CAPÍTULO TERCERO

LOS GOBIERNOS MILITARES DE LOS AÑOS 70

1. El Proyecto Militar

A partir de la gestión del general Carlos Arana Osorio (1970-74) la fuerza armada se instaló en el gobierno con un proyecto de desarrollo a mediano plazo, por lo que tuvo que recurrir al fraude electoral para mantener la programación de las inversiones, dada la debilidad interna de las alianzas políticas que representaban intereses económicos contrapuestos.

Así se abrió un nuevo ciclo de crecimiento económico que, al igual que al comienzo de los años 60, amplió las oportunidades para los grupos empresariales. Al mismo tiempo, para mitigar las tensiones sociales, los militares permitieron un cierto dinamismo del movimiento popular, especialmente en el período 1974-78, que rápidamente, ante la imposibilidad de conseguir reformas reales por los cauces establecidos, se aproximó a un nuevo movimiento insurgente, llegando a cuestionar al sistema y aspirando, después del triunfo de la Revolución Sandinista (1979), a lograr su transformación por medios insurreccionales.

El sector industrial, que siguió disfrutando de las ventajas proteccionistas creadas en el marco del Mercado Común Centroamericano (MCCA), a pesar de que ya funcionaba de hecho como socio minoritario de grupos transnacionales, fue acentuando su intolerancia frente al movimiento sindical.

Las nuevas oportunidades que ofrecía el mercado internacional para los productos de exportación, el aumento de la productividad estimulada por la introducción y rápida generalización en los años 60 de los fertilizantes, y el avance de la frontera agrícola con los programas de colonización, hizo subir el valor de las tierras consideradas anteriormente como marginales, cultivadas por comunidades indígenas. Grandes empresarios agrícolas o militares convertidos en empresarios iniciaron un despojo sistemático de tierras comunales y serían seguidos por innumerables pequeños y medianos empresarios (especialmente ladinos del oriente o clase media de los núcleos urbanos del interior) que intentaron apoderarse de unas tierras que habían adquirido un nuevo valor.

2. El gobierno de Arana

El general Arana formó un gobierno de coalición con el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y el Partido Institucional Democrático (PID), a pesar de que entre ambos partidos existían fuertes diferencias en la forma de conducir la política económica. Pero ambos coincidían en la necesidad de apoyar a un gobierno fuerte, presidido por un militar, que pusiera punto final a las actividades de la guerrilla.

Esta alianza de las dos corrientes dentro del sector empresarial duró, sin embargo, poco. Aunque en las elecciones municipales de 1972 la coalición MLN-PID logró el 74% de las alcaldías, en 1973 Arana se distanció del MLN y procedió a eliminar a los principales dirigentes de la Mano Blanca, considerado el escuadrón de la muerte de los emelenistas (Handy, 1984). A pesar de ello la alianza se renovó en las elecciones de 1974.

Terror político

La violencia política tenía como objetivo destruir la infraestructura guerrillera en la capital, donde particularmente las FAR realizaron en 1970 y 1971 acciones muy notorias. Pero también en los centros urbanos del interior se vivió el clima de terror.

La represión selectiva cobró gran cantidad de víctimas. El 14 de enero de 1971 fue asesinado Adolfo Mijangos López, diputado demócrata cristiano. El 20 de enero fue muerto el líder campesino Tereso de Jesús Oliva. También en ese mes perdió la vida el catedrático de la Universidad de San Carlos, Julio Camey Herrera y fue ametrallado el abogado Alfonso Bauer Paiz. Mijangos, Camey y Bauer formaban parte de una comisión investigadora del contrato del Estado con la empresa EXMIBAL. En septiembre fue capturada la Comisión Política del PGT. En octubre fue asesinado el líder estudiantil Manuel Cordero Quezada, lo que motivó una gran campaña de denuncia del Frente Contra la Violencia. Muchos de estos crímenes fueron atribuidos a los escuadrones MANO, Ojo por Ojo y NOA. En mayo de 1973 se produjo una ocupación de tierras por las comunidades indígenas de Sansirisay, El Progreso, que fue sangrientamente sofocada por Efraín Ríos Montt.

Alianzas de poder

Para poder crear un grupo económico de poder dentro del empresariado, el general Arana se alió a través de exiliados cubanos con grupos emergentes del sur de los Estados Unidos, protegidos del presidente Nixon. También estrechó intereses con el grupo Somoza de Nicaragua, y varias familias que habían perdido su tradicional poder financiero se unieron al plan aranista. Finalmente, numerosos mandos y oficiales del Ejército recibieron tierras que se estaban colonizando en Petén a través del FYDEP.

El surgimiento de esta alianza provocó choques con otros grupos empresariales, como el que encabezaba la familia Castillo y la familia Novella. Estas desaveniencias se reflejaron en la entente MLN-PID, el primero más cercano a los intereses tradicionales de las familias de empresarios, y el segundo identificado con el proyecto militar. Los antiguos hacendados se oponían al protagonismo económico de los generales, y también dentro de la cúpula militar surgieron discrepancias que se reflejaron en los partidos. Los Skinner Klee y los García Granados se aliaron a los militares en negocios de extracción de níquel, petróleo y en asuntos financieros a través del Banco Santander. En 1971 el empresario Manuel Ayau fundó la Universidad Francisco Marroquín para formar a las nuevas elites y disminuir la influencia intervencionista del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), financiado por AID.

En 1973 los sectores agrícolas descontentos con el poder de la Asociación General de Agricultores (AGA), formaron la Cámara del Agro, con la intención de aglutinar a las numerosas asociaciones que estaban surgiendo en todo el país. Nuevos sectores como los avicultores y los cardamomeros crearon sus propias asociaciones. Al final del período surgieron desaveniencias entre distintos grupos económicos (productores de carne y leche, algodón y textiles, trigo y pan, cañeros y ganaderos) que buscaban resolver sus disputas de mercado acudiendo a la intervención del Estado.

Los diferentes intereses económicos enfrentados terminaron por dividir el bloque político que Arana había logrado construir y debilitaron la base para su sucesor, el general Kjell Laugerud García.

3. El gobierno de Laugerud

El 5 de marzo de 1974 se realizaron las elecciones y en votación de segundo grado el Congreso eligió presidente al ex-ministro de la Defensa de Arana, el general Kjell Laugerud. La oposición encabezada por la Democracia Cristiana (DC), que había promovido en una amplia alianza que incluyó a socialdemócratas y comunistas, la candidatura del general Ríos Montt, denunció un fraude electoral. La coalición MLN-PID se mantenía con fragilidad después de que Arana impuso la candidatura de Laugerud y el MLN envió a su líder, Mario Sandoval, para ocupar la vicepresidencia. Pero un año después esa coalición se rompió al no encontrar un acuerdo para el control del Congreso.

En febrero de 1976, cuando Guatemala sufrió el terremoto, volvió a surgir la lucha entre el MLN y el PID, esta vez por el control del Comité de Reconstrucción Nacional (CRN). De todos modos en el período posterremoto se produjo un importante crecimiento económico que, manejado por el Estado, favoreció especialmente a los políticos y empresarios del PID y del aranismo, y excluyó al MLN. Pero los proyectos de inversión de mediano plazo exigían continuidad de los grupos políticos en el poder, más allá de los períodos electorales. Surgió entonces una nueva alianza PID-PR-aranistas para las elecciones de 1978 que presentó como candidatos al general Romeo Lucas, ministro de la Defensa de Laugerud y ejecutivo de la Franja Transversal del Norte (FTN), y a Francisco Villagrán Kramer, un abogado internacionalista miembro del Partido Revolucionario.

Luchas populares

Los problemas derivados de la posesión de la tierra dieron contexto al surgimiento del Comité de Unidad Campesina (CUC), que publicó su primer comunicado en El Gráfico el 19 de noviembre de 1978. Ya en la marcha del 1 de mayo de 1977 había participado por primera vez un grupo de indígenas del altiplano y de la costa sur organizado secretamente. La participación se repitió en la marcha conmemorativa del 20 de octubre y fue preparativa de la gran marcha de apoyo a los mineros de Ixtahuacán en noviembre (Arias, 1985).

