TOMO III
EL ENTORNO HISTÓRICO

CAPÍTULO PRIMERO
ANTECEDENTES

1. De Barrios a Ponce Vaides

Hasta la reforma liberal de 1871 el poder político y económico en Guatemala permaneció en manos de familias descendientes de los conquistadores o los administradores coloniales españoles. Al triunfar su movimiento, en un manifiesto del 8 de mayo de 1871, el general Miguel García Granados hizo el compromiso de reformar jurídicamente el Estado para impedir los excesos del poder personal y dar una base de legitimidad a la propiedad de la tierra en favor de los pujantes cafetaleros. Fue el general Justo Rufino Barrios quien impulsó las reformas liberales, pero asumiendo una dictadura personal.

Esas reformas mezclaban los avances tecnológicos y las nuevas concepciones militares -como la organización de un Ejército profesional- con la supresión de derechos comunales y eclesiales sobre la tierra y la instauración del trabajo forzado. Las más afectadas fueron las comunidades indígenas situadas en las áreas de expansión cafetalera, especialmente en la bocacosta de Quetzaltenango, San Marcos y Alta Verapaz.

Hasta entonces, la relativa independencia de los pueblos indígenas se había basado en la posesión de las tierras comunales. Al desconocer el censo enfitéutico, que los conservadores instauraron en el siglo XIX, dañando aunque no aboliendo el derecho de propiedad indígena, fueron adquiridas por los finqueros las tierras que les arrendaban las comunidades.

Además de la tierra, el liberalismo abordó el tema de la mano de obra forzosa. En 1877 se promulgó el Reglamento de Jornaleros y en 1878 la Ley contra la Vagancia, que obligaba a los indígenas a trabajar de 100 a 150 días al año en las fincas cafetaleras. Como consecuencia, la mano de obra era muy barata; los hombres ganaban un real por día y las mujeres medio real. Unos 100,000 indígenas bajaban cada año del altiplano a la bocacosta para trabajar en las cosechas. De esa época datan numerosos levantamientos indígenas contra jefes políticos, habilitadores y finqueros. Entre estas revueltas destacan la guerra de guerrillas de los indígenas de Momostenango, el intento de levantamiento de los quichés en 1877 y la rebelión de San Juan Ixcoy en 1898, sofocadas por las milicias ladinas que se apropiaron de sus tierras.

Al subir al poder en 1893 el presidente José María Reina Barrios suprimió el trabajo forzado establecido en 1877, pero obligó a contribuir en el Batallón de Zapadores trabajando en obras del Estado, a aquellos indígenas que no pagaran su liberación del servicio o demostraran tres meses de trabajo en una finca de café, azúcar, cacao o banano.

Militarización en el campo

Los gobiernos liberales se sirvieron de la experiencia colonial en la práctica de imponer a los campesinos la formación de milicias. Igual que en la Colonia, les preocupaba la existencia de grupos de población dispersos en regiones alejadas de la capital. Además, para asegurar la fuerza de trabajo se requería de un poder descentralizado coercitivo y eficaz.

Por ello, la representación de la autoridad política del gobierno central fue una de las principales tareas que se asignó a los finqueros, a quienes se les invistió no sólo de autoridad civil y policial, sino incluso de autoridad militar. Las milicias de reserva estaban formadas por reclutas de entre 15 y 50 años. En las fincas, los propietarios o sus representantes debían pasar lista todos los domingos. Los trabajadores estaban obligados a integrar escuadras subordinadas al patrón como si éste fuera su jefe militar.

La militarización de las plantaciones incluía la penalización con trabajos forzados para la creación de la infraestructura cafetalera. Un mes de trabajo en la temible Compañía de Zapadores significaba soportar malos tratos y muchas veces implicaba la muerte. Las mujeres y los niños debían hacerse cargo de los campos de cultivo en ausencia de los hombres movilizados en los trabajos. Muchos, desesperados por la prolongación de tantas penalidades, huían.

