CAPÍTULO SEGUNDO

EL CONFLICTO ARMADO EN LOS AÑOS 60

1. La sublevación del 13 de noviembre

En 1960 el Ejército experimentaba sentimientos contradictorios. Ciertos oficiales se habían involucrado en la corrupción a la que Ydígoras los atraía, al mismo tiempo que muchos militares de campo veían con desagrado e indignación el entrenamiento de la fuerza cubana anticastrista en la finca Helvetia (Retalhuleu), propiedad de Roberto Alejos. Además veían en los disturbios callejeros un indicador del deterioro y la impopularidad general del gobierno.

Las diferentes corrientes militares se venían organizando desde tiempo atrás. La más numerosa, que se hacía llamar la Compañía de Niños de Jesús, nucleaba a oficiales del Ejército que estaban interesados en discutir la situación política y económica del país. Otro grupo de oficiales del Cuartel General estaban dirigidos por el coronel Carlos Paz Tejada, quien se encontraba de baja y era ubicado políticamente más a la izquierda. El tercer grupo estaba formado por oficiales que, como cadetes, habían participado en los sucesos del 2 de agosto.

La sublevación del 13 de noviembre se organizó a nivel de cuarteles dispersos, lo que dificultó su coordinación inicial. La filiación de los insurrectos se hizo a través de la firma de una petición de destitución del ministro de la Defensa. Entre los gestores de la rebelión estaban el mayor Rafael Sesam Pereira, que había participado en la batalla de Gualán contra los liberacionistas en 1954 y el capitán Arturo Chur del Cid, recluido en el Cuartel General desde octubre, bajo sospecha de estar conspirando contra Ydígoras.

Los planes se alteraron el 12 de noviembre, cuando fueron dados de baja Herrera Martínez y el capitán César Augusto Silva Girón, el defensor de la plaza de Gualán en 1954, juzgado y encarcelado por los tribunales de guerra de la Liberación. Ese mismo día se decidió iniciar la sublevación con la toma del Cuartel General. De los 55 oficiales comprometidos para asistir esa mañana, únicamente se presentaron cinco, entre ellos el teniente coronel Augusto Loarca y los mayores Sesam Pereira y Chicas Lemus (Cox, 1995).

Infructuosamente los rebeldes buscaron al coronel Paz Tejada, quien permanecía clandestino, para que se hiciera cargo del mando. En medio de la confusión se dio la orden de que los alzados se trasladaran a Zacapa, en cuya base militar se harían fuertes, pues tendrían el apoyo de la base de Puerto Barrios. En torno a las 5:00 horas, el coronel Eduardo Llerena Müller tomó el cuartel de Puerto Barrios sin derramar sangre.

El llamado Manifiesto del 13 de Noviembre -aunque no fue preparado como tal- aludía al caos total tanto en lo político como en lo económico, y sostenía que sólo el Ejército puede cooperar efectivamente con el pueblo para desterrar a la reacción y a sus aliados, los militares que detentan el poder y se enriquecen a costa del pueblo... Se llamaba a instaurar un régimen de justicia social en que la riqueza sea de quienes trabajan y no de los explotadores, hambreadores del pueblo y de los gringos imperialistas.

El subteniente Luis Trejo Esquivel preparó el sometimiento del cuartel de Zacapa, pero la coordinación fracasó en Jutiapa y El Quiché. El jefe de Reservas Militares de Totonicapán había infiltrado a los conspiradores para luego denunciarlos a Ydígoras. Quetzaltenango, que era la pieza clave para el éxito de la operación, siguió leal al gobierno. Así, las bases de Puerto Barrios y Zacapa quedaron aisladas

Ydígoras alcanzó a neutralizar a la fuerza aérea, que parecía estar comprometida en el complot, mostrando a los pilotos cheques (falsos) girados por Fidel Castro a los oficiales del alzamiento, que sumaban US$1.0 millón. La fuerza aérea no se sumó a la rebelión, pero se negó a actuar contra los insurrectos. Entonces la embajada de los Estados Unidos ofreció la flota aérea estacionada en la costa sur, que sería la que atacaría a Cuba. Esta fuerza estaba compuesta por 76 aviones de distinto tipo, en su mayor parte bombarderos B-26 y C-46. Sólo esta flotilla superaba con mucho a las fuerzas aéreas de toda Centroamérica (Cox, 1995).

La tarde del 17 de noviembre las fuerzas operativas al mando del coronel Enrique Peralta Azurdia ocuparon sin resistencia la base de Puerto Barrios y pusieron fin a la intentona. En menos de una semana había quedado aplastada la sublevación. Muchos de sus integrantes, en su mayoría soldados, se entregaron a las tropas gobiernistas. Pero la mayoría se escondieron y varios más se dispersaron hacia Honduras, El Salvador y México.

Aunque casi la mitad de la oficialidad simpatizaba con la causa de los insurrectos, en los momentos decisivos mantuvieron su lealtad a las órdenes superiores. Esta vez, a diferencia de 1954, los oficiales cumplieron con el deber militar. Por otro lado, hizo falta una figura unificadora de tendencias tan heterogéneas entre los descontentos. A partir de entonces, la convicción revolucionaria dejó de ser una preocupación del Ejército y se convirtió en una bandera guerrillera (Cox, 1995).

Unos 70 oficiales, sargentos y soldados se exiliaron. De ellos, los de Honduras (que eran unos 45) continuaron conspirando e hicieron contactos con el PR, el MDN y la DC. Los políticos confabulaban por su lado y les pidieron a los ex-militares no actuar por su cuenta, pues esperaban pronto un golpe de Estado por otra fracción del Ejército.

Pero en las conversaciones con los partidos se fueron pasando los meses, sin que sucediera nada. Entre tanto, otros hechos sobrevinieron. El 29 de abril se produjo una refriega entre algunos de los trecistas y policías judiciales, que de hecho fue el primer choque armado en esta nueva etapa. El cerco policial y militar se fue estrechando y en julio, en un nuevo tiroteo con las fuerzas de seguridad, fue muerto el teniente Alejandro de León Aragón, uno de los líderes del grupo. En esos mismos días los rebeldes entablaron relación con el PGT.