También el movimiento sindical y popular urbano adquirió un fuerte impulso en el período 1976-78. Durante el gobierno de Laugerud se registraron 119 huelgas y paros en los que se involucraron más de 100,000 obreros y originaron más de un millón de días no trabajados. Desde luchas espontáneas acompañadas de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, hasta movilizaciones masivas de impacto nacional.

Para 1976 ya estaba funcionando el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS) que propuso la unidad de acción con los pobladores y estudiantes. En marzo de 1977 se produjo la ruptura de la CNT con la CLAT, hecho que tendría un importante peso en la radicalización de esa central sindical; en abril se creó el Frente Organizado de Sindicatos de Amatitlán (FOSA), y en diciembre se formó el Comité de Emergencia de Trabajadores del Estado (CETE).

El año 1978 representó el mayor repunte de las luchas sindicales. En diversas empresas los trabajadores lograron mejoras salariales. Simultáneamente diversos sectores de los empleados públicos fueron añadiendo sus demandas, y sus luchas en el movimiento fueron adquiriendo progresivamente mayor convergencia y unidad, incorporando a sectores religiosos, estudiantiles y de pobladores. En la protesta por la masacre de Panzós, ocurrida el 29 de mayo, se movilizaron más de 100,000 personas.

4. Otras tendencias del período

Intolerancia de grupos empresariales

A pesar de que se estaba desarrollando un nuevo ciclo de auge económico (con tasas de crecimiento del PIB superiores al 7% en 1977 y 1978), los grupos empresariales no impulsaron mecanismos de concertación que pudieran calmar las expectativas que esta situación creaba en los trabajadores. Los algodoneros y los nuevos empresarios que se vincularon con los negocios del gobierno fueron el grupo que más prosperó, aunque el sector industrial siguió disfrutando las ventajas proteccionistas creadas en el marco del MCCA. Estos nuevos grupos empresariales manifestaron una acentuada intolerancia frente a las reivindicaciones de los trabajadores, lo cual al final del período terminaría conduciendo a una parte de los empresarios a alianzas con el Ejército para destruir violentamente a las dirigencias y organizaciones laborales.

Los nuevos despojos de tierras

La revaloración de las tierras generó un nuevo ciclo de despojo (similar, aunque de menor intensidad, al ocurrido con la Reforma Liberal) que se tradujo desde la mitad del decenio en un aumento inusitado de la violencia contra las comunidades campesinas, superior incluso al ciclo de violencia contra los beneficiados por la reforma agraria. Detrás de muchos de los hechos de violencia de 1980-82, estuvo actuando este ciclo de despojo de las tierras campesinas.

El deterioro del sistema electoral

El Ejército tuvo que recurrir al fraude electoral para mantener la programación de las inversiones, dada la debilidad interna de las alianzas políticas, que representaban intereses económicos empresariales contrapuestos. De esta manera, desde 1970, con la elección del general Carlos Arana, se fue repitiendo un mismo esquema de sucesión del poder, mediante el cual el ministro de la Defensa pasaba a convertirse en candidato presidencial con el triunfo garantizado. Todo ello manteniendo la formalidad electoral establecida en la Constitución de 1965.

Irrupción del movimiento indígena

El terremoto fue una verdadera prueba de fuego para las comunidades y los centros regionales indígenas, ya que de la noche a la mañana se vieron efectivamente obligados a ejercer todas las responsabilidades políticas y sociales, así como a solucionar las inmensas necesidades surgidas a raíz de la catástrofe, con un mínimo de recursos e incomunicados con la cabecera departamental y la capital, en algunos casos, por varias semanas.

A diferencia de los viejos líderes nombrados por los poderes políticos externos, los nuevos líderes eran elegidos por su comunidad, con funciones específicas. El gobierno central desbordado por la magnitud del desastre toleró el hecho de que las comunidades tomaran la iniciativa y se constituyeran prácticamente en poderes locales, negociando directamente con las agencias internacionales la ayuda que recibirían del exterior.

Desarrollo de la nueva guerrilla

Ya para 1976 la lucha guerrillera había logrado rearticularse en varias zonas del país. La Organización del Pueblo en Armas (ORPA) estaba culminando en el altiplano de San Marcos su etapa de preparación para la guerra; las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) iniciaban un debate interno que les llevaría a adoptar la política de frentes guerrilleros. Un tercer grupo, el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), extendía un nuevo tipo de acción guerrillera, en tanto que el Ejército oficial le lanzaba la primera operación contrainsurgente en el norte de El Quiché. Al comienzo del mandato de Lucas destacaba especialmente la actividad del EGP.

Desarrollo de la contrainsurgencia

Durante los años 70 el Ejército fue adecuando y perfilando una estrategia contrainsurgente que incorporó las experiencias de más de diez años de lucha antiguerrillera. La Acción Cívica se elevó a nivel de Estado Mayor; la inteligencia y contrainteligencia se desarrolló con una proyección de mediano plazo, aunque con aparatos que fueron controlados, al igual que en la época de las dictaduras liberales, desde la Presidencia. La base del trabajo de inteligencia fue concebir que la lucha contrainsurgente iba a ser cíclica en la historia de Guatemala. Por tanto, intentaba golpear a las organizaciones en su etapa de surgimiento o recomposición, sin apresurarse, buscando ante todo acumular información.

Además, se introdujeron varias innovaciones tácticas que serían empleadas a fondo en las campañas contraguerrilleras de 1980-81. El Ejército adoptó el Galil israelita como mejor arma de combate antiguerrillera en la montaña y se dotó de helicópteros Bell, aviones Pilatus adaptados para combate, y aviones de abastecimiento israelitas Aravá. Todo ello con asesoramiento internacional que ya no provino directamente de los Estados Unidos, sino que de Israel, Taiwan y Argentina.

5. La época de Lucas

El general Romeo Lucas García fue elegido en unos comicios señalados de fraudulentos en los que participó únicamente el 15% del electorado. Su gobierno representó la agudización de las contradicciones que se venían gestando durante los años 70, desde el general Carlos Arana.

Las tendencias del período le imprimieron al gobierno del general Lucas una dinámica de extrema violencia y exacerbación de las contradicciones políticas. En 1979 se registraron 1,371 casos de asesinatos y secuestros políticos; en 1980 hubo 2,264 casos, y en 1981 se llegó a los 3,426 casos (Figueroa, 1991). Fue como el estallido de una serie de perversiones políticas que habían venido madurando en los períodos anteriores. En la memoria del pueblo guatemalteco estos años perduran como una de las etapas más negras de su historia: la época de Lucas. Como secuencia trágica, el país entró en una espiral de violencia que marcaría la siguiente década.

Crímenes en el claro

El presidente Lucas asumió el gobierno en julio de 1978. Entre ese mes y octubre siguiente el espacio político que se había abierto en el régimen anterior se fue cerrando rápidamente. Como secuela de las jornadas populares de octubre de ese año contra el aumento de la tarifa del transporte urbano, comenzaron los primeros atentados y circularon listas de condenados a muerte, marcando el inicio de una nueva ola de represión. En los seis últimos meses de 1978 fueron encontrados 500 cadáveres, de los cuales 200 presentaban señales de tortura (Amnistía, 1980).

Esta tercera ola de terror (que se inició en 1978), tiene dos momentos. El primero, que duró aproximadamente hasta 1980, estuvo enfilado hacia la destrucción del movimiento popular y, por tanto, se dirigió a la aniquilación sindicatos, movimientos de pobladores, asociaciones estudiantiles de secundaria y universitarias. El terrorismo fue una respuesta tajante a las luchas abiertas y legales, las cuales llegaron a su clímax en las jornadas de octubre de 1978, y destruyó el avance popular observado en los años 70 (Figueroa, 1991).

