algún día y tratar de evitar que vuelva a ocurrir esto. Hace 15 años que desenterramos a todos nuestros muertos y hasta ahora no se ha tomado como un cementerio, pero nosotros sabemos que ahí están y así es como lo queremos. Caso 11418 (Asesinatos) Caserío El Limonar, Jacaltenango, Huehuetenango, 1982.