2. Las incipientes guerrillas

Los trecistas

El movimiento de protestas populares ocurrido en marzo y abril 1962 se fue aplacando y no pudo conseguir su objetivo; pero el gobierno tampoco logró desarticular al movimiento opositor. El Ejército, cuya ala más conservadora había alcanzado la hegemonía y unidad interna, se convirtió en pilar del régimen. Esos eventos también tuvieron un impacto en los grupos clandestinos, el PGT y los trecistas, aunque la explosión popular y la crisis militar, esta vez, no coincidieron.

Los trecistas, encabezados por el teniente coronel Augusto Loarca, el teniente Marco Antonio Yon Sosa, los subtenientes Luis Augusto Turcios Lima y Luis Trejo Esquivel, entre otros, pasaron a la acción en plena efervescencia política. El 24 de enero de 1962, en una céntrica avenida de la capital, dieron muerte al jefe del Departamento de la Policía Judicial, Ranulfo González Ovalle (Siete Litros), a quien consideraban el principal responsable de la muerte del teniente Alejandro de León Aragón. Dos semanas después, el 6 de febrero, este grupo compuesto en su mayoría por jóvenes ex-oficiales, ex-sargentos y ex-soldados, fundó el Frente Insurreccional Alejandro de León Aragón-13 de Noviembre, y de inmediato se trasladaron al nororiente del país con el propósito de tomar la base militar de Zacapa.

Los rebeldes se dividieron en tres columnas guerrilleras comandadas por Yon Sosa, Trejo Esquivel y el ex-teniente Julio Bolaños San Juan. El plan inicial era que las tres columnas realizaran diversas acciones armadas y se reunieran cerca de Teculután, Zacapa. Solamente la columna de Yon Sosa llegó al lugar señalado, pues la persecución que desplegó el Ejército hizo que las columnas de Trejo y Bolaños se dispersaran.

La imposibilidad del ataque a la base militar de Zacapa, en donde esperaban que antiguos compañeros de armas se les unieran, aunada a la persecución del Ejército, obligó a los rebeldes a regresar a la ciudad de Guatemala para reorganizarse. En la capital tomaron la radiodifusora Radio Internacional y leyeron el documento Quiénes somos, qué queremos y porqué luchamos. Crearon el comando Marco Antonio Gutiérrez, al mando de Turcios, y realizaron acciones de sabotaje en medio de las protestas callejeras de marzo y abril.

El foco de Concuá

El 14 de marzo el gobierno divulgó un boletín de prensa en el que informaba que un día antes un grupo de facciosos había chocado con una patrulla militar en un punto entre Concuá y Granados, en Baja Verapaz. En ese enfrentamiento, según el boletín, murieron trece guerrilleros y fue capturado Rodrigo Asturias Amado, hijo del escritor Miguel Ángel Asturias.

El PGT, junto con el Partido de Unidad Revolucionaria Democrática (PURD), prepararon un grupo guerrillero al que denominaron Frente Guerrillero (o Destacamento) 20 de Octubre, bajo el mando del coronel Carlos Paz Tejada. Este grupo divulgó un manifiesto titulado ¡El único camino es la rebelión! ¡No más Ydígoras! y se internó en las montañas de Baja Verapaz. Este grupo, compuesto por 23 hombres, fue sorprendido y aniquilado por el Ejército. Sus fallas eran graves: desconocían el terreno, su entrenamiento militar era deficiente, descuidaron las medidas de seguridad, y carecían de apoyo social (PGT, 1962).

Las primeras FAR

En mayo de 1962 había un numeroso grupo de estudiantes universitarios y de posprimaria que estaban constituyendo una nueva organización denominada Movimiento Revolucionario 12 de Abril, que tomaba ese nombre de la fecha en que habían sido asesinados los tres estudiantes de Derecho.

El PGT, entretanto, manifestaba que se abrían en el país condiciones para el desarrollo de la lucha armada. En enero de 1962 el PGT había enviado a tres militantes suyos a Cuba a recibir entrenamiento militar. Por aparte había en Cuba una veintena de muchachos de la JPT, que recién habían llegado becados por el gobierno cubano para estudiar carreras universitarias. Pero al poco tiempo buscaron entrenamiento militar para convertirse en guerrilleros.

Entre ellos: Edgar Ibarra, Alejandro Sancho, Ricardo Miranda y Judith, quienes desde enero habían sido enviados a recibir entrenamiento militar; Monterroso, Ricardo Ibarra, Julio César Macías, Rodolfo Payeras, Tristán Gómez, Carlos López, Luis Rivas, Mario Lemus, Plinio Castillo y José María Ortiz Vides, eran los estudiantes que habían optado por el curso militar. De este grupo, varios habrían de tomar parte de la futura guerrilla y algunos llegarían a ser dirigentes guerrilleros, como Julio César Macías, José María Ortiz Vides y Mario Lemus.

En septiembre una delegación del MR-13 arribó a La Habana y habría visitado al ex-presidente Árbenz para proponerle que, una vez alcanzada cierta estabilidad, se pusiera al frente de la guerrilla.

Según Yon Sosa, el propósito de iniciar la guerra de guerrillas cobró fuerza hasta su regreso a Guatemala a principios de diciembre de 1962. Entonces comenzaron a trabajar formalmente en la instalación de tres focos guerrilleros que funcionarían en San Marcos, Zacapa y en las montañas de Izabal (Yon Sosa, 1968). Hasta diciembre, los contactos entre el MR-13 y el PGT no superaban las reservas y sospechas mutuas, por lo que los cubanos solicitaban a ambos sus apreciaciones respecto del otro.

A finales de diciembre, el PGT propició la reunión entre dirigentes del MR-13, el M-20 de Octubre (brazo armado de los comunistas) y el MR-12 de Abril, y fundaron las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). En esta reunión habrían estado presentes Marco Antonio Yon Sosa, Luis Trejo Esquivel y Luis Turcios Lima, por el MR-13; Mario Silva Jonama, Carlos René Valle y Joaquín Noval, por el Movimiento 20 de Octubre; por el MR-12 de Abril asistieron los estudiantes Horacio Flores, Roberto Lobo Dubón y, probablemente, Guillermo Paz Cárcamo. Yon Sosa fue nombrado Comandante en Jefe de las FAR.