El ascenso de los nuevos grupos económicos no estuvo libre de fricciones. En 1898 se produjo un levantamiento para impedir la reelección de Reina Barrios, que fue promovido por los caficultores de occidente y acaudillado por los jefes políticos de San Marcos y El Quiché. Como represalia, al fracasar la conjura, fueron ejecutados públicamente por orden de Manuel Estrada Cabrera, ministro de Gobernación, los dos empresarios más destacados de Quetzaltenango, Juan Aparicio y Sinforoso Aguilar. Al ser asesinado Reina Barrios, Estrada Cabrera asumió la Presidencia (1898-1920) y transformó al Partido Liberal de una elite de profesionales y funcionarios, en una organización que descansó en los círculos liberales de las clases medias.

Durante el período de Estrada Cabrera se consolidaron los agroexportadores de café, entre ellos los Herrera, los Klee, los Alejos, los Falla y los Cofiño; los industriales, como los Castillo, los Novella y los Herrera; y los financieros, como los Aguirre, los Saravia, los Castillo y los Matheu Sinibaldi. En 1901 el gobierno firmó un convenio con la UFCO para la explotación de banano. La concesión se extendió en 1904 para la construcción del ferrocarril Puerto Barrios-El Rancho-ciudad de Guatemala, e incluyó 1,500 caballerías de tierra y la exención de impuestos de exportación por 35 años. Hacia 1920 los Estados Unidos cubrían el 70% de las importaciones guatemaltecas y controlaban el 80% de las exportaciones.

En ese período continuaron las rebeliones indígenas. En 1905 se produjo el levantamiento de Totonicapán. Al mismo tiempo, las asociaciones artesanales y obreras fueron creciendo. Ya para 1919 existían 36 nuevas asociaciones obreras y artesanales.

En 1920 se produjo una conspiración de finqueros y comerciantes desplazados del poder desde 1871. Manuel Cobos Batres emergió como líder de la protesta, junto con el obispo José Piñol y Batres. Un año antes se habían fundado la Liga Obrera, dirigida por Silverio Ortiz, y el Partido Unionista, que reclamaba un régimen parlamentario, la reforma del sistema monetario y la integración centroamericana. En el movimiento de protesta de 1920 surgieron milicias obreras y se creó una situación de insurrección que cobró 1,700 vidas. Estrada Cabrera fue derrocado y llegó al gobierno Carlos Herrera Luna (1920-21), azucarero y banquero. Herrera reconoció algunos avances en materia de cooperativismo y derechos individuales, pero restringió las protestas mediante el Reglamento de Manifestaciones. En esa época destacó por su beligerancia la Unión Ferrocarrilera de Guatemala.

En 1921 un triunvirato encabezado por el general José María Orellana (1921-26) derrocó a Herrera. Orellana emprendió la renegociación con la Empresa Eléctrica Bond & Share; también creó el quetzal como moneda, en paridad con el dólar, lo que representó una devaluación de hecho en beneficio de los cafetaleros. En 1924 la UFCO firmó un contrato de arrendamiento de todas las tierras incultas en la cuenca del río Motagua, en una extensión de 100 kilómetros. En 1926 se fundó el Banco Central de Guatemala, como único emisor del quetzal. El gobierno abrió el Departamento Nacional de Trabajo y promovió algunas leyes de protección laboral, aunque en 1922 reprimió un levantamiento de quichés.

En 1931 fue electo presidente Jorge Ubico Castañeda, jefe político de Verapaz y vinculado a familias muy influyentes como los Castañeda, los Urruela, los Herrera, los Dorión, los Klee y los Saravia. Ubico, al igual que Estrada Cabrera, ejerció un largo gobierno autocrático. A principios de los años 30 Guatemala sufrió los efectos de la depresión económica internacional. Aunque Ubico no podía continuar devaluando la moneda, se ganó el apoyo de los cafetaleros manteniendo el orden social en el campo mediante un programa de obras públicas forzadas. En 1934 el gobernante canceló las deudas por habilitaciones buscando favorecer así a los empresarios menos competitivos en su lucha por obtener mano de obra, y enfrentar las presiones producidas por el excesivo endeudamiento de los trabajadores y la grave crisis fiscal. Eso permitió a una minoría indígena dedicarse a la actividad comercial desplazándose por todo el país. Estos indígenas rompieron con el patrón cultural de los zahorinesy entraron a un movimiento de conversión religiosa que facilitó la penetración de la Iglesia católica y las iglesias protestantes en el altiplano a partir de las décadas de 1930 y 1940 (Falla, 1980).