Probablemente la decisión de recurrir nuevamente al terror estatal se confirmó durante las jornadas contra el aumento del transporte público en octubre de 1978. Pero también se produjeron crímenes que venían arrastrados de la violencia desatada en los últimos meses del gobierno anterior. Así se puede citar el asesinato, el 30 de junio, a pocas horas de la toma de posesión de Lucas García, del padre Hermógenes López, párroco de San José Pinula, considerado como el inicio de la escalada de crímenes contra la Iglesia católica. O el asesinato, el 29 de junio, de José Alberto Alvarado, líder de la CNT, preludio de la campaña que se avecinaba sobre la dirigencia del movimiento sindical. En el campo, la represión estuvo muy vinculada con los desalojos de tierras y con las operaciones contrainsurgentes del Ejército.

Las protestas contra el aumento del transporte público fueron reprimidas con el saldo de 1,500 capturados, 300 heridos y 40 muertos. La violencia tuvo en 1978 como ejemplos más representativos los asesinatos de Oliverio Castañeda de León, secretario general de la AEU, realizado al medio día del 20 de octubre en pleno centro de la capital; de los abogados Santiago López Aguilar, Jesús Marroquín y del dirigente sindical de la Coca-Cola, Pedro Quevedo. La ola de violencia política fue creciendo a lo largo de 1979. Los dos dirigentes más destacados de la oposición socialdemócrata cayeron abatidos. El 25 de enero fue asesinado Alberto Fuentes Mohr, dirigente del PSD, y el 22 de marzo, Manuel Colom Argueta, líder del FUR, ambos en zonas céntricas de la capital, a plena luz del día y con un notable despliegue operativo, que incluyó hasta helicópteros.

La ola de represión se prolongó durante 1980 y fue tomando un carácter masivo, que terminó de desarticular a las organizaciones sindicales urbanas, cada vez más radicalizadas. Significativamente, el 1 mayo fueron secuestradas 32 personas en el Parque Centenario. En los actos conmemorativos del día del Trabajo, el CNUS llamó a derrocar el régimen luquista e instaurar un gobierno revolucionario, democrático y popular. Poco después, el 21 de junio, fueron secuestrados 27 dirigentes de la CNT. Nuevamente el 24 de agosto la policía militar secuestró y desapareció a 17 dirigentes y asesores sindicales de la CNT de las empresas Incasa, Cidasa y Kern`s en Emaús, Palín, Escuintla. Con estos golpes, quedó efectivamente descabezada una parte importante del movimiento sindical, que hacía apenas unos años se había alejado de la tutela de la DC. En total, durante 1980 fueron asesinados 110 dirigentes sindicales.

El 31 de enero de 1980, la policía quemó vivas a 39 personas en la embajada de España, y en el segundo semestre de ese año se iniciaron las campañas de asesinatos selectivos de líderes comunitarios en el área rural, al tiempo que se producía una rápida radicalización de las organizaciones campesinas. En julio comenzó la ofensiva del Ejército sobre el área Ixil, con la destrucción total de la aldea Cocop, en Nebaj. El 20 de agosto el Ejército fusiló a 60 hombres en la plaza del pueblo de San Juan Cotzal, luego que la guerrilla atacó el destacamento militar.

La violencia represiva continuó hasta finales de 1980, cuando fueron secuestradas la periodista Irma Flaquer y la poeta Alaíde Foppa, en la capital; y prosiguió en 1981 afectando también a otros sectores como los estudiantes, especialmente a los dirigentes del FERG y FRENTE, y a la Iglesia católica, hasta el punto de obligar el cierre temporal de la diócesis de El Quiché.

Las ofensivas contrainsurgentes

Con las masacres en el área Ixil, el Ejército iniciaba en 1981 una amplia ofensiva contrainsurgente, concebida y ejecutada desde el Estado Mayor General (EMG), y al margen de los intereses e intrigas que paralizaban al Ministerio de la Defensa y a la mayoría de los altos mandos militares. Colocando sobre el mapa los sangrientos sucesos del período enero de 1981 a marzo de 1982, ordenados cronológicamente, es posible reconstruir la lógica de aquel baño de sangre.

Los tres primeros meses del año nos muestran una ofensiva del Ejército en las zonas del nororiente de Chimaltenango y sur de El Quiché, como respuesta a las acciones de propaganda armada que la guerrilla había desarrollado, que por primera vez arrojaban saldos estremecedores de víctimas. Es probable que estas campañas militares, dirigidas contra determinadas comunidades seleccionadas por su afinidad a la guerrilla, estuvieran ejecutadas por las autoridades de la Zona Militar, a diferencia de las que se desarrollaron a partir de junio, planificadas y ejecutadas directamente por el EMG. Sin embargo, esta primera campaña militar contra la población de Chimaltenango sólo fue preludio de la auténtica ofensiva que se desataría el 1 de octubre.

Una situación similar se observó en Alta y Baja Verapaz, donde se registraron hechos aislados de violencia en los que no se percibía mayor secuencia, por lo que era presumible que respondieran a la rutina represiva de la comandancia de la Zona Militar correspondiente.

La inercia de masacres se fue prolongando, adquiriendo cada vez un carácter más dramático. Sin embargo fue hasta junio cuando el EMG, dirigido por el general Benedicto Lucas García, hermano del presidente, comenzó a aplicar una escalada ofensiva contra la guerrilla que mantuvo una coherencia estratégica a mediano plazo.

La ofensiva se inició con una campaña para desarticular la retaguardia de la guerrilla en la ciudad a partir de unidades operacionales de inteligencia dirigidas por el EMP. Éstas primero dieron golpes aislados a determinados militantes o estructuras para completar el cuadro de información y posteriormente, el 8 de julio de 1981, desencadenaron una campaña donde combinaron los objetivos militares con la búsqueda de información y las operaciones psicológicas. Las unidades operacionales, fuertemente compartimentadas y dependientes de un mando operativo del más alto nivel (el Jefe de EMG), lanzaron una intensa campaña de propaganda y guerra psicológica. Dejaron trampas sueltas y se apoyaron en la información de la empresa privada y otros organismos del Estado. Tomaron como punto de partida el Censo de Población y Vivienda elaborado en 1980 y, después de rastrear la ciudad, se lanzaron a desbaratar las casas de seguridad de la guerrilla, especialmente de la ORPA y el EGP.

La ofensiva contra la ORPA se inició con el ataque a una residencia en Vista Hermosa el 9 de julio de 1981. El 10 de julio el Ejército destruyó otro reducto de esa organización en la colonia el Carmen, al sur de la ciudad. El 18 de julio el Ejército destruyó la casa donde el EGP había juramentado a su primera columna militar en la ciudad (Payeras, 1987). El 19 de julio el Ejército desmanteló una casa de seguridad de la ORPA en la zona 14, donde murió el comandante Antonio, de la dirección de esa organización. El 13 de agosto fue descubierta otra casa del EGP en la zona 11, y una más en Santa María Cauqué, con abundante material de guerra y un empresario secuestrado. En esta campaña, que duró seis semanas, el Ejército aniquiló a unos 50 guerrilleros.

El Ejército mantuvo la presión militar en San Marcos, El Quiché, Petén y Alta Verapaz, para evitar la cooperación entre las distintas organizaciones o frentes de una misma organización. El 1 de octubre de 1981 inició una gran ofensiva contra el Frente Augusto César Sandino (FACS), que en julio de ese año había desarrollado acciones espectaculares en el altiplano central con apoyo masivo de la población, donde se habían refugiado muchos activistas huidos de la capital unos meses antes.