Los tres frentes (o focos, en palabras de Yon Sosa) que se habían acordado en el plan operativo para iniciar la guerra de guerrillas, comenzaron a estructurarse. Cada frente tendría un comandante militar, que sería asesorado por un comisario político.

Pero el campamento en Izabal fue descubierto por el Ejército y sus responsables se vieron obligados a internarse más en las montañas y comenzar a operar militarmente desde principios de 1963. Fue así como, señala Yon Sosa, de forma apresurada se inició la lucha guerrillera en Guatemala a principios de 1963.

El segundo frente, al mando de Luis Trejo Esquivel, intentó establecerse en la montaña de La Granadilla, en Zacapa. El tercer frente, que debería estar al mando de Luis Augusto Turcios, tenía que ubicarse en la Sierra de las Minas, en Zacapa. El 29 de octubre de 1963 la columna de Turcios, adoptó el nombre de Guerrilla Edgar Ibarra (GEI), en honor al dirigente del grupo estudiantil FUEGO muerto en un refriega días antes, e inició desde el lago de Izabal el ascenso a la Sierra de las Minas, buscando el macizo montañoso hacia Zacapa. Poco antes, en la capital, la policía descubrió unas casas de apoyo a la futura guerrilla, donde había mapas, planos y listas de colaboradores.

El modus operandi de la primera edición de las FAR no cumplió con las pautas de despliegue y detonante que postulaba el foquismo guevarista. La combinación de ex-militares, estudiantes universitarios y algunos campesinos y obreros dio un carácter distinto a cada agrupación. Pero serían los acontecimientos políticos que estaban por ocurrir en el resto del país los que le dieron al fenómeno guerrillero un relieve inusitado.

3. El golpe del 63

En enero de 1963 el ministro de la Defensa, coronel Enrique Peralta Azurdia, vetó a Arévalo como candidato presidencial. Sin embargo, el 28 de marzo Arévalo se presentó sorpresivamente ante la prensa guatemalteca. El 31 de marzo el propio Peralta, con el apoyo de otros quince coroneles, quienes ocupaban los principales puestos de mando, derrocó a Ydígoras y asumió el control del gobierno en un incruento golpe de Estado. El primer manifiesto de los golpistas comenzaba diciendo que la República se halla al borde de un conflicto interno, como resultado de la subversión permanente que han propiciado sectores procomunistas; y que la infiltración comunista se ha venido acentuando en forma alarmante cada día más...

Por primera vez el Ejército como institución asumió el control del gobierno. Según The Miami Herald (24/12/66), la resolución de derribar a Ydígoras partió de una reunión que a finales de 1962 el presidente John Kennedy sostuvo con sus consejeros políticos y con el director de la CIA, Richard Hellman, además del propio embajador de los Estados Unidos en Guatemala, John O. Bell. En cambio, el coronel Peralta Azurdia en sus memorias afirma que el golpe militar se preparó cuidadosamente a lo largo de dos años, por iniciativa de un grupo de oficiales encabezados por él, y que la embajada de los Estados Unidos no tuvo conocimiento de la acción hasta que se realizó. Como fuere, Washington no objetó a Peralta Azurdia y las relaciones entre los dos países no sufrieron alteraciones.

La triple alianza de partidos opositores (PR-MLN-DC) respaldó el golpe en declaraciones de sus líderes, Mario Méndez Montenegro, Mario Sandoval Alarcón y Salvador Hernández Villalobos. El mismo apoyo manifestaron varias entidades empresariales, como la Cámara de Comercio, la Gremial de Exportadores de Café (ANACAFE) y la Asociación Nacional de Cañeros.

Los militares gobernaron mediante una Carta Fundamental de Gobierno y decretos ley entre 1963 y 1966, mientras estaban suspendidas las garantías constitucionales. En efecto, el gobierno militar derogó la Constitución de 1956, disolvió el Congreso, canceló la personería jurídica del partido de Ydígoras y de su aliado, el MDN, y emitió el Decreto 9, Defensa de las Instituciones Democráticas. El Decreto 1 estableció que todos los delitos contra la seguridad del Estado serían juzgados por tribunales militares. Se penalizó con dos años de prisión la distribución de literatura comunista, cinco años por la fabricación de explosivos, diez años por pertenecer al partido comunista y quince años por terrorismo. Cualquier persona involucrada en un acto de terrorismo que tuviera como saldo muertos o heridos, sería ejecutada. La aplicación de este decreto fue bastante arbitraria y se utilizó para perseguir a quienes organizaban a los trabajadores o formaban parte de los sindicatos.

Por otro lado, el nuevo jefe de Estado inició una política de saneamiento económico contra la corrupción del régimen de Ydígoras. Como discurso oficial, el gobierno se hizo portador del proyecto desarrollista que preconizaban las agencias internacionales y del modelo de industrialización plasmado en la idea del Mercado Común Centroamericano. El gobierno además puso en marcha una política interventora y reguladora de las actividades económicas.

En abril el nuevo gobierno emitió la Carta de Trabajo, con similares garantías a las que reconocía la Constitución de 1956. Peralta Azurdia se refirió a la fijación de salarios mínimos y la obligación patronal de pagar el aguinaldo, así como el establecimiento del impuesto sobre la renta, que afectó a menos del 1% de la población. Guatemala era el último país en América Latina en aplicar este impuesto, pero tanto la AGA como el CACIF se opusieron a estas medidas.

4. El gobierno de Méndez Montenegro

Las elecciones del 6 de marzo de 1966 fueron ganadas por el candidato del PR Julio César Méndez Montenegro. Pero al no obtener mayoría absoluta, el Congreso tuvo que elegir al presidente en lo que se dio en llamar desde entonces, hasta que fue derogada la Constitución de 1965, elecciones secundarias. De ahí provino un signo de debilidad del nuevo gobierno.

Sin embargo la candidatura de Méndez Montenegro, un destacado abogado y profesor universitario, y el slogan promovido por el PR, de que haría el tercer gobierno de la revolución, levantó expectativas entre la población. En el seno de las FAR, que había adoptado un cese al fuego unilateral, esperando la realización de reformas profundas de corte democrático, se abrió el dilema de la vigencia de la lucha armada.

