CAPÍTULO SEXTO

EL GOBIERNO DE VINICIO CEREZO

Primera Parte

La transición (1986-87)

La Democracia Cristiana (DC) ganó con el 67% de los votos las elecciones de 1985. Durante su campaña, el candidato Vinicio Cerezo manejó con prudencia los tópicos de la situación militar. Fueron frecuentes sus referencias a la violencia del pasado, pero se cuidó mucho de hacer señalamientos concretos contra el Ejército. Sin embargo, frente a las presiones del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) prometió crear una comisión para determinar el paradero de los desaparecidos. También dijo que realizaría un referéndum aldea por aldea sobre el futuro de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Aseguró que las Coordinadoras Interinstitucionales pasarían a control civil, y que controlaría la Inteligencia Militar (D-2) y al Estado Mayor Presidencial (EMP) nombrando a personas de su confianza. Además anunció que haría desaparecer el Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) de la Policía Nacional, creado por el régimen de Ríos Montt y acusado de violaciones de los derechos humanos.

En la campaña electoral todos los partidos renunciaron a emprender reformas estructurales del tipo de la reforma agraria o fiscal, y a excepción de la DC todos los partidos criticaron las medidas fiscales del gobierno militar y apoyaron un programa económico neoliberal. Antes de las elecciones los sectores más modernos de los empresarios se mostraban confiados en un posible triunfo de la DC. Al afirmar que nadie va a matar la gallina de los huevos de oro expresaban su convencimiento de que la cúspide demócrata-cristiana coincidía con ellos en el peso que los empresarios habrían de tener en un futuro desarrollo económico. Por supuesto se trataba solamente de un sector de los empresarios, pero eran los que habían jugado un papel determinante en la unificación y definición de objetivos del sector. El resto parecía más unificado en torno a las medidas concretas que se pudieran aplicar, que en la capacidad política de la DC para lograr el crecimiento económico que ellos esperaban.

Algunos sectores del empresariado vieron las elecciones de 1985 como una especie de termómetro que les permitiría conocer mejor las perspectivas para la estabilidad a mediano y largo plazo, y medir las posibilidades de que sus postulados económicos se aceptaran como parte del nuevo consenso social. Este apoyo (a la democracia) tomó, por un lado, la tradicional forma de contribuciones económicas (a los partidos políticos); por otro lado, y de manera consciente con sus esfuerzos por mejorar su propia imagen y renovar su capacidad dirigente frente al conjunto de la sociedad, algunas organizaciones gremiales asumieron el papel de educación cívica tanto en relación a la nueva Constitución como al proceso electoral. En el sector empresarial se compartía un desprecio profundo por todos los partidos políticos y por la gran mayoría de sus dirigentes.

 

1. La concertación

Las relaciones entre la DC y el Ejército ya se habían desarrollado en los últimos meses de 1985 en el marco del Diálogo Nacional convocado por el régimen militar. Después del triunfo de Vinicio Cerezo, éstas aumentaron. También se produjeron en esos días presiones y amenazas de los cuerpos de seguridad para frenar el alcance de los cambios que el nuevo presidente pretendiera introducir.

Así, el 12 de diciembre, el mismo día en que Cerezo anunció que disolvería el DIT, fue brutalmente torturada y asesinada Beatriz Barrios Marroquín, una maestra que ya había sido secuestrada y que estaba negociando su salida del país a través de la embajada de Canadá. Este crimen, aunque acarreó protestas diplomáticas, sirvió como desafío frente a las promesas de Cerezo de acabar con la impunidad de los cuerpos de seguridad.

El 3 de enero de 1986, antes de tomar posesión de la Presidencia de la República, Cerezo se reunió con el Consejo de Comandantes para presentar a los funcionarios que había elegido (Gramajo, 1995). Como ministro de la Defensa escogió al general Jaime Hernández Méndez, un militar que había jugado un papel clave en el golpe contra Ríos Montt y al que sólo le quedaba un año de servicio activo en el Ejército. Como jefe de Estado Mayor de la Defensa (EMD) eligió al general Alejandro Gramajo, vinculado con las corrientes desarrollistas y al que había conocido en el tiempo en que éste estuvo como agregado militar en Washington. Gramajo, a su vez, escogió como subjefe del EMD al coronel Manuel Antonio Callejas, el líder de La Cofradía, pero unido a Gramajo por lealtad a lo largo de la carrera militar. Cerezo designó al coronel Roberto Mata Gálvez como jefe de su Estado Mayor Presidencial (EMP), otro militar desarrollista que había desempeñado cargos importantes al frente de la campaña contrainsurgente, aunque como subjefe del EMP fue designado el coronel José Edgar Rolando Solís, un militar de inteligencia, también miembro de La Cofradía. Al frente de la D-2 quedó el general Edgar Augusto Godoy Gaitán, quien había ocupado puestos administrativos y de Estado Mayor en la época del general Lucas.