Ubico sustituyó a los alcaldes ladinos por intendentes nombrados por él y mantuvo a los alcaldes auxiliares indígenas. Trasladó a la Dirección General de Policía el recién creado Departamento de Trabajo, que dependía del Ministerio de Economía, y se valió del Ejército para llevar a cabo su política. La fuerza armada coaccionó a los campesinos para construir caminos y tender los hilos del telégrafo por todo el territorio nacional. Además, el gobernante persiguió brutalmente a sus opositores. En 1934 descubrió una conspiración en su contra y diezmó a quienes la promovían. Él hizo famosa la ley fuga. Sin embargo, en junio de 1944, en medio de protestas populares, tuvo que entregar el poder a un triunvirato militar presidido por el general Federico Ponce Vaides, quien gobernó 108 días.

Los comisionados militares

El presidente Ubico creó, mediante acuerdo ministerial del 9 de julio de 1938, la figura de los comisionados militares como representantes locales del Ejército. Los comisionados llenaron vacíos que seguían dejando la falta de administración civil en el campo. Sus funciones eran ad honorem y se ejercían sin plazos, incluían los reclutamientos para el servicio militar, la captura de delincuentes, citaciones y llamamientos. El poder de negociar en las comunidades quienes debían prestar el servicio militar y quienes no, les dio desde el principio una gran influencia a los comisionados. Ese rol daría un giro dramático más adelante, con el inicio del conflicto armado, sobre todo en el oriente del país.

Por otro lado, los conflictos interétnicos se exacerbaron. Las disputas locales entre los indígenas y los ladinos de Patzicía, Chimaltenango, alentadas por las promesas de Ponce de otorgar tierras a los primeros, no tardaron en trasladarse al escenario político central, y desembocaron en una masacre de cakchiqueles tras su levantamiento contra los ladinos (quienes registraron entre 16 y 19 muertos). Las víctimas indígenas provocadas por la intervención del Ejército el 21 de octubre de 1944 sumaron más de 40, pero en los siguientes días se desató una cacería de indios en la que participaron grupos paramilitares ladinos de Zaragoza, que cobró entre 400 y 600 víctimas.

El 20 de octubre de 1944, enfrentado a una conspiración de líderes políticos y militares y un levantamiento popular en la capital, finalmente cayó el gobierno de Ponce Vaides como símbolo del ubiquismo y se clausuró otro ciclo en la historia de Guatemala.

2. La revolución de octubre

Durante el período de la Revolución de Octubre (1944-54) se produjo el ascenso de la clase media (militares, profesionales, comerciantes, artesanos) a la administración del Estado y las instituciones políticas. El nuevo régimen se basó en un sistema participativo para apoyar las reformas del Estado (derecho al voto, autonomía municipal); se generó una mayor burocracia estatal y el acceso de los intelectuales a las decisiones de poder. Fueron registrados 30 partidos políticos, entre ellos el Frente Unido de Partidos Arevalistas, que promovió la Constitución de 1945.

El presidente Juan José Arévalo (1945-51) defendió un modelo liberal de intervención estatal, una interpretación del New Deal del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, que él definió como socialismo espiritual para distinguirlo del socialismo materialista de los marxistas. Su programa económico favoreció a la pequeña industria y permitió la creación del pequeño propietario agrícola. También promovió el cultivo del algodón y la ganadería extensiva, que sólo podían desarrollarse de manera rentable en grandes extensiones de tierra y con el uso de un nuevo tipo de asalariado agrícola. Además, el sector comercial creció, alentado por los altos precios de los productos de exportación y la ampliación de la capacidad de compra interna.