De hecho en ese entonces se discutió por primera vez la viabilidad de una solución negociada al conflicto. Pero las redadas lanzadas por el Ejército desde cuatro días antes de las elecciones en contra de dirigentes de las organizaciones guerrilleras, anunciaban que Peralta Azurdia y los comandantes de las zonas militares habían decidido aplicar una salida militar al conflicto armado, lo que traería consecuencias trágicas para la sociedad en los siguientes años.

El caso de los 28

Las capturas, torturas y posteriores asesinatos de dirigentes y miembros del PGT, las FAR y el MR-13 de Noviembre, ocurridas los días 3, 4 y 5 de marzo de 1966, fueron el inicio de una escalada de violencia que marcaría la segunda mitad de los años 60. Aunque estas desapariciones forzadas entraron en la historia como el caso de los 28 (pues fue el número que manejó la guerrilla), en realidad no fueron menos de 32 las personas detenidas y ejecutadas extrajudicialmente; algunas nunca constaron en los listados de denuncias.

Ningún recurso de exhibición personal dio resultado. Entre el 3 y 4 de mayo un comando de las FAR secuestró al Vicepresidente del Congreso, al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y al Secretario de Información del gobierno, poniendo un ultimátum para la exhibición de los desaparecidos (no su liberación), señalando a la vez los lugares en los que supuestamente los mantenían: cárcel de la Guardia de Hacienda, cárcel de la Policía Nacional, algunos cuarteles militares y una prisión de la Policía Judicial.

Hasta antes de esta redada sólo las bases campesinas de la guerrilla en oriente habían sufrido una política de terror sistemático. En adelante, la dirigencia izquierdista padecería esta misma persecución. Por el contexto en que ocurría, el mensaje del Ejército era claro para los partidos políticos: la lucha contra la guerrilla es a muerte. Unas semanas atrás, el PGT y las FAR habían decidido apoyar a Méndez Montenegro. Después de las elecciones los contactos entre el presidente y las FAR continuaron, pero sin resultados. Para el PR el dilema era: negociar con las FAR o soportar la presión del Ejército y del Partido Institucional Democrático (PID). El mensaje para los recién electos gobernantes fue que si se inclinaban por la negociación no se les entregaría el poder.

A mediados de julio dos ex agentes aseguraron que los 28 habían sido asesinados hace mucho, unos por órdenes del coronel Rafael Arriaga Bosque (nombrado ministro de la Defensa por Méndez Montenegro). Torturados, posteriormente asesinados, los detenidos fueron llevados al aeropuerto de la capital en bolsas plásticas, de lo que se deduce que fueron tirados al océano Pacífico. El hecho causó gran indignación en la sociedad.

Familiares de los 28 presentaron una acusación en contra de los ex-jefes de la Policía Judicial Alberto Barrios y José María Moreira, del ex-director de la Policía Nacional, Luis González Salaverría, del ex-director y ex-tercer jefe de la Guardia de Hacienda, el coronel Luis Coronado Urrutia y el capitán Justo Rodríguez. El gobierno, el Congreso, la Corte Suprema y el Ejército se comprometieron a investigar el crimen múltiple, pero éste quedó en la impunidad.

Con fecha 28 de abril la Asamblea Constituyente, que estaba a punto de disolverse, decretó una extraña amnistía para todos los miembros del Ejército y de las policías del Estado... que, a partir del 3 de julio de 1954 hubieren realizado para reprimir o prevenir actividades subversivas de cualquier orden, actividades tendientes a atacar, vulnerar o destruir el sistema de gobierno en que se ha basado la vida institucional de la nación, y actividades conexas con las expresadas. El gobierno admitía haber realizado una labor represiva para defender el modelo de Estado creado en 1954.

El pacto con el Ejército

El 4 de mayo de 1966 Méndez Montenegro firmó un pacto con el Ejército, que no sólo resolvió el dilema del PR frente a la negociación con las FAR, sino que le dio autonomía a las fuerzas armadas para ejecutar un plan militar contra la guerrilla. Cuando el Congreso decidió la elección del nuevo gobernante, el pacto ya estaba firmado.

Por medio del pacto el Ejército de Guatemala garantiza la entrega del Poder Público a los licenciados Julio César Méndez Montenegro y Clemente Marroquín Rojas... y garantiza igualmente la permanencia de dichas personas en el ejercicio de sus cargos durante el período constitucional. Las garantías a que se refiere esta cláusula quedan sujetas a que se observen las condiciones que se consignan en este documento.

Las condiciones eran: 1. El cumplimiento estricto de los artículos 27, 49 (párrafo segundo) y 64 de la Constitución, que señalan que toda acción comunista y contra la actual democracia es punible. 2. La garantía de todos los bienes de los funcionarios civiles y militares del gobierno de Peralta Azurdia (la amnistía había excluido la protección de los bienes conseguidos irregularmente por acciones de vendetta política o contrainsurgentes). 3. La garantía de plena autonomía del Ejército. (Por ejemplo, la decisión de nombrar al ministro de la Defensa o al jefe del Estado Mayor del Ejército se hizo en base a propuestas del propio alto mando militar.)

Varios años después Méndez Montenegro aseguró su único compromiso fue aceptar que el nombramiento del mando del Ejército se hiciera en base a una lista elaborada por los militares (Vinegrad, 1988). Sin embargo, Clemente Marroquín escribía en La Hora pocas semanas después de la firma de los compromisos, cuando aún eran secretos: Hacemos la advertencia de que difícilmente el gobierno militar hará entrega del poder al PR y que posiblemente exigirá muchas condiciones, entre otras, no tocar al Ejército en su organización y desenvolvimiento. Esto es, que habrá un Estado militar dentro de un Estado civil (La Hora 15/4/66).