Gramajo no era el oficial con mayores méritos para ocupar el puesto de jefe del EMD, y el nombramiento de Jaime Hernández, protagonista del golpe de 1983, como ministro –a pesar de que en un año debería pasar a retiro– significó un reconocimiento al grupo de poder instaurado en 1983.

Los militares más conocidos por su actividad desarrollista en el Comité de Reconstrucción Nacional (CRN) fueron promovidos a cargos en el Estado Mayor de la Defensa o en el gobierno. El nuevo papel de los jefes de los estados mayores Presidencial y Vicepresidencial, los llevó al poco tiempo a controlar toda la actividad pública y de despacho del presidente y del vicepresidente.

Simultáneamente, el régimen militar terminó de asegurar su futuro legalmente. El 10 de enero de 1986 fueron publicados 16 decretos-ley, de un total de 40 emitidos en esas fechas. Los más conocidos fueron el 8-86, que establecía la amnistía para todos los delitos políticos y comunes conexos cometidos durante el período 1982-86, y el decreto 25-86, que modificaba nuevamente la Ley Constitutiva del Ejército. Dentro de este paquete también fueron promulgados decretos-ley menos publicitados pero de gran significado, como el 43-86, que establecía el Consejo de Seguridad Nacional, y otros que asignaron pensiones vitalicias y hereditarias para funcionarios del régimen militar, o bien que modificaron el régimen patrimonial del Comisariato del Ejército. También se incluyó el reconocimiento legal de las PAC convirtiéndolas en Comités de Defensa Civil; se creó el Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural, y se autorizó el contrato para supervisión de exportaciones con la firma francesa SGS.

Tres días después de la toma de posesión del nuevo Presidente, se volvió a reunir el Consejo de Comandantes con su Alto Mando entrante, para que el jefe del EMD les expusiera los nuevos lineamientos (Gramajo, 1995). En esta ocasión el general Gramajo insistió en el profesionalismo y la apoliticidad de la institución, y presentó el Plan de Campaña Consolidación 86; hizo advertencias contra la corrupción y habló de una doctrina centralizada en materia de seguridad. Leer Nota al Pie1

Uno de los propósitos del Plan de Campaña Consolidación 86 era redefinir una doctrina integral de seguridad: la Estabilidad Nacional. En Guatemala, la política es la continuación de la guerra por otros medios fue la frase con que el mismo presidente resumió esta nueva concepción. En cuanto a los medios, Gramajo señala que se propusieron involucrar a organismos civiles, e incluso internacionales, en la atención a la población civil afectada por el conflicto armado, especialmente mediante ACNUR, la creación de la Comisión Especial de Atención a Refugiados (CEAR) y el Ministerio de Desarrollo, así como el traslado de las Coordinadoras Interinstitucionales a los nuevos gobernadores civiles. Al mismo tiempo se anunció que las Patrullas de Autodefensa Civil, que pasaban a llamarse Comités Voluntarios, no deberían incrementarse durante 1986.

A pesar de todo, en los primeros meses del nuevo gobierno, el tema militar no pareció ocupar la principal atención del gobernante, concentrándose en negociar con los empresarios un Programa de Reordenamiento Económico y Social que debería satisfacer las inquietudes de los sectores desarrollistas del Ejército.

 

2. Los primeros acuerdos

En junio el Presidente anunció en una rueda de prensa que estaba elaborando un concepto de seguridad nacional, de acuerdo con la nueva situación democrática. En esos días la oficina de prensa de la embajada de los Estados Unidos distribuyó un discurso de Elliot Abrams, subsecretario de Estado, ante el Colegio Interamericano de Defensa: Hoy aprendemos una lección nueva; además del nexo entre la seguridad y el desarrollo, hay un segundo nexo, éste entre la seguridad y la democracia. Unas semanas después el recién nombrado director de la Policía Nacional, coronel Julio Caballeros, reconoció que existía una coordinación entre la policía y el Ejército, ya que aquella era la primera línea de combate a la subversión.

El tema que con más fuerza se reflejó ante la opinión pública referido a la cooperación entre el mandatario y el Ejército, fue la respuesta a aquellas presiones que exigían el esclarecimiento de la violencia y el juicio y castigo de los responsables. También en el desarrollo de los planes de guerra, el Ejército recibió el apoyo del presidente Cerezo. En 1986 se priorizó a las unidades de apoyo de servicios, terminándose de equipar el Hospital Militar y completándose unidades de transporte. La principal ayuda para este reequipamiento se logró en los Estados Unidos.

Durante 1986 el Ejército limitó sus operaciones a lo que Gramajo llamaría Reconocimiento en Fuerza: cortas operaciones de incursión en zonas controladas por la guerrilla, concentrando gran cantidad de efectivos en áreas pequeñas para evitar bajas. Estas campañas, que se desplegaron en los meses de abril-mayo y octubre-diciembre, no impidieron que la actividad de la guerrilla del primer semestre alcanzara en el segundo semestre un desarrollo similar al de 1985. Las dificultades económicas parecieron haber limitado la capacidad ofensiva del Ejército. Sin embargo estas operaciones militares, especialmente en el área Ixil, comenzaron a arrojar un alto número de civiles capturados, según reflejó la prensa en los últimos meses del año.