Bajo la dirección en el mismo teatro de operaciones del general Benedicto Lucas, entre Tecpán y Los Encuentros, el Ejército desplegó sus puestos de avanzada de la noche a la mañana y comenzó a arrasar todo caserío próximo a la carretera Panamericana. Mientras, por parte de la guerrilla, únicamente las Fuerzas Irregulares Locales (FIL) y un pelotón de unidad militar permanente intentaban esporádicos hostigamientos al Ejército. De esta manera comenzaron a generalizarse las masacres, de acuerdo al grado de vinculación con la guerrilla según la abundante información que el Ejército había acumulado.

Territorialmente la campaña abarcó un área de 4,000 kilómetros cuadrados, afectando a 36 municipios y tres cabeceras en los departamentos de Chimaltenango, Sololá, El Quiché y Sacatepéquez. Participaron cinco brigadas con 2,000 efectivos de las tres armas bajo el mando único del jefe de EMG, el cual creó un Comando de Operaciones Conjuntas para centralizar el mando de las armas, fuerzas y servicios. Involucró a fuerzas de las Zonas Militares de Guatemala, Cobán, Salamá, Huehuetenango y los puestos avanzados de Santa Cruz del Quiché y Santiago Atitlán. También diversificó y descentralizó la retaguardia, que ya no dependía de la capital. El comando central de la Brigada se instaló en la Escuela La Alameda de Chimaltenango, marginando el control del Ministerio de la Defensa.

La operación tuvo una alta movilidad y diversidad de operaciones. La táctica fue mantener la iniciativa, responder a los ataques con agresividad y buscar el contacto con el enemigo en lugar del control del territorio. Las acciones se ejecutaron sorpresivamente sin planificaciones divulgadas. También buscaron operaciones de cerco a las fuerzas guerrilleras para desarrollar golpes de yunque y martillo, utilizando obstáculos naturales como el río Motagua, y cercos tácticos con maniobras de atracción de las unidades guerrilleras, fijación en un lugar y envolvimiento para lograr su aniquilación.

A pesar de la complejidad militar de esta operación, la parte operacional (no la preparatoria) duró sólo tres semanas, a partir de noviembre. Pero los efectos de esta primera gran ofensiva estratégica los sufrió especialmente la población, ya que en la zona de operaciones la guerrilla acababa de iniciar su implantación y apenas tenía algunos pelotones de fuerzas militares regulares. La importancia estratégica para el Ejército no residía en descabezar unidades militares guerrilleras, sino en cortar definitivamente el corredor natural que representaba el altiplano central como pasillo entre las zonas más montañosas y la capital del país.

Aparte de las víctimas civiles de esta ofensiva, el Ejército siguió centrando su atención en eliminar las bases de apoyo de la guerrilla en aquellas zonas que eran escenario directo del enfrentamiento militar, o donde sabía que la guerrilla había logrado crear fuertes bases de apoyo. En este sentido, tanto la campaña de asesinatos individuales como la de crímenes colectivos continuó en otras zonas del país, cada vez más dirigidas centralizadamente por el EMG del Ejército, pero bajo la responsabilidad operativa del Comandante de la Zona Militar, quien imprimió en cada región una determinada dinámica a la ola represiva.

Posteriormente, en los primeros meses de 1982, el Ejército dirigió su ofensiva al altiplano noroccidental y Las Verapaces, concentrando sus fuerzas en objetivos sucesivos, pero sin disminuir la presión en las áreas ya controladas, recurriendo para ello a las PAC. Así, en enero de 1982 se produjo una campaña del Ejército contra la ORPA en San Marcos, a raíz de la cual se registró la masacre de la aldea Sacuchum, de San Pedro Sacatepéquez, adonde llegaron, el 1 de enero, 1,000 soldados y rodearon la aldea, matando a 47 personas. También en esos mismos días se produjo la masacre de El Tablero, después de un enfrentamiento, que duró cinco horas, de la guerrilla con unos 1,500 soldados llegados de Santa Ana Berlín y de San Marcos.

6. Una época de cambios e incertidumbre

La trágica secuencia de hechos criminales relatada se desarrolló en un contexto extremadamente complejo en el que se combinaron fenómenos emergentes en la sociedad –como el protagonismo del movimiento indígena-campesino o la expectativa generalizada de un cambio revolucionario– con la decadencia de la democracia de vitrina, la corrupción y exacerbación de ambiciones en sectores del aparato burocrático y del sector empresarial.

El contexto internacional fue especialmente negativo para el gobierno del general Lucas. Aparte de esto, hay que considerar un fenómeno que no trascendió en los análisis de la época: la valoración que tanto la Unión Soviética como Cuba hacían respecto a la debilidad del gobierno de los Estados Unidos, lo cual, en un marco geoestratégico más complejo, les movió a orientar y apoyar a los movimientos revolucionarios para acelerar sus estrategias de toma del poder.

Este análisis resultó excesivamente optimista, especialmente después de que en las elecciones estadounidense de noviembre de 1980 ganara la presidencia el republicano Ronald Reagan. Este hecho fue inmediatamente percibido por los sectores de poder en Guatemala. Una muestra significativa fue la visita, en diciembre, de Roberto Alejos y Manuel Ayau al recién electo presidente Ronald Reagan, para discutir los lineamientos de la nueva administración hacia Guatemala. Los empresarios guatemaltecos habían aportado a la campaña de Reagan US$ 2 millones (Marroquín/Escoto, 1993).

Sin embargo, ello no contribuyó inmediatamente a clarificar el escenario internacional, que pasó a oscilar entre el triunfalismo de quienes no percibían los cambios que se estaban produciendo, y la incertidumbre de aquellos que sentían llegar señales confusas. Las relaciones de los militares con los Estados Unidos eran contradictorias, desde que en 1977 el gobierno de James Carter decidiera suspender la ayuda militar a Guatemala debido a las denuncias por violaciones a los derechos humanos, pero también por presiones del gobierno inglés, debido al reclamo guatemalteco sobre la soberanía de Belice.

De todas maneras el gobierno de Lucas asumió el costo internacional, como se evidenció en la masacre de la embajada de España. Los principales acontecimientos internacionales de 1981 aumentaron las tensiones. En agosto de ese año, Washington emitió el primer Travel Advisory, y unos meses más tarde, en medio de la ofensiva guerrillera y la contraofensiva militar dirigida por Benedicto Lucas, Inglaterra reconoció la independencia de Belice, aumentando el aislamiento del gobierno. También en ese año la política exterior de los Estados Unidos comenzó a recuperar la iniciativa, buscando controlar la crisis política en Centroamérica. El Ejército guatemalteco tuvo evidencias desde diciembre de 1980 de que las organizaciones guerrilleras estaban aproximando sus posiciones tácticas con asesoría de los gobiernos cubano y sandinista, creando la llamada Tripartita, preludio de lo que en febrero de 1982 sería la URNG.

Pero fue en 1982 cuando el desenfado con que el régimen percibía los cambios internacionales se vio tocado, después del comunicado franco-mexicano que urgía una salida negociada al conflicto salvadoreño y otorgaba reconocimiento al FMLN-FDR. Sólo entonces los militares guatemaltecos comprendieron que la situación internacional y regional podría llegar a convertirse en una presión considerable sobre el manejo del conflicto interno, y que deberían hacer concesiones en aquellos puntos que los liberaran de las presiones diplomáticas internacionales. Significativamente el Ejército se negó a involucrase directamente en los planes militares regionales de la administración Reagan. Para entonces, los militares ya habían elaborado su propia estrategia.

7. La estrategia contrainsurgente

Si bien el trabajo contrainsurgente se centró en desarticular las organizaciones democráticas y populares urbanas y contener los brotes de rebeldía campesina, en estos objetivos se entremezclaban intereses propios del grupo militar que disfrutaba el control del aparato estatal y sus socios en la empresa privada. Uno de los casos más notorios fue el del coronel Héctor Montalbán y su familia, que supervisaban y autorizaban los préstamos para los proyectos de la administración pública a través del EMP (IC, 132, Guatemala, años 80).