La firma del pacto marcó un hito en las relaciones civiles-militares. No era la primera vez que los militares aseguraban su autonomía antes de aceptar a un gobierno civil, ni sería la última. Pero el hecho de que el presidente civil firmara un pacto clandestino con el mando militar alentó la creación de un formidable poder oculto que daría su sello a los métodos de la política de seguridad nacional. Este fue el punto de partida del surgimiento de unas estructuras estatales clandestinas de terror político que acabarían volviendo ineficiente el sistema de justicia y la propia capacidad de arbitraje de los conflictos por parte del Estado.

La readecuación del Ejército

Mientras los métodos de represión aplicados durante el gobierno militar seguían siendo los tradicionales, notorios cambios en la estructura del Ejército se fueron ejecutando durante este nuevo período con la injerencia de los Estados Unidos. El número de efectivos militares se duplicó; se formaron unidades especiales de contrainsurgencia dentro del esquema regular; se creó la Policía Militar Ambulante especialmente para las áreas rurales; la Policía Nacional y el Ejército se integraron bajo una estructura militar de comando. Se organizó una red de comunicación moderna que se extendió a toda Centroaméricay se estableció la agencia presidencial de seguridad (Oficina Gubernamental de Telecomunicaciones) para coordinar los recursos del órgano de inteligencia militar y policial.

Después de 1963 la asistencia militar de los Estados Unidos sirvió principalmente para fortalecer las unidades especializadas en contrainsurgencia, que estaban concebidas como fuerzas auxiliares permanentes del ejército regular. La asistencia se canalizó a través del Programa de Asistencia Militar (MAP), cuya importancia creció después del levantamiento militar de 1960. Bajo el MAP se ejecutaron los planes de entrenamiento en contra de operaciones guerrilleras, tácticas de unidades pequeñas y control de rebeliones; se reemplazó el armamento y se mejoraron las comunicaciones y el transporte del Ejército guatemalteco. El entrenamiento se proporcionó a través de asesores, equipos ambulantes y en las escuelas en Panamá y los Estados Unidos.

El esfuerzo se concentró en cuatro brigadas: Mariscal Zavala y Guardia de Honor en la ciudad de Guatemala, Brigada general Manuel Lisandro Barillas en Quetzaltenango, y la Brigada Capitán General Rafael Carrera en Zacapa, donde estaba la plaza fuerte de la guerrilla.

Al final del período los principales cambios ocurridos en el Ejército eran en organización, y no tanto en equipo o entrenamiento. Al ejército regular se le sumaron 8,000 elementos, más 1,000 miembros de la PMA y 9,000 comisionados militares. La fuerza armada alcanzó la capacidad para estructurar un aparato de inteligencia y de control rural, dos elementos clave para desarrollar la guerra contrainsurgente.

El Ejército no quería competencia y boicoteó los planes para fortalecer la Policía Nacional y su aparato de inteligencia, hasta que la asistencia estadounidense para los órganos civiles de seguridad comenzó a disminuir en importancia y éstos quedaron bajo control militar. El aparato de inteligencia presidencial mantuvo sus comunicaciones con la base estadounidense asentada en Panamá y con sus similares de Centroamérica. El Ejército intentó sacarlo de la Casa Presidencial para evitar que los gobernantes lo usaran para sus intereses políticos particulares, pero La Regional, ya bajo el dominio de los presidentes militares en los años 70, se mantuvo como brazo estratégico del Ejecutivo y llevó a cabo una campaña de terror político en coordinación con los otros aparatos de inteligencia militar.

Los paramilitares

La organización y actividades de fuerzas paramilitares marcaron la política de contrainsurgencia en los años 60. El factor decisivo de la derrota de la guerrilla fue el apoyo de los comisionados militares en las operaciones militares regulares. Los comisionados, definidos por el ministro de la Defensa del gobierno civil, Rafael Arriaga Bosque, como los ojos y oídos del Ejército, recibieron entrenamiento y armas, y se les encargó la seguridad local con el propósito de destruir la infraestructura guerrillera; además cumplieron un papel en la adquisición de inteligencia (informaban sobre la presencia insurgente, de organizadores políticos y extranjeros). Trabajaron también junto al Ejército en operaciones militares. De ser 300 en todo el país, los comisionados se multiplicaron por 30, aunque la densidad fue mayor en las áreas conflictivas del oriente. Ahora estaban, como una inmensa red de control poblacional, en todas las ciudades, pueblos, aldeas, caseríos y fincas.

El espacio de poder local para los comisionados se amplió. Con el decreto 283 del 27 de octubre de 1964 consiguieron el derecho de portar armas sin licencia, y a la vez se les dio ese derecho a los finqueros y sus administradores, equiparándolos a la categoría de agentes de y recibieron un sueldo. En 1965 se nombraron 9,000 comisionados (incluyendo finqueros, industriales, guardaespaldas y universitarios) en todo el país, aunque sólo en Jutiapa fueron activados 971 comisionados, es decir, uno por cada 50 hombres adultos en ese departamento. Los carnet que los comisionados recibieron les daba un poder ilimitado para detener e interrogar a sospechosos Y no tardaron en cometer abusos contra la población.

Además del sistema de comisionados, el Ejército extendió su capacidad operativa a través de grupos clandestinos que se denominaron escuadrones de la muerte y que actuaron tanto en la ciudad como en las zonas rurales. Mario Sandoval Alarcón, líder del MLN, afirma que esos grupos estaban apoyados desde el Cuartel General del Ejército, bajo el mando del coronel Rafael Arreaga Bosque, pero que había otros altos mandos comprometidos, como el coronel Manuel Sosa Ávila y el comandante de la base militar de Zacapa, coronel Carlos Arana Osorio. Los escuadrones eran militares que se hacían pasar por civiles, aunque hubo organizaciones que también actuaron en forma paralela al Ejército apoyados por el MLN, confirma el influyente liberacionista. Entre las primeras estaba la Mano Blanca, dirigida desde el Cuartel General, y entre las segundas la Nueva Organización Anticomunista (NOA), que recibía lineamientos del MLN a través de su líder Raúl Lorenzana, mientras otros sectores civiles (finqueros conservadores) organizaron los recursos para el financiamiento y logística del grupo. Además, cada cuerpo policial formó su propio escuadrón de la muerte.