Precisamente en la atención a la población desplazada por la guerra fue donde más claramente se mostró la colaboración del gobierno civil. Ya desde abril se produjeron los primeros casos de retorno de desplazados, que buscaron la protección de la Iglesia católica en Izabal y La Verapaz. En ambos casos el Ejército secuestró y asesinó a algunos de los retornados, con la correspondiente protesta de la Iglesia, que el presidente no atendió (Mack, 1989).

El segundo tema de concertación para respaldar la línea del Ejército, fue la negativa del presidente Cerezo a dialogar con la guerrilla. Inicialmente la URNG, en declaraciones del comandante Pablo Monsanto, ofreció un compás de espera para no entorpecer al gobierno en el cumplimiento de sus promesas electorales.

En mayo la URNG presentó una propuesta global de depuración y reestructuración de los cuerpos de seguridad, que fue respondida por el Presidente en su discurso del Día del Ejército, advirtiendo que no había más diálogo que acogerse a la amnistía. En octubre la URNG hizo pública una Carta Abierta donde proponía un diálogo al más alto nivel y según Gramajo, en noviembre de 1986, la guerrilla se acercó a la embajada de Guatemala en España para proponer conversaciones, que fueron aprobadas por el alto mando. Pero para finales de año la guerrilla ya se mostraba decepcionada de las expectativas ofrecidas por Cerezo y había restablecido su nivel de operaciones.

En lo que se refiere a los acuerdos previos con el sector empresarial, la formación del gobierno demócrata cristiano estuvo determinada por criterios partidistas, aunque en algunos puestos clave se colocó a personajes que tenían claras vías de acercamiento con el sector empresarial, como el presidente del Banco de Guatemala, Federico Linares, vinculado con la familia Castillo.

Lo primero que el gobierno negoció con el sector empresarial fue un Plan de Estabilización Económica en el que los empresarios ofrecían apoyar determinadas medidas populistas con un impuesto especial a la exportación, a cambio de contrapartidas.

El 1 de mayo entró en vigor el Programa de Reordenamiento Económico y Social (PRES) que proponía Q100 millones para crear 400,000 puestos de empleo emergente; subía el encaje bancario para reducir el crédito de corto plazo y fijaba la tasa de interés en relación a la inflación; establecía un impuesto global y decreciente del 30% para las exportaciones; también mantenía el mercado de divisas controlado, pero se establecían tres tipos de cambio que permitían que los agroexportadores recibieran las divisas a 2.5 por 1, compensando así los impuestos extraordinarios.

En general los empresarios se mostraron satisfechos de esta negociación global, más fácil que las que tenían que mantener con el gobierno militar, aunque se reservaron el derecho de crítica por las muestras socializantes de la DC y de presión para desmantelar el sector público (Campo pagado en Prensa Libre 21/3/86).

Si bien el balance económico de los dos primeros años de gobierno demócrata cristiano resultó aceptable, el sector empresarial fue el único beneficiado ya que los contenidos populistas o desarrollistas del PRES no llegaron a ejecutarse, a pesar del aumento del presupuesto público. Ahora bien, en 1986 el gobierno sólo ejecutó el 30% del gasto social programado, debido a las presiones monetarias que le impuso el Banco de Guatemala.

3. Las primeras tensiones

Pronto el gobierno reaccionó frente a esta situación y en 1987 comenzó a producir giros en su política, lo que provocó la consecuente respuesta empresarial. El 19 de marzo el presidente hizo público su Memorándum a todos los guatemaltecos, en el que exponía el Plan de Reorganización Nacional (PRN) para 1987. Éste incluía extensas reformas estructurales para revertir la deuda social del Estado con su población.

Ese mismo mes el gobierno anunció una campaña de entrega de fincas estatales y UNAGRO pidió la destitución del ministro de Agricultura, Rodolfo Estrada. Como respuesta el gobierno comenzó a analizar la posibilidad de una reforma tributaria revisando la base imponible, estableciendo un IVA diferenciado y aumentando el impuesto a determinadas importaciones. El Presidente inició nuevas negociaciones con el sector privado en dos puntos: reforma tributaria y papel del Estado en la economía, al tiempo que solicitaba al CACIF Q100 millones para detener el déficit fiscal.

Por otro lado se habían producido cambios en el gobierno: Rodolfo Paiz desplazó a los otros miembros del gabinete económico y preparó sus reformas tributarias al margen de la negociación. Las tensiones políticas generadas llevaron a la renuncia del presidente del Banco de Guatemala, Federico Linares.