Mientras la lucha guerrillera golpeaba especialmente al sector empresarial con secuestros, extorsiones y asesinatos, la alianza empresarios-Ejército se amplió a la colaboración directa en operaciones militares. Fue en los meses previos a mayo de 1980 cuando un grupo empresarial, junto con el EMG, organizaron El Plan de los Mil Días, una gigantesca campaña anticomunista cuyo objetivo era crear un clima que justificara la escalada de la brutal represión que se avecinaba.

Cabe destacar, como principal éxito de esta colaboración, además de la total desarticulación de la oposición política legal, del movimiento sindical y otras manifestaciones del movimiento popular, los fuertes golpes que sufrió el Frente Luis Turcios Lima del EGP, establecido en la costa sur, la zona de interés de los empresarios agroexportadores. Así, a mediados de 1980 el Ejército había desarticulado el frente de la costa sur aniquilando a unos 80 dirigentes fundamentales sin afectar al resto de la población civil.

En las primeras etapas de represión selectiva recurrió a comisionados militares, informantes y autoridades locales, muchos de los cuales tenían sus propios intereses económicos aprovechando las tierras de los indígenas. Cuando se inició la represión selectiva en el campo, numerosos empresarios agrícolas que ocupaban cargos de comisionado militar o tenían sus propios equipos de seguridad, colaboraron con el Ejército en el asesinato de líderes campesinos, especialmente en las áreas conflictivas.

Esta política de represión selectiva, en la que se entremezclaban intereses y prioridades de los grupos en el poder, no dejó de crear sus propias contradicciones en el Ejército, especialmente ante el avance de las acciones de los grupos guerrilleros. De esta manera, cuando en 1980 el EGP asesinó al general Cancinos, jefe del EMG, la mayoría de los altos oficiales y jefes pensaron que se trataba de un ajuste de cuentas dentro del Ejército (Gramajo, 1995), ya que a Cancinos le atribuían el asesinato de Colom Argueta y Fuentes Mohr. También cuando en septiembre de 1980 fue asesinado Julio Segura, secretario de Planificación Económica y figura presidencial de un sector del Ejército, crecieron los rumores de golpe de Estado.

Sin embargo en esa precisa coyuntura se produjo una recomposición del mando estratégico del Ejército. Los aparatos de seguridad e inteligencia se reorganizaron desde el EMG, tanto los de la D-2 como los de la Regional de Telecomunicaciones, dependiente del EMP. Destacan como figuras clave de este proceso los coroneles Francisco Menaldo Ortega y Manuel Antonio Callejas y Callejas, jefe de la Regional de Telecomunicaciones en tiempos de Lucas. Este grupo de oficiales, al que se suma José Luis Fernández Ligorría, estuvo implicado según los testimonios recogidos por REMHI, en actos de violencia vinculados con la delincuencia común y la corrupción administrativa en la época de Lucas, y fue responsable directo de las operaciones contrainsurgentes en la ciudad capital en 1981.

La estrategia del Ejército en la capital abarcó aspectos distintos. En un primer momento se dirigió contra la dirigencia del movimiento popular, apoyándose en el director de la Policía, general Germán Chupina Barahona y en sus subalternos Manuel de Jesús Valiente Téllez y Pedro García Arredondo. Pero fue en 1981 cuando el Ejército diseñó y llevó a cabo una campaña represiva que realmente tuvo una orientación estratégica contrainsurgente: descabezar la dirigencia revolucionaria en la ciudad y de paso desbaratar la infraestructura logística que se estaba acumulando aceleradamente en la perspectiva de una gran ofensiva guerrillera.

Posteriormente el Ejército golpeó a los diversos frentes guerrilleros de acuerdo a una prioridad estratégica. Esta estrategia le permitió superar la dispersión que la táctica guerrillera pretendía imponerle y concentrar sus golpes en ofensivas escalonadas contra los diversos frentes guerrilleros. Aunque se preocupó de mantener la presión militar sobre los frentes de ORPA y FAR, concentró sus ofensivas en los principales reductos del EGP.

Estos ajustes estratégicos no se produjeron sin tensiones en el alto mando militar. Ciertos oficiales medios se quejaban en privado de los robos de los altos jefes en las compras de armas. Según las informaciones de la oficialidad descontenta, la guerrilla había abatido en los primeros cuatro meses del año 1981 a 23 oficiales y 250 soldados. Además, en septiembre de ese año el vicepresidente del gobierno Francisco Villagrán Kramer, presentó su renuncia, acentuando aun más la imagen de inviabilidad del modelo de gobierno que pretendía continuar en las elecciones de 1982.

De hecho, una parte de la oficialidad estaba viviendo momentos decisivos para la continuidad del orden vigente, como refleja esta cita de uno de los protagonistas de la época. En... julio de 1981, los terroristas se proponían declarar como ´territorio liberado´, una porción del suelo patrio, para darle categoría de beligerantes a sus miembros, con lo cual tendrían acceso a los foros internacionales y al reconocimiento por parte de los principales países del bloque totalitario... Sus primeras acciones estuvieron encaminadas a eliminar el poder local mediante el asesinato, secuestro y desaparición de alcaldes auxiliares, alcaldes municipales y comisionados militares, quemando 25 alcaldías; afectar a la economía nacional mediante la quema de fincas, asaltos, asesinatos y destrucción de cultivos; destruir la infraestructura de carreteras (Cnel. Terraza Pinot, 1987).

Fue así como, en los últimos meses del gobierno de Lucas, el EMG diseñó una estrategia contrainsurgente que alcanzaría su integralidad después del golpe de Estado del 23 de marzo de 1982.

La "tierra arrasada"

La ofensiva estratégica del Ejército contra las áreas del altiplano indígena integradas en la estrategia del EGP se inició en la zona que correspondía al Frente Augusto César Sandino (FACS), que en el segundo aniversario del triunfo sandinista en Nicaragua, había desarrollado acciones que ilustraban las dimensiones del fenómeno que ahí se producía. En efecto, para el 19 de julio el FACS orientó a su base social a que bloqueara la carretera Panamericana derribando árboles y colocando otros obstáculos a lo largo de un centenar de kilómetros, en una magnitud que no dejaba dudas acerca de la participación masiva de la población en tales acciones.

El Ejército, desde el comienzo de la ofensiva, atacó a la población. Entre Tecpán y Los Encuentros cerraban la carretera casi durante todo el día mientras la tropa incendiaba sistemáticamente las casas contiguas. Entretanto, la fuerza militar que el EGP tenía en la zona (un pelotón de unidad militar permanente y las FIL), intentaban esporádicos hostigamientos.

Lo que el Ejército encontró en el terreno acabó de confirmar la participación masiva de la población. Por ejemplo, constató que en dos semanas a lo sumo, se habían construido muchísimas trampas consistentes en fosos de tres y más metros de profundidad sembrados de agudas estacas. Por orientación del EGP la gente construyó apresuradamente esas trampas como recurso de autodefensa, que resultó ineficaz, puesto que el Ejército, desplazándose tranquilamente sin asedio enemigo, detectaba fácilmente la tierra recién removida.

Al poco tiempo de iniciarse las acciones punitivas en la zona (todavía no se habían producido masacres) el Ejército, al parecer sin mucha convicción, procuró que la población acudiera a puestos militares con el objeto de obtener una identificación. Para ello, entre otros medios, se valieron de Emeterio Toj Medrano, fundador del CUC y líder ampliamente conocido en la zona, que estaba en sus manos. Desde un helicóptero Toj Medrano hablaba en k'iche', llamando a acudir al puesto militar de Chupol para obtener la credencial y enfatizando que los pobladores nada tenían que temer del Ejército. Algunos acudieron, pero la mayoría no lo hizo.

La ofensiva militar en el sur de El Quiché fue incrementándose rápidamente. El Ejército penetró crecientemente en el territorio y se concentró en el ataque a una población que carecía de los medios para defenderse. Múltiples experiencias mostraron que el Ejército no se interesaba en perseguir o destruir la escasa fuerza militar existente la cual, por otra parte, casi no lo enfrentó. En cambio, arrasaba con viviendas y cultivos y expulsaba a decenas de miles de campesinos condenados a errar por la montaña buscando la sobrevivencia. Muy pronto, las masacres comenzaron a producirse.