Las actividades de los escuadrones ampliaron el margen político de acción del Ejército frente a la guerrilla, pues a la vez que le propiciaban golpes clandestinamente a las organizaciones insurgentes y su dirigencia, nutrían su capacidad de inteligencia y gozaban de mayor libertad y legimitidad para avanzar sus posiciones estratégicas. El ministro de Gobernación, Héctor Mansilla Pinto, insistió que la violencia que se vivía en esos años era producto de luchas intestinas entre las extremas.

La política del terror ya no dejó espacios para los recursos legales. La exhibición personal, muchas veces la medida para salvar la vida de los detenidos o secuestrados, dejó de funcionar. El sistema penal, o sea el derecho estatal de sancionar, quedó postrado ante un sistema penal subterráneo cuyo fundamento fue la impunidad garantizada desde los poderes públicos. Una escalada irrefrenable de terror había empezado en Guatemala.

Es difícil determinar el número de víctimas. Studentische Zeitung habló de 20,000 muertos hasta 1973; otras fuentes estiman que 8,000 personas murieron entre 1966 y 1968 (Jonas, 1991). El Comité de Defensa de los Derechos Humanos, en un informe presentado en 1968 a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, detalló los nombres y circunstancias de la muerte de 719 personas y el secuestro de otras 252, violaciones que ocurrieron entre julio de 1966 y octubre de 1968 como resultado de las acciones de los escuadrones.

La escalada de violencia

Entre el 1 de julio y octubre de 1966, o sea en los primeros cien días del gobierno de Méndez Montenegro el clima político se mantuvo en un impasse. Parecía que el gobierno civil se abría hacia una posición más tolerante. Las FAR, entre tanto, no atacaron cuarteles ni tropas militares, sólo llevó a cabo acciones de propaganda armada a través de la ocupación de comunidades. La guerrilla parecía relajarse.

Pero las presiones no tardaron en llegar. En julio se había decretado una amnistía para favorecer a los guerrilleros, con vigencia desde 1960. El presidente hizo llamados a los insurgentes para que se incorporaran a la vida civil, o de lo contrario serían aplastados. El PR apoyó esa línea.La guerrilla declaró a través de sus máximos dirigentes, Bernardo Alvarado Monzón (PGT) y Luis Turcios Lima (FAR) un cese al fuego unilateral, que lo mantendrían si el gobierno civil desplazaba a los liberacionistas de posiciones de poder y controlaba al Ejército. El coronel Arriaga Bosque dijo que el Ejército se mantenía vigilante y era respetuoso de la Constitución. En apariencia nada se movía, pero el 2 de octubre Turcios Lima murió en un misterioso accidente de tránsito y al día siguiente el Ejército lanzó la ofensiva en oriente.

Una estructura guerrillera que comprendía a unos 300 combatientes y cerca de 5,000 bases de apoyo quedó desarticulada entre octubre de 1966 y agosto de 1967 (Figueroa, 1996). En marzo de 1967 el poeta Otto René Castillo y Nora Paiz fueron capturados exhaustos tras una larga caminata, torturados y asesinados. En las afuera de Río Hondo, Zacapa, cien hombres fueron asesinados, donde aún permanece un cementerio clandestino.

El ocaso de la guerrilla

La muerte de Turcios fue decisiva para las FAR. El 10 de octubre se anunció la decisión de la Comisión Política del PGT de nombrar a César Montes como comandante de las FAR, y éste tuvo salir de la montaña a la ciudad, dejando a Camilo Sánchez encargado del FGEI. Sánchez y Pablo Monsanto decidieron la toma de San Agustín Acasaguastlán, que fue muy publicitado por la prensa. Pero ya la ofensiva del Ejército había dado inicio el 3 de octubre, al día siguiente de la desaparición de Turcios.

Después de la toma del poblado los guerrilleros perdieron contacto, se quedaron divididos en pequeñas patrullas y se dispersaron. El primer grupo que cayó en la ofensiva del Ejército estaba comandado por La Chancha. Simbólicamente el Ejército recuperó la Browning 30 que la guerrilla había capturado en el operativo de Sunzapote. Las operaciones militares se incrementaron en Zacapa, Chiquimula y Puerto Barrios. Entre octubre de 1966 y mayo de 1967 el FGEI fue aniquilado. En marzo fue asesinado un carismático líder estudiantil y miembro de las FAR, Mario Botzoc, y en abril el jefe de la resistencia urbana, Arnaldo Vásquez Rivera.

Camilo Sánchez le encargó a Carlos López que llevara a quince guerrilleros a la Sierra de Las Minas, pero éstos no lograron contactarlos. Entonces se desmovilizaron, pero en la retirada la mayoría fueron capturados. Al conocer la decisión, Montes pidió cuentas a Sánchez. Una división de hecho venía ocurriendo en la guerrilla.

En Cuba permanecía un grupo de unos 100 guerrilleros (aunque el núcleo principal era de unos 40) recibiendo entrenamiento militar. Este grupo intentó, sin éxito, retener a Turcios. Un plan de alcance continental se fraguaba en Cuba en el que Ricardo Ramírez, el hombre de confianza de Fidel Castro, estaba inserto. El plan consistía en crear tres focos de conflicto en América Latina (Bolivia, Venezuela y Guatemala) para generar una crisis militar semejante a la de Vietnam.

Pero muy pronto el plan de incendio de las Américas comenzó a naufragar. En octubre el Ché Guevara moría en la selva boliviana; el desembarco de la guerrilla venezolana fue detectado y el patrullaje constante de la marina estadounidense sobre el Caribe contuvo los planes de movilización del grupo de insurgentes guatemaltecos que permanecía en Cuba. Pero ya para ese momento para los cubanos era claro que las FAR se habían derrumbado.

La ofensiva del Ejército siguió a la guerrilla en la capital, donde se emplearon profusamente los escuadrones de la muerte. El PGT se reagrupó y decidió no ir al enfrentamiento. Sin embargo, en enero de 1968 Rogelia Cruz fue capturada, y su cuerpo violado y torturado apareció en la costa sur. Leonardo Castillo Johnson, su compañero, destacado jefe militar del PGT, reaccionó enfurecido y desató una ola de acciones militares en la capital que tuvieron como secuela, en pocas horas, la muerte de un grupo de asesores militares estadounidenses; el atentado contra el liberacionista Manuel Villacorta Vielman; la muerte de Alfonso Alejos y un ataque con granadas contra el Cuartel General. Esta cadena de acciones concluyó con la muerte de Castillo Johnson en la calle Martí, cuando intentaba escapar de una feroz persecución policiaca. A finales de ese mes fue capturado otro miembro del Comité Central del PGT, el dirigente magisterial Rafael Tishler. Luego aparecieron seis cadáveres en una supuesta casa de seguridad.