En marzo se creó por acuerdo gubernativo el Departamento de Control Administrativo de la Presidencia (DECAP), bajo la dirección del coronel Hugo Morán Carranza, quien desde el ministerio de Finanzas había tenido que ver con el control de las evasiones de impuestos de algunos empresarios. En este contexto fue que se desencadenó el primer gran enfrentamiento público de la cúspide del sector empresarial con el gobierno: las huelgas empresariales de septiembre de 1987, que pusieron punto final a la etapa de concertación y permitieron salir a la escena pública a la nueva fuerza de choque del sector empresarial.

 

4. Ruidos en los cuarteles

Según relata Gramajo, las primeras protestas militares se centraban en el revanchismo de los funcionarios civiles que habían llegado al gobierno y que actuaban con espíritu antimilitarista.

En mayo de aquel mismo año algunos observadores advertían sobre el peligro de que se gestara en el Ejército una camarilla de altos mandos demasiado próximos al Presidente, con lo cual se rompería la tranquilidad institucional lograda por Mejía Víctores.

La política desarrollista generó críticas en los medios militares, pues se estancó por incapacidad administrativa, las presiones del sector empresarial y las contradicciones entre el Ministerio de Desarrollo (dirigido por René de León Schlotter) y otras dependencias como la Vicepresidencia (a cargo de Roberto Carpio Nicolle).

El Ejército continuó dando toda la importancia a su Sección de Asuntos Civiles, hasta el punto que en 1986 el Estado Mayor publicó su documento de doctrina. Esta misma Sección de Asuntos Civiles hizo circular a finales de ese año un documento titulado Análisis de las causales que hacen inoperante la estrategia global del gobierno.

La lucha contra la corrupción que anunció el Presidente en los primeros meses de mandato también generó recelos y suspicacias en las filas del Ejército, ya que las alusiones a la corrupción del pasado bien podían ser atribuidas al Ejército.

También la política exterior de neutralidad activa, anunciada en la reunión de presidentes centroamericanos de Esquipulas, provocó desconcierto en las filas militares, pues en ese momento el ministro de la Defensa era presidente del Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA).

La política de seguridad del nuevo gobierno civil provocó malestar en las filas militares. La disolución del DIT no pareció representar mayor problema para las estructuras de seguridad, que reincorporaron a los cuadros más importantes en la recién creada Brigada de Investigaciones Especiales y Narcóticos (BIEN). Tampoco en materia de garantías ciudadanas representó un avance. Los jueces sólo tomaban conocimiento de los datos del archivo del ex-DIT por certificación emitida por la policía.

En cualquier caso, las prioridades de la seguridad en este primer año parecieron centrarse en renovar sus métodos y estructuras, y actualizar sus bases de datos. La campaña psicológica contra el GAM fue lo más significativo, junto a determinados casos de violencia en el interior que mostraron cómo los comandantes de zona no acataban la doctrina centralizada.

 

5. La fuerza de la nueva derecha empresarial

Con el arribo del nuevo gobierno también llegaron al control de los órganos de decisión empresarial nuevos grupos, justamente cuando la coyuntura económica y política regional e internacional parecía favorecer el desarrollo y la mayor fuerza del sector empresarial guatemalteco. Los sectores económicos favorecidos por las medidas monetarias del gobierno se reactivaron inmediatamente. Así durante 1987 creció el cultivo de los productos no tradicionales de exportación; también el azúcar y el algodón, gracias a los precios logrados para el mercado interno en negociaciones con el ministro de Economía, y en el caso del café porque se legalizó su exportación.

Igualmente se dio un incremento de la producción industrial y la producción de granos, estimulados por la liberalización de los precios tope. El sector de la construcción creció en un 20%, según el CACIF, y los ingresos por turismo triplicaron los de 1986. El CACIF anunció una repatriación de capitales de US$200 millones, y las exportaciones no tradicionales crecieron en un 53%. Finalmente, el sector financiero vio también aumentado su proceso de concentración, ya que si en 1983 los tres bancos más grandes acaparaban el 23% de las operaciones financieras, en 1987 esa proporción había subido al 39% (Marroquín/Escoto, 1993).

Todos estos elementos influyeron para que el sector empresarial organizado adoptara una posición cada vez más beligerante contra el gobierno. Ya en marzo de 1986 el Consejo Nacional del Algodón y la UNAGRO se opusieron a las propuestas para diversificar el área dedicada al cultivo del algodón, que estaba básicamente ociosa. Pero fue en 1987, con la llegada de Juan Luis Bosch y Víctor Suárez a la Cámara de Industria, y de Edgar Heinemann a la Cámara de Comercio, cuando se impuso una línea más dura en el sector empresarial. El 11 de septiembre el CACIF convocó al primer paro empresarial de medio día a nivel nacional.