A primera vista la represión fue totalmente indiscriminada, y de alguna manera sí lo era (niños, ancianos, mujeres, hombres, sin ningún distingo). Pero al analizar más despacio se comprobó que mientras determinadas aldeas eran arrasadas, en otras el castigo era puntual y en otras más el Ejército daba charlas, advertía y amenazaba pero no masacraba ni arrasaba. Este elemento mostró claramente que la fuerza armada contaba con información de inteligencia bastante precisa, pues su accionar correspondía al vínculo de la población con la insurgencia.

La represión del Ejército cambió radicalmente la correlación de fuerzas en el área mediante el desplazamiento forzoso, pero también debido a que existían núcleos de población favorables a ellos, que se habían mantenido agazapados mientras la guerrilla hegemonizó pero que, al contar con el apoyo oficial, se involucraron de manera especialmente beligerante en la represión. A ellos se agregaron quienes cambiaron rápidamente de bando, y aquellos otros que no tuvieron más remedio. De esa manera se conformó -al menos en la zona de referencia- la base de lo que posteriormente serían las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).

Las declaraciones de Benedicto Lucas sobre que los funcionarios habían mantenido al campo en total abandono, fueron el preludio de un golpe de Estado que no fue encabezado por él. No obstante, sus conceptos ilustran la forma como distintos oficiales fueron tomando conciencia de la situación que se vivía: pobreza y abandono, ineficacia gubernamental, politización y corrupción del Ejército. La concurrencia de tales fenómenos, sumada al aislamiento internacional, hizo pensar a no pocos oficiales que la guerrilla podía triunfar, a pesar que la ofensiva desatada por el Ejército constituía un paseo desde el punto de vista militar y un espantoso holocausto para la población de las llamadas áreas en conflicto.

La ofensiva militar del Ejército produjo el fenómeno de los desplazados internos. Verdaderos ríos de población que se quedaron en el monte, sin tener a dónde regresar ni dónde sembrar; erraron sobreviviendo de mil maneras, y este drama humano también consolidó la recuperación del territorio por el Ejército y le trasladó a la guerrilla la enorme tarea de responder en alguna medida a las necesidades de defensa y sobrevivencia de esa población.

Después de que el Ejército golpeó de forma avasalladora a la población en las áreas del altiplano central donde se implantó el EGP, pasó al noroccidental y a la región de las Verapaces bajo la modalidad de concentrar sus fuerzas en objetivos sucesivos, pero sin disminuir la presión sobre las áreas en las cuales ya habían obtenido el resultado de desarticular el vínculo entre la población y las fuerzas insurgentes. En las áreas recuperadas se mantuvo presencia de tropas, pero junto con ello se organizaron rápidamente las PAC. Con la implantación de las PAC el Ejército logró un objetivo estratégico de primer orden: construir un poder local afín a las fuerzas armadas y supeditado a ellas.

8. La estrategia insurgente

La inminente conquista del poder: esa era la perspectiva que alentaba la guerrilla, especialmente la organización más activa, el EGP, desde comienzos de 1981. A partir de 1976 el EGP entró en una rápida escalada de accionar militar en tanto la ORPA, primero, y las FAR, después, articularon sus respectivos frentes guerrilleros en el nororiente y noroccidente del país. A partir de 1978 la guerrilla adoptó el concepto de la Guerra Revolucionaria Popular, llegando a crear una formidable base de apoyo social.

Cuando la primera fuerza militar regular del EGP incursionó en la parte sur de El Quiché, una alta proporción de la población ya la estaba esperando. Lejos de repetir el ciclo previo de ganarse a la gente y organizarla, los cuadros y combatientes se vieron crecientemente sorprendidos por la acogida multitudinaria y por la rapidez con la cual la población se organizaba de acuerdo al modelo propuesto por la guerrilla. En ello tenía que ver el trabajo previo de organización comunitaria de los años 70, en el que sectores de la Iglesia católica desempeñaron un papel relevante:

En el segundo semestre de 1978 el clima de violencia guerrillera entró en una notable escalada. En 1979 la lucha guerrillera se fue extendiendo por todo el país, con el surgimiento de nuevos grupos que golpeaban al sector empresarial agrícola. El EGP consideró que su implantación fue suficiente y decidió pasar a la guerra de guerrillas generalizada, es decir la ofensiva contra las fuerzas (militares y económicas) de su enemigo. Se llamó a articular el movimiento popular en torno a la lucha armada, obtener la alianza de las fuerzas democráticas, lograr la unidad de las fuerzas revolucionarias y conseguir el reconocimiento internacional. Según Rolando Morán, se trató de atacar el poder local, ejecutar a los cuadros enemigos, pero no de operaciones militares en forma.

A mediados de este año, como se dijo, surgió el frente del EGP Comandante Ernesto Ché Guevara en Huehuetenango. El 9 de junio el EGP mató al general Cancinos. En agosto las FAR secuestraron al vicecanciller Alfonso Alonso Lima y lo liberaron después de que el gobierno publicó un manifiesto público. El 18 de septiembre apareció públicamente la ORPA, después de ocupar la finca Mujulia, en Quetzaltenango. El 7 de octubre una unidad del Frente Otto René Castillo del EGP, secuestró a Jorge Raúl García Granados. En ese mismo mes las FAR secuestraron a Elizabeth Lippmann. Pero el escenario de guerra irregular más abierta se desarrolló en el área Ixil, al norte de El Quiché.

En 1980 la guerra se extendió a casi todo el país, dando la sensación de que el Ejército era incapaz de controlar la situación. La actividad guerrillera se intensificó en la ciudad capital, destacando los atentados contra altos mandos militares. En el medio rural las organizaciones guerrilleras pasaron rápidamente a formas más fuertes de propaganda armada, como la ocupación de poblaciones y toma de carreteras, siendo cada vez más frecuentes los enfrentamientos con el Ejército. En el área Ixil, el EGP llegó a organizar una columna guerrillera regular (19 de Enero) y a proponerse la ocupación y destrucción de instalaciones permanentes del Ejército. Eso provocó la inmediata respuesta de la fuerza armada, que ubicó aquella región como el área donde el EGP podía declarar un territorio liberado.

En otras áreas del país, también el EGP intentó crear frentes guerrilleros, aprovechando el levantamiento espontáneo de los campesinos indígenas. Pero en realidad los insurgentes enfrentaban un desborde que les impedía articular un verdadero plan militar estratégico. Apenas en el primer semestre de 1980 una patrulla guerrillera inició su labor de asentamiento en el río Pixcayá, el lindero que separa los departamentos de Guatemala y Chimaltenango, asentándose inicialmente en la zona de Cruz Blanca; la patrulla guerrillera penetró en pocas semanas a las pobladas aldeas del sur de San Martín Jilotepeque y Comalapa, organizando en secreto su red de bases de apoyo, relata uno de los protagonistas de aquellos hechos, el comandante Benedicto, Mario Payeras. En Huehuetenango, la costa sur y la bocacosta los frentes vivían también fases preparatorias.

"La guerra del pueblo"

Parte de la población indígena comenzó a colaborar activamente en grandes operativos militares. Cuando la guerrilla ocupó los poblados de Chichicastenango y Sololá, la población cortó hilos telegráficos, bloqueó todas las carreteras con tachuelas, barricadas, árboles caídos y otros objetos por decenas de kilómetros en ambas direcciones a manera de impedir que el Ejército pudiera dirigirse por tierra hacia los lugares ocupados, y una vez concluida la toma, recibió masivamente como héroes a los protagonistas en Los Encuentros, distribuyendo tamales y chuchitos, tocando marimbas y gritando Hasta la victoria siempre y organizando una fiesta popular que paralizó el tráfico por varias horas (Arias, 1985).