Camilo Sánchez, reducido a la capital, mantuvo una actividad militar constante. Pero una madrugada de agosto de 1968, en la zona 11, fue capturado. En un intento por rescatarlo, un comando guerrillero quiso secuestrar al embajador de los Estados Unidos, Gordon Mein, pero en el operativo mataron al diplomático. Las FAR siguieron con el plan de Camilo de concentrarse en Petén y en enero de 1969 lanzaron la consigna todo para el frente. Durante febrero, marzo y abril, 24 escogidos guerrilleros de las FAR buscaron la constitución de su zona de operaciones, pero subestimaron el terreno y se perdieron.

En la capital nuevas promociones de guerrilleros, salidos de los centros educativos de secundaria (Aqueche, Normal y Central), mantenían las estructuras de las FAR. En 1970 se levantó de nuevo el dilema electoral para la guerrilla. El PGT llamó a votar nulo o no votar. Las FAR en cambio decidieron convocar el voto popular en favor del general Carlos Arana Osorio, el comandante militar que le había provocado la derrota a la guerrilla en el oriente, para exacerbar las contradicciones en la sociedad y acelerar el paso de la lucha armada.

En febrero de 1970 Monsanto y Percy Jacobs secuestraron al canciller Alberto Fuentes Mohr y lograron la liberación de su compañero Vicente Girón Calvillo, capturado por las fuerzas de seguridad. A los quince días, las FAR secuestraron a Holly, asesor laboral de la embajada de los Estados Unidos, y pidieron la liberación de otros dos militantes. Dos semanas después fue secuestrado el embajador alemán Karl Von Spretti y la guerrilla buscó canjearlo por otros quince detenidos. Pero esta vez el gobierno endureció su postura. Afirmó que los detenidos no estaban en su poder, en tanto las fuerzas de seguridad desplegaron un plan de seguridad para el cuerpo diplomático y así impidieron que la guerrilla consumara su próximo paso: el secuestro del embajador de Israel. En abril las FAR negociaron con el gobierno de Alemania un rescate para la liberación del diplomático, pero antes de la entrega de los US$700,000 acordados, Von Spretti apareció sorpresivamente asesinado.

No tardó en desatarse fuertes contradicciones en el seno de las FAR. Entre julio y agosto ocurrió una fractura importante. Percy Jacobs (responsable del secuestro de Gordon Mein), Sustos y Arévalo Bocaletti rompieron con Pablo Monsanto, a quien responsabilizaron por el fracaso de la implantación guerrillera en Petén. Monsanto aseguró que el fondo de la riña era el control del dinero. Los disidentes salieron hacia El Salvador y después se asentaron en México. Ahí trataron de establecerse pero fueron detectados por los cuerpos de seguridad. Los tres ex-guerrilleros aparecieron ejecutados en San Marcos. Landa Castañeda, ex-miembro de las FAR implicado en el asesinato de Von Spretti, fue también asesinado en El Salvador.

El 1 de julio de 1970 Arana asumió la presidencia y en enero de 1971 desató una fuerte ola de terror. Decretó un estado de sitio, cerró las vías de acceso de la ciudad y llevó a cabo un cateo casa por casa. En esos días fue asesinado el dirigente político Adolfo Mijangos López, y Alfonso Bauer Paiz sufrió un atentado. El PGT, que estaba reconstruyendo su JPT, sufrió duros golpes. El Ejército desató una cacería contra el cerebro de los comunistas que supuestamente había elaborado un plan militar. Quince militantes fueron capturados hasta que las fuerzas de seguridad llegaron a su objetivo: Marco Antonio Leoni, un joven militante, responsable militar del PGT, quien fue capturado en la 18 calle de la zona 1.

Las FAR pasaron a la defensiva en la ciudad, aunque todavía realizaban algunas acciones punitivas, como el asesinato del periodista Isidoro Zarco, de Prensa Libre. El grupo de Cuba rompió sus contactos con ellos desde 1969 y decidió formar otra organización. El MR-13 agonizaba tras la sangría de cuadros sufrida en los últimos años. En esas condiciones Yon Sosa intentó levantar sus estructuras. Junto con El Indio Hernández y el Coche Vides realizaron un par de acciones militares de poca trascendencia en la ciudad. Posteriormente intentó contactar al grupo de Cuba que estaba llegando a Chiapas, pero fue capturado junto con Socorro Sical por el Ejército mexicano. A pesar de que Yon Sosa se identificó con su rango militar y entregó su arma y dinero, a quien con el tiempo llegaría a ser el general Casillas, la vida no le fue perdonada. Con la muerte de Yon Sosa terminó el MR-13. Hacia 1973 ya han sido asesinados sus últimos dirigentes, Luis Molina Loza (1971) y Thelma Gracioso (1973).

A pesar de el clima de persecución política el movimiento popular se reactivó en medio del estado de sitio. Eso animó al PGT a realizar un reajuste táctico, un viraje que trataba de poner más atención a los grupos sociales y relegaba los planes militares. Pero el 28 de septiembre de 1972 la policía capturó en una casa de reuniones a seis miembros de la dirección histórica de ese partido: Bernardo Alvarado Monzón, Carlos Alvarado Jerez, Mario Silva Jonama, Carlos René Valle y Valle, Carlos Hernández y Hugo Barrios Klee. Con ellos también fue detenida Fantina Hernández, encargada de la vivienda. De ese golpe el PGT ya no se recuperaría. En diciembre de 1974 fue asesinado el nuevo secretario, Huberto Alvarado. Así se cerró el ciclo de la guerra de los años 60.