Juan Carlos Simons, diputado del MLN, vinculó los nuevos impuestos con el diálogo con la guerrilla que se había celebrado en Madrid. El Ejército está dividido, afirmó. Por su parte, el ministro de la Defensa, general Gramajo, se declaró contra la derecha desestabilizadora que pretendía que el Ejército le hiciera el trabajo sucio. La batalla contra los impuestos resultó finalmente negativa para el empresariado, ya que fueron aprobados. Pero en la lucha se desataron fuerzas incontroladas dentro del sector empresarial, que no tardarían en poner en riesgo los difíciles compromisos de la transición institucional.

 

6. Una batalla sin ganadores

La represión selectiva contra el movimiento popular no desapareció con la llegada del gobierno civil: el 15 de mayo fue asesinado el pastor Nicolás Chuy Cumes y el 2 de junio el GAM denunció la desaparición de 120 personas en los primeros seis meses del año. La situación no mejoró en 1987: los asesinatos y desapariciones de sindicalistas, profesionales y estudiantes continuaron; para el caso, sólo en abril fueron asesinados cuatro médicos en la capital.

En la mayoría de casos la represión pareció obedecer a intereses contrainsurgentes, aunque el presidente Cerezo los justificó el 20 de marzo de 1987, atribuyéndolos a la delincuencia común y afirmando que hasta ahora no se ha atacado a ningún dirigente sindical o político.

Fue en el campo, en las zonas en que la URNG aumentó su presión militar, donde la represión estuvo más acentuada, especialmente en áreas de Suchitepéquez, San Marcos y Quetzaltenango. Como respuesta a los movimientos revindicativos por tierras y a la permanente presencia de la ORPA, se produjo una cadena de asesinatos. También en Izabal, donde se habían registrado luchas sindicales, y en oriente y en la costa sur, donde estaba extendiéndose la presencia guerrillera, se dejó notar la represión, en especial en Chiquimula.

En el área Ixil el Ejército también concentró sus esfuerzos contrainsurgentes en 1986. Fue en septiembre cuando el Ejército lanzó su ofensiva Fin de Año para capturar a la población que sobrevivía en las zonas de presencia guerrillera. Después de esta campaña militar, el 14 de noviembre, el general Gramajo declaró que 90 familias pedían semanalmente la protección del Ejército en el área Ixil, y se inició la construcción acelerada de las aldeas modelo. En total, durante 1987, el Ejército afirmó haber recuperado a 2,000 desplazados, de un total estimado de 7,000.

A partir de la llegada del general Gramajo al Ministerio de la Defensa, comenzó a perfilarse una nueva estrategia en el Ejército, que sufriría un desplazamiento después del intento de golpe de Estado de mayo 1989 y se debilitaría al dejar el cargo en mayo de 1990, hasta ser reemplazada con la llegada del nuevo gobierno en 1991. No obstante, la línea definida por Gramajo incorporó a elementos y cuadros militares que resurgieron en mayo de 1993, y finalmente fueron los que encararon los procesos de negociación sobre el futuro del Ejército desde 1994 hasta su culminación.

Si en 1986 lo más destacado fue el proceso mediante el cual el gobierno civil se adaptó a las condiciones de los militares, durante 1987 el elemento dominante fue el nuevo equipo militar y su discurso, hasta que en mayo de 1988 sufrió la primera confrontación con un intento de golpe de Estado. En esta etapa los dos factores determinantes fueron la conformación de un nuevo grupo en la cúpula militar y su relación con el otro factor de poder, los empresarios.

Durante esta etapa el gobierno civil aún disfrutó de un considerable margen de confianza, dentro de lo que se llegó a llamar la democracia vigilada. Las actuaciones represivas se subordinaron fundamentalmente a los objetivos militares, aunque ya aparecieron los primeros síntomas de líneas de actuación represiva autónomas.

7. El poder de El SindicatoLeer Nota al Pie2

Si por un lado el espíritu corporativo y los privilegios de grupo unían a todo el Ejército frente a las presiones o desafíos externos, también dinámica excluyente y competitiva de la carrera militar favorecía el surgimiento de estos grupos internos de lealtad. El fuerte crecimiento de las estructuras de mando del Ejército, ocurrido a comienzos de la década de 1980, al calor de la etapa más dura de la guerra contrainsurgente, presionó aún más en este sentido. De hecho, con la nueva Ley Constitutiva del Ejército, un alto número de coroneles tendría que pasar a retiro apenas cumplidos los 50 años y sin haber tenido oportunidad de llegar al Alto Mando.

Adicionalmente, desde el momento en que el general Gramajo comenzó a promover a un grupo de altos oficiales fieles a su programa, aquellos que se sentían desplazados comenzaron a agitar el derecho histórico del grupo de 28 coroneles que conformaron le Consejo de Comandantes que apoyó el golpe de Estado de agosto de 1983.