Las organizaciones de empresarios y trabajadores crecieron en este período. En 1948 fue reconocida legalmente la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), bajo la dirección de Víctor Manuel Gutiérrez, que llegó a aglutinar a unos 90,000 miembros. A la vez, la Confederación Nacional Campesina de Guatemala (CNCG), encabezada por Leonardo Castillo Flores, se fue expandiendo hacia el interior del país. Para 1949 ya se había reconocido la personería jurídica de 92 sindicatos.

Pronto, sin embargo, el gobierno de Arévalo comenzó a sufrir las conspiraciones de grupos conservadores. El coronel Francisco Javier Arana, junto con Jacobo Árbenz, se perfilaban como los líderes para reemplazar a Arévalo en 1951. Pero Arana planificó acelerar el proceso. En julio de 1949, con el respaldo de algunos finqueros, le presentó a Arévalo un ultimátum demandando que rindiera el poder al Ejército y que cumpliera el resto de su período como fachada civil para un régimen militar. El presidente solicitó tiempo, y con Árbenz y algunos oficiales leales trataron de arrestar a Arana. Capturado solo, Arana se resistió y fue muerto en un tiroteo. Cuando las noticias llegaron a la capital, los aranistas se rebelaron, pero los sindicatos y unidades del Ejército leales al gobierno sofocaron el levantamiento. De todos modos, al final del período de gobierno, la tensión política fue creciendo.

El coronel Jacobo Árbenz ganó las elecciones de 1950 postulado por el Frente Popular Libertador (FPL), representante de las clases medias. Árbenz comenzó a estudiar el problema agrario. El Censo Agropecuario de 1950 mostraba que el 99.1% de las fincas eran minifundios que sólo ocupaban el 14% de las tierras, mientras el 0.1% ocupaba el 41% de la superficie censada; el 40% de las fincas eran propiedad de 23 familias, 54 fincas disponían del 19% de la tierra y cerca de 250,000 campesinos carecían de ella.

Árbenz, igual que Arévalo, intentó incorporar al sector empresarial a la solución de ese problema. En 1951 creó una comisión de tres empresarios para estudiar la situación de las fincas nacionales. En 1952 el Congreso aprobó el Decreto 900 o Ley de Reforma Agraria, que ordenaba la expropiación de fincas no cultivadas y su entrega a los campesinos a través de los Comités Agrarios Locales. Los finqueros expropiados recibían una paga en bonos del Estado a 25 años plazo, con una tasa de interés anual del 3%. Durante los 18 meses de vigencia de la Reforma Agraria fueron beneficiadas 100,000 familias campesinas; el valor de las expropiaciones alcanzó los US$8.5 millones. También afectaron 101 fincas nacionales.

Durante la aplicación de la Ley de Reforma Agraria se produjeron abusos por parte de los beneficiarios. Innecesariamente fueron invadidas 30 fincas que podían haberse obtenido sin demoras mediante procesos legales. En algunas regiones de oriente, la CNCG aplicó la Ley de Arrendamientos sólo en provecho de sus asociados. Pero también se desató una ola de violencia en el campo provocada por los finqueros.

La AGA encabezó la oposición a la reforma agraria, destacando en esa lucha los Aycinena Arrivillaga. La oposición política anticomunista, que estaba organizada desde el gobierno de Arévalo, comenzó a desarrollarse con más fuerza. El 19 de marzo de 1952 se produjo la rebelión de Salamá, en la que participaron Juan Córdoba Cerna y el Comité de Estudiantes Universitarios Anticomunistas, dirigido por Mario Sandoval Alarcón. Los propietarios, además, organizaron Comités de Defensa de la Tierra y Uniones Cívicas, los que emprendieron acciones de asesinatos contra líderes agrarios, a pesar de que la aplicación de la reforma agraria había beneficiado a los prósperos comerciantes de Retalhuleu, Escuintla y Coatepeque.