5. La Iglesia Católica

En los años 60 la Iglesia católica estaba absorbida por su propio crecimiento. Pero a la vez aparecían señales de un cambio que tendría un profundo impacto en esta década. En 1959 el Papa Juan XXIII había anunciado un concilio ecuménico, que se celebró en cuatro sesiones entre 1962 y 1965, que fue concluido por el Papa Pablo VI. El Concilio Vaticano II fue pastoral, es decir, se preocupó más por los contenidos y métodos del mensaje evangélico en el mundo contemporáneo. Fue novedosa la vuelta y recuperación de la sagrada Escritura, como fuente de la reflexión teológica; y la definición de la Iglesia como pueblo de Dios. La Iglesia se reconciliaba con el mundo de la modernidad europeo.

Cuando la Iglesia latinoamericana, en Medellín (1968) hizo su lectura del Concilio acudió sistemáticamente a las ciencias sociales para disponer de una explicación racional de las causas estructurales de la pobreza y subrayó el acompañamiento con los pobres, la renovación del sentido comunitario de las iglesias locales, la implementación de una pastoral de conjunto y el impulso de la lucha por la justicia y la paz. Ahora bien en Guatemala,

los planteamientos teóricos de la Teología de la Liberación eran desconocidos para muchos de los agentes de pastoral, formados en contextos eclesiales anticomunistas y teológicos pre-conciliares, y ya después con grandes dificultades para emprender de forma sistemática nuevos estudios teológicos a causa de la sobrecarga de sus trabajos pastorales. Será la realidad, la experiencia y práctica de la fe de los pobres la fuente en la que beben su espiritualidad y compromiso los agentes de pastoral... (Aunque) los documentos de Medellín son la referencia de estos agentes y la fuente inspiradora de su actuación. (REMHI, Presencia y Acción de la Iglesia en el Conflicto Armado, Versión 1.1, 1997. Mimeo.)

Dos temas preocupaban especialmente a los obispos en esos años, según se desprende de sus cartas conjuntas: el régimen de propiedad de la tierra y la violencia política, que se tornó más aguda durante el régimen de Méndez Montenegro. El primer pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), que había sido creada en 1964, sobre la violencia, fue un mensaje del 9 de mayo de 1967 en el que aún no hubo alusión de responsabilidades:

Continuó la afluencia de clero extranjero iniciada en la década anterior y la descentralización de la Iglesia con la creación de varias diócesis. El número de sacerdotes creció de 346 en 1959 a 608 en 1970. Los Padres Maryknoll fueron a trabajar a Huehuetenango; los Misioneros del Sagrado Corazón se centraron en El Quiché; los Misioneros del Inmaculado Corazón de María en Escuintla; los Dominicos se ubicaron en Las Verapaces; los Franciscanos, los Carmelitas, los Capuchinos, los Jesuitas y el Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME) cubrieron otras áreas y actividades en el país. Diferentes comunidades religiosas femeninas iniciaron también diversas actividades misioneras en muchas parroquias. Ya en junio de 1961 se había fundado la Conferencia de Religiosos de Guatemala (CONFREGUA) que tuvo un apreciable impacto en el desarrollo de la Iglesia en las siguientes tres décadas.

En el clero se manifestaron tres corrientes: la sacramentalista, la que se centró en los movimientos y la desarrollista. La sacramentalista entendía la práctica pastoral privilegiando la administración de sacramentos; la centrada en los movimientos se basaba en las actividades de apostolado seglar, especialmente los Cursillos de Cristiandad y el Movimiento Familiar Cristiano. La corriente desarrollista buscaba salidas a las necesidades inmediatas de la gente a través del cooperativismo, las ligas campesinas, los comités pro-mejoramiento, la construcción de escuelas e infraestructura básica. A veces daban ayuda asistencial temporal a través de Cáritas y Catholic Relief Services.

En muchos pueblos y aldeas los miembros de la Acción Católica Rural fueron quienes respondieron a la oferta de la pastoral desarrollista. Eran campesinos que con frecuencia alcanzaron un nivel económico y social ligeramente superior al de la mayoría de la población, y practicaron la revolución verde, a través de la utilización del abono químico, o bien eran comerciantes que se dirigían a los campesinos con mayor fuerza adquisitiva. La Democracia Cristiana (DC), partido creado por católicos cercanos a Rossell en 1956, llevó la bandera desarrollista influyendo sobre cooperativas, ligas campesinas y Acción Católica, y las politizó. Por oposición, las cofradías optaron por el MLN y el PID. Pero ya en esos años los Padres Melville, sacerdotes de la Sociedad de los Maryknoll, que habían llegado al país en 1957, y trabajaban en la formación de grupos de jóvenes, decidieron apoyar la lucha armada.

Desde 1965 los jesuitas y los Maryknoll organizaron cursillos de capacitación social en las áreas rurales, en los que participaban estudiantes avanzados, junto con sacerdotes y religiosas. A raíz de esos cursillo es que nace el Cráter.

Estos son los tiempos de la Alianza para el Progreso, que impulsaba el gobierno de los Estados Unidos, también de los grandes proyectos de ampliación de la frontera agrícola en el norte de Huehuetenango y El Quiché (Ixcán y la Zona Reina) y del auge cooperativista e introducción de nuevos cultivos en El Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Sololá y Petén. La colonización del Ixcán Grande fue entregada por el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) a los Maryknoll, que recibió un gran impulso con el trabajo del Padre Guillermo Woods.

A la par de los proyectos agrícolas se impulsaron otras acciones de promoción en salud y educación con participación de religiosas. Surgieron las escuelas radiofónicas con el fin de promover la alfabetización apoyadas desde emisoras de la Iglesia: radio Chortí en Jocotán, radio Mam en Cabricán, radio Nahualá, radio Atitlán en Santiago Atitlán, radio Colomba, radio Quiché y posteriormente radio Tezulutlán en Cobán. En el área de salud muchas parroquias crearon dispensarios, mientras grupos de religiosas trabajaban a través de los promotores de salud rural. La Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA) nació en esos años como expresión de los esfuerzos de comunidades de religiosas y sacerdotes.

A finales de esta década la Iglesia aparecía en el mapa nacional comprometida en el desarrollo social de los campesinos y las poblaciones marginales.