Gramajo quiso dar a el Sindicato un carácter personalista, haciéndolo girar alrededor de su liderazgo. Los esfuerzos por desarrollar una Tesis de la Estabilidad Nacional que renovara la doctrina militar caminaron en este sentido. Todo parece indicar que un factor que ayudó a Gramajo a consolidar su influencia fue el desconcierto que creaba en la alta oficialidad la convivencia con un gobierno civil, aunque también encontró desde los primeros meses de su mandato liderazgos rivales y corrientes de opinión que se aferraban a los viejos esquemas.

Su primera maniobra fue lograr que llegara a la jefatura del Estado Mayor de la Defensa el general Manuel Antonio Callejas, el oficial con mayor liderazgo en la Cofradía. Pero también tuvo que promocionar a otros militares abiertamente hostiles a su línea de dirección, como los generales Pablo Nuila (nombrado director del CEM), José Luis Díaz Muñoz (en Mariscal Zavala) , Julio César Ruano (director de la PMA), o el coronel Byron Disrael Lima, jefe de Inteligencia en 1985 (nombrado comandante de la zona militar de Poptún, en Petén), quienes a lo largo de este período fueron ascendidos y degradados en el Ejército.

El general Gramajo creó su propio equipo de trabajo en el Ministerio de la Defensa y colocó a oficiales afines en otras dependencias del Estado. Fue este grupo (compuesto por oficiales de distinta jerarquía) el que diseñó la nueva estrategia militar en las áreas de seguridad interna, relaciones internacionales y política institucional dentro del Ejército. El mismo Gramajo insinúa que el poder de este grupo fue bastante fuerte en campos como las conversaciones con la URNG, las negociaciones internacionales en materia de derechos humanos, o los límites de la doctrina centralizada de seguridad interna, que se referían directamente a la política del ministerio.

8. La Doctrina de la Estabilidad Nacional

La nueva política de seguridad nacional que había anunciado el presidente Vinicio Cerezo en junio de 1986, la fue perfilando el general Gramajo a lo largo de 1987 y 1988. Muy bien definido quedó el papel de las fuerzas armadas como garantía de la supervivencia del Estado. Debemos ser la reserva moral de la nación, advirtió Gramajo. Y propuso el dilema central de este esfuerzo como el intento por responder una pregunta: ¿Es el Ejército anticomunista, o pro democrático? Se entendía al gobierno civil como un instrumento para la continuidad de su política contrainsurgente global, y se aconsejaba mantener la seguridad como fundamento de la estabilidad nacional

Simultáneamente Gramajo hizo un esfuerzo para hacer llegar su nuevo pensamiento militar a otros sectores de la sociedad. Pero fue el llamado Foro empresarial 27 años de lucha por la libertad la actividad de mayor relevancia. En 1988 el Estado Mayor de la Defensa Nacional publicó un documento titulado La Tesis de la Estabilidad Nacional, en el que el concepto de seguridad interna quedaba descrito como

El complejo de acciones realizadas por el Estado, en el marco de la seguridad nacional y en el ámbito del país, con el objetivo de destruir o neutralizar los antagonismos o presiones, de cualquier origen, forma o naturaleza, que se oponen o pueden oponerse a la conquista y mantenimiento de los objetivos nacionales .

El nuevo concepto de Estabilidad Nacional y la forma en que fue presentado, tanto dentro del Ejército como fuera de la institución, pronto generó una corriente de oposición dentro de la fuerza armada que terminaría en el intento de golpe de Estado de 1988.

 

9. La Ofensiva de Fin de Año

El plan de campaña Fortaleza 87 tenía previsto un componente hacia afuera que se concretó a partir de septiembre, cuando el Ejército concentró unidades especiales y tropas de varias zonas militares en la llamada Ofensiva Fin de Año contra los frentes guerrilleros del EGP y la ORPA .

En marzo organizó una masiva campaña de reclutamiento entre desempleados de la costa sur llamada Amistad 87. En abril resultó llamativo el uso que el Ejército hizo de varios helicópteros Chinook, cedidos por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, para trasladar tropa que reforzó la zona militar de Playa Grande. Un mes más tarde el Ejército lanzó incursiones contra los frentes guerrilleros en el área Ixil, que se acompañaron con un masivo reclutamiento de patrulleros.

La Ofensiva de Fin de Año en el norte del país movilizó a unos 3,500 soldados, en una combinación de los batallones de cada zona militar involucrada, más el empleo de tropas especiales. El mando centralizado en la jefatura de la Fuerza de Tarea Kaibil Balam, que recaía en el coronel Jaime Rabanales, permitió unificar el esfuerzo militar en objetivos precisos, que permitieron al Ejército instalar puestos de patrulla avanzados en áreas que anteriormente controlaban los frentes guerrilleros.

Sin embargo los efectos de la Ofensiva de Fin de Año se sintieron más sobre la población desplazada que sobre las unidades militares guerrilleras, que apenas experimentaron bajas. Los planes se complicaron, además, cuando en noviembre el Congreso de los Estados Unidos no aprobó la ayuda solicitada de US$10 millones.