El Decreto 900 en San Martín Jilotepeque

En San Martín Jilotepeque fueron afectas las fincas La Merced, Canajal de Medina, Rosario Canajal y Los Magueyes; estas dos últimas eran las típicas fincas de mozos. Los campesinos, a cambio del derecho de cultivar en esas fincas, debían trabajar en otras de los mismos propietarios en la costa sur. Este sistema de fincas dormitorios se diseñó a inicios de siglo. Rosario Canajal fue comprada para servir como finca de mozos en 1911 por Carlos Herrera Luna. En los libros de Registro de la Propiedad Inmueble no aparecen inscripciones que se refieran a su afectación por el Decreto 900, y los archivos que contenían la información concerniente a la aplicación de la reforma agraria fueron destruidos, por tanto, la reconstrucción de esos hechos sólo puede basarse en las fuentes de la tradición oral.

Las fincas de mozos propiedad de los Herrera se extendieron en una franja que va de San Juan Sacatepéquez hasta Joyabaj, El Quiché, y a otros municipios aún más lejanos como San Juan Cotzal. La reversión de la reforma agraria convirtió a San Martín en un foco de alta conflictividad social durante las siguientes tres décadas. A pesar de los esfuerzos de inversión en infraestructura de servicios tras el terremoto de 1976, el problema central del control de la tierra y el reconocimiento del poder indígena quedaron sin resolverse, y sólo se comenzaron a abordar por lo menos hasta después del estallido del conflicto armado en esa región (1980 y 1981).

La participación del gobierno de los Estados Unidos resultó fundamental a partir del Decreto 900. La UFCO presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Reforma Agraria, y el gobierno al desconfiar de los magistrados destituyó a la Corte, creando un grave problema de institucionalidad para el propio régimen.

En 1953 Dwight Eisenhower fue electo presidente de los Estados Unidos; John Foster Dulles fue nombrado Secretario de Estado, y Joseph McCarthy llegó al Senado. Por otro lado, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ganó mucha influencia después de una operación exitosa que derrocó al régimen iraní. El elemento clave para la política hacia Guatemala fue el embajador estadounidense John Peurifoy, quien llegó al país en ese mismo año, y en su primera entrevista con el presidente Árbenz le exigió que expulsara del gobierno a todos los comunistas.

Los representantes del sector empresarial y de los grupos anticomunistas no tardaron en unirse a la cruzada contra el gobierno. La Cámara de Comercio e Industria participó en una campaña internacional contra el régimen. En octubre se inició la Operación Éxito de la CIA. El 24 de diciembre se firmó el Plan de Tegucigalpa que unificó al Movimiento de Liberación Nacional. En mayo de 1954, estando avanzado el plan de la conspiración, los Estados Unidos firmaron tratados de ayuda militar con Honduras y Nicaragua, países desde los que se preparaba la intervención militar contra Guatemala.

3. El protagonismo de la Iglesia

Con estos cambios en la vida política, la Iglesia entraba a una nueva etapa. Los embates de los gobiernos liberales habían mermado el tradicional poder eclesiástico. La escasez de personal religioso (en 1940 había 126 sacerdotes para tres millones de habitantes) obligaba a los laicos a encargarse de la sobrevivencia de la fe en sus comunidades.

El arzobispo Mariano Rossell y Arellano (1939-64) buscaba que la Iglesia recuperara el poder y prestigio en la sociedad, y que sus orientaciones influenciaran las políticas de gobierno y a los grupos de dirigentes. La restauración de las condiciones para evangelizar Guatemala suponía una inserción en la parte más alta de la pirámide social, a fin de cristianizar al resto de la sociedad.

En los años 50 el clima anticomunista era generalizado en la Iglesia. En la teología práctica de muchos jerarcas figuraba como otro dogma. Rossell veía la lucha contra el comunismo como una cruzada. El 4 de abril de 1954, el arzobispo publicó una Carta Pastoral llamando a la población a levantarse. En su Carta Pastoral sobre avances del comunismo en Guatemala, decía: Obedeciendo los mandatos de la Iglesia, que nos ordena combatir y desbaratar los esfuerzos del comunismo, debemos una vez más elevar nuestra voz de alerta... Estas palabras quieren orientar a los católicos en justa, nacional y digna cruzada contra el comunismo.