El año 1981 fue el punto más alto del triunfalismo guerrillero. En varias zonas del altiplano donde las organizaciones guerrilleras o el CUC no habían llegado aún, la población se organizó espontáneamente. Una de las consecuencias negativas de esto fue que algunos dirigentes regionales del CUC que por diversos motivos se habían separado o alejado, pasaron a capitalizar el espontaneismo y a servirse de la efervescencia revolucionaria para fines propios. Dirigentes regionales de la organización campesina pasaron de la noche a la mañana a ser dirección de frentes guerrilleros, sin la preparación ni los vínculos de las organizaciones insurgentes. Lo que esa actitud ocasionó fue que el Ejército desató una feroz represión sobre esas zonas, que golpeó duramente a la población civil y alentó la deslealtad de los dirigentes, quienes se erigieron en caciques del lugar, adoptando un comportamiento bandoleril –violación de mujeres, asaltos, usufructo de dinero que llegaba a sus manos por conducto de la solidaridad- (Arias, 1985).

Tal vez uno de los aspectos más siniestros de esta ofensiva guerrillera fue la campaña de destrucción del poder local, que significó el asesinato de muchos miembros en las comunidades rurales. Parte de ellos efectivamente colaboraban con el Ejército o con las bandas paramilitares, ya que en las elecciones de 1978 el MLN ganó en muchos de los municipios. Sólo en septiembre, el EGP se atribuyó la muerte de 97 colaboradores del Ejército en diferentes localidades del país. A finales de 1981 se podía estimar que la guerrilla contaba con una base de apoyo de 276,000 personas, accionando en 16 de los 22 departamentos. Pero cuando se desató la contraofensiva del Ejército, no hubo coordinación entre las distintas organizaciones guerrilleras, que no compartían la visión táctica del EGP. El Ejército concentró a sus efectivos contra diversos frentes guerrilleros consecutivamente, y al menos las dos organizaciones más fuertes militarmente, el EGP y la ORPA, no articularon una respuesta coherente.

"Pobres contra ricos"

La integración de las PAC fue un proceso que mostró las limitaciones de la labor insurgente. Al desarrollarse el vertiginoso levantamiento de poblaciones rurales e indígenas se dio una falsa apariencia de homogeneidad. Sin embargo, aún en los momentos de mayor euforia, existían importantes núcleos de población local ocultos por la hegemonía insurgente, que esperaban la oportunidad de cambiar de bando.

El EGP, procurando simplificar su mensaje a manera de hacerlo didáctico, instauró y divulgó la concepción de que la lucha era entre ricos y pobres. Para la población indígena del área rural la imagen del rico no era la del gran empresario capitalino, al que no siempre conocían. Por otro lado, el área rural indígena distaba de ser homogénea en lo socioeconómico y sociocultural; entre la población indígena existían multitud de conflictos; desde el punto de vista sociogeográfico dichos conflictos se expresaban en contradicciones entre las aldeas y caseríos y los cascos urbanos.

Además de estos conflictos, en varios frentes del EGP se promovió ajusticiar a los comisionados militares; estos comisionados, por aquella época, no tenían una tradición represiva, eran campesinos como los demás y por supuesto con amplios vínculos familiares. Además, en el área del FACS y en otras áreas del EGP, ocurrieron ocupaciones de cabeceras municipales. Por una parte, la guerrilla orientó incendiar los edificios municipales, lo cual impactó negativamente a importantes grupos de población. Por otra parte, en varias de estas ocupaciones de cabeceras la situación se desbordó: la población que se sumaba espontáneamente a los destacamentos guerrilleros -provista de hachas y machetes-, procedió al saqueo de comercios e incluso, en un caso ocurrido en la cabecera de Joyabaj, los insurgentes dinamitaron el acueducto que surtía de agua a la población.

En menor medida ocurrió también que la población armada o determinados jefes militares insurgentes aprovecharon la situación para saldar cuentas personales. En algunos casos no fue meramente personal sino represalias frente a otras aldeas, lo cual condujo a matanzas y a reclutamiento forzoso. La situación de desbordamiento, de proliferación de gente armada, hizo que la población en general buscara armas allí donde se las dieran, lo cual también favoreció al Ejército. Todo ello dispersó aún más las fuerzas militares de la guerrilla quedando en una situación en la cual le era imposible pensar en golpes contundentes contra el Ejército.

9. Las víctimas

La dinámica del enfrentamiento militar colocó al movimiento popular totalmente desprotegido. Continuando con la tendencia de los años anteriores, distintas organizaciones populares siguieron una oposición creciente tras la llegada del gobierno de Lucas.

En 1981, mientras las estructuras sindicales se encontraban desmanteladas por la represión, surgió el Frente Popular 31 de Enero (FP-31), agrupando a aquellos sectores del movimiento popular que más decididamente apoyaban la lucha guerrillera y, significativamente, para el 1 de mayo ya no se realizó el desfile de los trabajadores. La represión que para esas alturas había sufrido el movimiento popular le había dejado prácticamente descabezado y, para muchos activistas, no se presentaba otra alternativa que el exilio o la incorporación a la lucha armada.

Esta campaña represiva, unida a la creciente ofensiva guerrillera que el Ejército no parecía poder controlar, incentivó aún más una rápida radicalización de los movimientos populares y las comunidades indígenas. El 14 de febrero de 1981 el CUC convocó a los líderes indígenas en las ruinas de Iximché y acordaron el documento Los Pueblos Indígenas de Guatemala ante el Mundo, o Declaración de Iximché, que llamaba a las comunidades indígenas a la rebeldía. Una rebeldía que se canalizaba en la incorporación a la guerrilla, como reflejó lo sucedido en Baja Verapaz. En marzo se produjeron los primeros enfrentamientos entre habitantes de Río Negro y el Ejército, por motivo de la inundación de la presa Chixoy, y después varios militantes del CUC en Rabinal contactaron al EGP y solicitaron crear un grupo armado en el municipio. Poco después se desataba una brutal represión contra los sectores más activos de Rabinal, mientras la unidad guerrillera apenas lograba iniciar sus actividades. El triunfalismo del momento causó que la vasta mayoría de los militantes del CUC se unieran a las organizaciones guerrilleras, disolviendo sus organizaciones.

10. La Iglesia Católica

Durante la década de 1970 la Iglesia católica desarrolló especialmente en las áreas rurales un intenso trabajo de formación y consolidación de comunidades cristianas. En diversas diócesis y parroquias y bajo diferentes nombres (círculos de estudio bíblico, familia de Dios, grupos de Acción Católica, grupos de catequesis y de celebración de la Palabra de Dios) estas comunidades se constituyeron como espacios de toma de conciencia.

Los centros de formación

En esta etapa se multiplicaron los centros de formación de líderes cristianos (catequistas, delegados de la Palabra, coordinadores, animadores de la fe). Así nacieron el Centro de Capacitación Campesina en Quetzaltenango, Casa de Emaús en Escuintla, Campo de Dios y Centro Apostólico en Izabal, Centro de Desarrollo Integral en Huehuetenango, Centro de Formación en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos y Centro San Benito en Cobán, entre otros.

Sacerdotes y religiosas trabajaron fuertemente en estos centros, que fueron apoyados además por los obispos que veían en esta estructura eclesial un camino para la evangelización y formación de las comunidades cristianas.

Una experiencia significativa a nivel nacional fue el Centro de Adiestramiento de Promotores Sociales (CAPS), auspiciado por la Universidad Rafael Landívar. El programa desarrolló cientos de laboratorios vivenciales, capacitó líderes campesinos, promovió la organización social y la animación comunitaria.