En enero de 1988 Gramajo anunció el Plan de Campaña Unidad 88, destinado a convertir la ventaja militar en ventaja política e impedir que la guerrilla haga contacto con la población. Se disolvieron las Fuerzas de Tarea y el peso de la ofensiva recayó sobre las unidades especiales de Paracaidistas, Guardia de Honor y kaibiles, encargadas de mantener los puestos de avanzada que se habían logrado en 1987, mientras que las tropas de las zonas militares se encargaban del control de la población.

En febrero de 1988 la ORPA desató una ofensiva militar en el área de Patzún, donde hasta entonces no se había registrado actividad guerrillera especial, en tanto que las FAR aumentaron sus tomas de poblaciones y carreteras en Petén. El EGP centró sus esfuerzos en extender sus frentes guerrilleros más al sur de donde había llegado la Ofensiva de Fin de Año, y en reconstruir sus redes logísticas, haciéndolas autónomas de la población desplazada.

 

10. La neutralidad Activa

A comienzos de 1987 Cerezo explicó a sus correligionarios el sentido de la neutralidad activa: nuestra amenaza no está en Nicaragua, sino en las montañas. Hay que manejar el conflicto regional de manera que nos favorezca en nuestra situación interna. Hasta ese momento la política exterior del gobierno civil no era sino una continuación de la emprendida por los gobiernos militares. Sin embargo, unos meses después, al aprobar los presidentes centroamericanos el Plan de Paz del presidente Oscar Arias, el gobierno guatemalteco comenzó a perder el control de la situación.

Gramajo había establecido relaciones en Washington con el despacho del abogado liberal Paul Ritchler, el mismo que asesoraba al gobierno sandinista. Por parte del gobierno la cancillería fue entregada al hombre fuerte de la DC, Alfonso Cabrera, quien incorporó a personajes de la confianza del Ejército, como Ariel Rivera y Antonio Arenales Forno, enviando a otros como José Luis Chea y Francisco Villagrán hijo a Ginebra y Washington.

Aunque se creó una Comisión de Verificación del cumplimiento de los compromisos de paz, Cerezo confiaba en que su mediación acerca de los sandinistas neutralizaría cualquier presión de los grupos guerrilleros. Por lo demás el gobierno se limitó a cumplir formalmente los compromisos, promulgando en noviembre un nuevo decreto de amnistía (que se usó como elemento propagandístico en la Ofensiva de Fin de Año), instalando la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) y llevando a cabo una reunión con la URNG en octubre en Madrid, España.

Por su parte la URNG aumentó considerablemente su actividad político diplomática. Durante 1988 la URNG siguió insistiendo en sus propuestas de cese al fuego, creación de zonas desmilitarizadas e inicio de un diálogo político con el gobierno. Por otro lado, sus iniciativas políticas se centraron en aquellas instituciones que como la Iglesia católica, la CNR o el presidente Oscar Arias de Costa Rica habían expresado su voluntad mediadora.

Frente a estas iniciativas el Ejército elaboró una estrategia defensiva, consistente en apegarse a la legalidad de la Constitución de 1985 y defender la estrategia de no reconocer a los subversivos bajo ningún concepto de beligerancia como parte involucrada en un conflicto interno. Esta postura la expuso el Alto Mando del Ejército a la CNR en una reunión celebrada en febrero de 1988. En cualquier caso el Ejército logró que durante 1987 y 1988 que el conflicto interno en Guatemala no fuera considerado dentro de la agenda del proceso de paz centroamericano.

 

11. El mensaje y otras técnicas

La actividad represiva del Ejército tuvo en esta etapa dos manifestaciones. Una relacionada con el desarrollo de la guerra y otra destinada a amedrentar a las organizaciones populares o a activistas de los grupos guerrilleros que regresaban al país, en lo que se llamó la técnica del mensaje (Jonas, 1994).

Viendo en perspectiva la trayectoria de violaciones de los derechos humanos en el período de enero 1987 a mayo 1988, llama la atención en primer lugar la larga lista de secuestros y asesinatos con tortura contra campesinos de las zonas de San Marcos, Retalhuleu, Suchitepéquez, Sololá y Chimaltenango, llevadas a cabo por grupos uniformados. Por tratarse de una zona de expansión de los frentes guerrilleros de la ORPA, es fácil suponer que se trató de crímenes contra supuestos colaboradores de la guerrilla. La ausencia total de capturas y entrega a los tribunales de justicia, hace pensar que la política seguida por las autoridades militares en las zonas de conflicto fue la de secuestrar y desaparecer a los sospechosos de colaborar con la guerrilla. Esta situación fue claramente percibida en comunidades como Santiago Atitlán.

Otra de las características de la política represiva controlada por el Estado fue seguir usando en la capital a las fuerzas de la Policía Nacional para llevar a cabo actos intimidatorios contra las organizaciones del movimiento popular, buscando la manera de que pudieran ser atribuidas a la delincuencia común u otros tipos de violencia, forma de represión que se centró en cuadros medios y activistas anónimos, que no alcanzaban resonancia internacional. Cuando el presidente fue cuestionado en marzo de 1987 sobre el aumento de las violaciones a los derechos humanos, lo atribuyó a la delincuencia común.