Un año antes Rossell había organizado la Peregrinación Nacional de la Imagen del Cristo de Esquipulas, en la que una réplica de la imagen, que en la religiosidad popular ocupa un lugar importante, fue paseada de pueblo en pueblo para encabezar la cruzada contra el comunismo, o sea, contra el gobierno de Árbenz. La presencia del Santo Cristo hizo más contra el comunismo que si cien misioneros, millones de libros y centenares de horas católicas radiadas hubieran dirigido la campaña anticomunista (Bendaña, 1996).

En compensación, la Constitución de 1956 reconoció a la Iglesia como persona jurídica con el derecho de poseer bienes. También permitió la enseñanza religiosa en el sistema educativo oficial y la creación de la universidad católica. Asimismo, se abrió el camino a la entrada de misioneros y congregaciones religiosas, ante lo que Rossell tenía reservas. Entre 1950 y 1959 el número de sacerdotes creció de 132 a 346, con mayor peso de los extranjeros.

Posteriormente Rossell retiró su apoyo irrestricto a los liberacionistas, especialmente después del asesinato de Castillo Armas (1957). En su mensaje fechado el 15 de octubre de 1954, que ya no recibió la misma publicidad de su carta anterior, proclamaba: El futuro presidente debe eliminar de su gobierno a todos los explotadores del proletariado, ora sean los causantes de la elevación desmedida del costo de vida, ora sean los directos depredadores de los salarios campesinos, ora los negadores de la asistencia social debida. Más comunistas que los líderes del Soviet, son los explotadores, porque éstos hacen comunistas de corazón, y aquellos hacen comunistas de ocasión... Más importante que invertir fondos en carreteras y obras públicas, es invertirlo en justicia social... lo primordial es tener un pueblo libre de comunismo, porque está libre de miseria y de injusticia...

4. El golpe del 54

La madrugada del 17 de junio de 1954 cuatro columnas compuestas por 300 hombres armados penetraron en el territorio guatemalteco por el lado de Esquipulas, desde distintos puntos de la frontera con Honduras. Su propósito era derrocar al presidente Jacobo Árbenz.

Si los liberacionistas lograron su objetivo fue porque el mando militar no quiso combatir; se sumó a la conspiración contra Árbenz y en sus filas cundió la desmoralización. Los rebeldes tomaron el 24 de junio la ciudad de Chiquimula y ahí proclamaron el Gobierno Provisional de Guatemala, con el teniente coronel Carlos Castillo Armas a la cabeza, en su calidad de Comandante en Jefe del Ejército de Liberación Nacional, que era el brazo armado de un movimiento más amplio. Tres días después Árbenz pronunció por la radio su discurso de renuncia de la Presidencia, y el 3 de julio asumió el control del gobierno una junta de cinco militares encabezada por Castillo Armas.

Con el nuevo gobierno regresó el jefe de la policía secreta de Ubico, José Bernabé Linares. Se creó el Comité Nacional de Defensa contra el Comunismo y se emitió la Ley Preventiva Penal contra el Comunismo. El Comité tuvo facultades para ordenar la detención de cualquier persona. En los primeros meses después de la caída de Árbenz fueron arrestadas 12,000 personas y se exiliaron unos 2,000 dirigentes sindicales y políticos (Carta de Guatemala, 1954).

El Comité quedó encargado de establecer un registro de todas las personas que en cualquier forma hubiesen participado en actividades comunistas. Figurar en dicho registro constituía grave presunción de peligrosidad de la persona. Los detenidos por orden del Comité no tenían derecho de exhibición personal y el efecto de estar nombrados en el registro les impedía desempeñar cargos o empleos públicos. El registro fue creciendo hasta incluir a todos los opositores y críticos del gobierno. Hacia el 21 de diciembre de 1954, el Comité había elaborado una lista de 72,000 personas.