La preocupación de la Iglesia en esos años se dirigió también hacia los pueblos indígenas. En 1971 el obispo Juan Gerardi promovió en la diócesis de La Verapaz un Encuentro de Pastoral Indígena, que fue seguido en diversos lugares de occidente. Sacerdotes indígenas junto con otros extranjeros tradujeron y difundieron la Biblia en idiomas mayas. En Chimaltenango surgió el Programa Misionero Kaqchiquel (PROMIKA), como una colaboración entre la diócesis de San Francisco (los Estados Unidos) y la de Sololá. Promovieron sobre todo entre los jóvenes la lectura y escritura del kaqchiquel. De ahí saldrían futuros líderes e intelectuales indígenas.

La polarización política

El acercamiento entre la Democracia Cristiana (DC) y la Acción Católica (AC), como también su opción coincidente por proyectos reformistas, entraron en crisis a mediados de los años 70 debido al shock petrolero, el encarecimiento del abono químico y las expectativas frustradas en 1974, cuando al candidato de la DC a la Presidencia, el general Ríos Montt, se le arrebató la victoria. La postura no beligerante de los demócrata cristianos decepcionó a los miembros de la AC, quienes se fueron radicalizando y buscando otras opciones de participación política.

En el área Ixil y norte de la diócesis de El Quiché las acciones militares del Ejército entre 1975 y 1976 ya estaban cobrando las primeras víctimas entre la AC. De noviembre de 1976 a diciembre de 1977, 143 directivos y catequistas de la AC del área Ixil y del Ixcán fueron secuestrados y asesinados.

Indudablemente un sector de la Iglesia católica inspirado por la Teología de la Liberación se convirtió en uno de los más fuertes componentes del auge del movimiento revolucionario al final de los años 70. La Guatemala indígena de esa época parecía ofrecer el terreno y los ingredientes favorables para un encuentro entre el mesianismo guevarista y la religiosidad popular que no se había observado en la década anterior (Le Bot, 1996).

En el paso del movimiento social a la lucha armada, las relaciones entre los responsables de las parroquias y sus fieles no funcionaron de acuerdo a un sólo esquema y en un único sentido. No por ello deja de ser cierto que en ciertos casos fueron un punto de unión. Entre el grupo de guerrilleros dirigido por revolucionarios profesionales y las comunidades indígenas, la religión fue una de las mediaciones principales. Permitió a la guerrilla dar un salto cualitativo a partir de 1976 .

Sin embargo, otros observadores señalan que aparte de reivindicaciones económicas, el tema del respeto a la dignidad humana fue el que más prendió entre la población indígena campesina en el discurso de la iglesia progresista.

Esto no era sino reflejo de una fuerte corriente de conciencia social que había venido tomando forma en el interior de la Iglesia católica, especialmente después de que a principios de los años 70 los jesuitas fundaron el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) en la zona 5 de la capital, confluyendo el trabajo que ellos estaban realizando en la capital y sur de El Quiché y Chimaltenango, con la actividad de los sacerdotes del Corazón de María en el norte de El Quiché y los sacerdotes belgas y suizos que estaban en la costa sur. Este movimiento fue evolucionando hacia la constitución del CUC en la costa sur y el altiplano.

Gran parte de los procesos de reflexión que se desarrollaron en las zonas rurales durante los años 70 tuvo lugar en un contexto religioso. La Iglesia poseía la red de comunicación más extensa para poder llegar a las áreas más remotas y la religión jugaba un papel muy importante en la vida de los indígenas.

Poco después, con motivo de la masacre de la embajada de España, cientos de cristianos decidieron incorporarse a las organizaciones guerrilleras y también lo hizo un grupo de sacerdotes que habían participado en el proceso anterior.

La brutal represión desatada contra la Iglesia católica fue un elemento que catalizó esta radicalización. La campaña de represión selectiva contra la Iglesia se encarnizó especialmente en 1980. El 1 mayo fue asesinado el párroco de Tiquisate, Conrado de la Cruz; 12 de mayo fue el Padre Walter Voodeckers, párroco de Santa Lucía Cotzumalguapa. En noviembre, el gobierno negó la entrada al país del presidente de la CEG y obispo de El Quiché, Juan Gerardi. En julio las autoridades eclesiales habían decidido cerrar esa diócesis.

También en 1981 la Iglesia católica continuó sufriendo la represión. El 14 de mayo fue asesinado el P. Carlos Gálvez Galindo, párroco de Tecpán, Chimaltenango. El 8 de junio fue detenido el jesuita Luis Eduardo Pellecer Faena, colaborador del EGP. El 1 de julio fue ametrallado el sacerdote franciscano Tulio Maruzo, en Quiriguá, Izabal. El 25 de julio aparecieron los cadáveres de los misioneros laicos Raúl Joseph Leger (canadiense) y Ángel Martínez Rodrigo (español). El 27 de julio fue asesinado el sacerdote estadounidense Francisco Stanley Rother, en la casa parroquial de Santiago Atitlán, Sololá. También en julio fue asesinado el pastor evangélico Félix Moxón Chutá. El 2 de agosto fue secuestrado en la capital el jesuita español Carlos Pérez Alonzo.

Pero la ola represiva continuó durante los primeros meses de 1982. El 2 de enero fue herido a tiros el Padre Horacio Benedetti, párroco de San Antonio Suchitepéquez. El 4 de enero fueron secuestrados los sacerdotes Pablo Schildermans y Roberto Paredes Calderón, en Nueva Concepción, Escuintla; tres días después fueron dejados libres. El 5 de enero fue asesinado el religioso Venancio Aguilar Villanueva. El 6 de enero fue desaparecida la religiosa bethlemita Victoria de la Roca, en Esquipulas, Chiquimula. El 19 de enero fue también desaparecido el religioso belga Sergio Berten. El 20 de enero fue asesinado en la capital el dominico guatemalteco Carlos Ramiro Morales López, dirigente del grupo guerrillero MRP-Ixim. El 13 de febrero fue asesinado en Huehuetenango James Alfred Miller, hermano de La Salle. Parecía el preludio de una campaña que en el período siguiente adquiriría un carácter casi de guerra religiosa, aunque ya no se atentara contra la vida de los religiosos.

11. El final de Lucas

La alianza entre los partidos PID-PR y los aranistas que llevó al general Lucas al poder se fue desintegrando rápidamente. El mismo triunfo de Lucas había mostrado claramente la fragilidad del sistema político electoral, que no pudo contrarrestarse con la llamada apertura democrática que permitió la inscripción de nuevos partidos, en un intento de recuperar legitimidad buscando el fin del dominio político de los cuatro partidos tradicionales.

En 1981 volvió a desatarse la carrera por la sucesión presidencial en un panorama claramente tenso, en que la institucionalidad se encontraba seriamente en entredicho. Desde septiembre, el general Aníbal Guevara, ministro de la Defensa de Lucas, había iniciado su campaña apoyado por el PR, PID y FUN, eligiendo al ex-alcalde de la capital (y vinculado con el general Arana) Ramiro Ponce Monroy, como compañero para la vicepresidencia. Se trataba una vez más de la fórmula de continuismo para mantener los negocios del alto mando militar y sus socios empresarios. Pero para entonces este grupo estaba ya aislado en el mundo empresarial y militar. Gustavo Anzueto Vielman se presentó como candidato presidencial por el CAN, con el apoyo del general Arana y los licenciados Ernesto Berger y Danilo Parrinello. También el ex ministro de Finanzas, el coronel Hugo Tulio Búcaro, anunció su candidatura presidencial y dijo contar con el apoyo de Lucas.

Por su parte, el EMG, al margen de los aparatos de seguridad del Estado, había terminado de elaborar su propio programa contrainsurgente, que dejaba de lado la alianza entre los empresarios y el gobierno establecida dos años antes. De esta manera, al conocerse el nuevo fraude electoral que daba la Presidencia al general Aníbal Guevara, el Ejército decidió, en medio de una crisis institucional innegable, romper el formalismo y dar un golpe de Estado el 23 marzo de 1982 que permitiera, en primer lugar, culminar la ofensiva contrainsurgente, y en segundo lugar redefinir un marco institucional acorde con esa estrategia.