Mientras la Policía Nacional era equipada con ayudas de los gobiernos de Alemania, Venezuela, los Estados Unidos y España, sus elementos, controlados por oficiales de la D-2, eran usados para realizar el trabajo sucio de la contrainteligencia (WOLA, 1989). Existen sin embargo suficientes indicios de que esta situación provocó contradicciones sobre la política de seguridad. El desarrollo y la modernización de los cuerpos policiales, publicitado por el ministro de Gobernación, Juan José Rodil Peralta, fue usado por los grupos desestabilizadores dentro del Ejército. En diciembre de 1987 el columnista Danilo Roca aseguraba que el gobierno estaba creando un super cuerpo de seguridad presidencial, dirigido por Rodil Peralta, que podía convertirse en un desafío al Ejército. Aunque esta denuncia podría no tener más fundamento que el propósito de inquietar a los militares, el incidente de la Pánel Blanca en marzo de 1987, reflejó una lucha interna por el control de los cuerpos de seguridad del Estado.

El gobierno logró presentarse como una víctima asediada por extremistas de ambos bandos que seguían recurriendo a la violencia, y así consiguió que en marzo de 1987 la Asamblea de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidiera retirar el observador para Guatemala y sustituirlo por un asesor. También el informe del Departamento de Estado sobre la situación de derechos humanos en Guatemala durante 1987 reconoció avances en el control de la violencia oficial. Para ello, además de cumplir formalmente los compromisos de Esquipulas II, el gobierno nombró al Procurador de Derechos Humanos e intentó neutralizar al GAM reconociendo a un grupo disidente y aprobando una Ley de Asistencia para Viudas y Huérfanos, con el propósito de restar audiencia al grupo.

Precisamente fue en el tema de los refugiados donde con más claridad se percibió la actitud defensiva del gobierno. Aunque en enero de 1987 el presidente aceptó el retorno libre de los refugiados en una reunión con delegados de ACNUR, el comandante de Huehuetenango impuso arbitrariamente la firma de un acta de amnistía para los retornados, lo cual provocó que la Iglesia católica estimara que aún no habían condiciones para el retorno.

Esta posición dura del Ejército se reafirmó en un documento elaborado por el coronel Molina Bedoya, en el cual aconsejaba el no retorno o el internamiento de los retornados en campos especiales. El mismo Gramajo, en el foro 27 años de lucha por la libertad, reconoció que este tema fue analizado en el Estado Mayor y que éste aconsejó que no se autorizara el retorno en tanto no se lograra cierto trabajo de acondicionamiento psicológico. En cualquier caso, tanto en el tema de los refugiados como en el de la población desplazada, el punto de vista oficial fue que se trataba de bases de apoyo a la guerrilla que el Ejército estaba logrando conquistar. Simultáneamente la presidencia logró que comenzaran a fluir fondos asistenciales para esta población, creó la CEAR pero sin lograr que los mandos militares dejaran de tratar a los desplazados como prisioneros de guerra (Mack, 1989).

 

Segunda parte

La conspiración (1988-89)

El gobierno inició 1988 intentando recuperar nuevamente el tiempo perdido. El Presidente llamó a este año el de las realizaciones y retomó la agenda de reformas del Plan de Reordenamiento Nacional. Así, emprendió una actividad febril, con reuniones de gabinete cada diez días y en febrero se aprobó la Ley de Consejos de Desarrollo en vísperas de celebrarse las elecciones municipales.

Dentro de esta campaña populista, en febrero el gobierno firmó un pacto con la UASP y rompió las conversaciones con el CACIF. El pacto incluía un incremento de la tarifa de energía en un 40% para uso comercial e industrial, un aumento salarial de Q50 en el sector privado y la revisión de salarios mínimos. Por otro lado, confiado en su victoria del año anterior con el tema de la reforma tributaria, el gobierno se aproximó a sectores empresariales aislados pero influyentes, apoyado indirectamente por el nuevo embajador de los Estados Unidos, James Michel.

La Conferencia Episcopal apoyó este giro del gobierno y el 29 de febrero de 1988 publicó su carta pastoral El clamor por la tierra. También el Ejército definió su política de Estabilidad Nacional, según la cual entendía al gobierno civil como un instrumento para la continuidad de su política contrainsurgente global.

 

1. Los golpes

Esta secuencia de medidas fue crispando los ánimos de los sectores empresariales más radicales, y cuando la DC en las elecciones municipales ganó abrumadoramente frente a una coalición de todos los grupos de derecha, el descontento de una parte del sector empresarial se canalizó hacia el grupo de militares que ya estaban conspirando contra el gobierno. Así, el 11 de mayo se produjo un intento de golpe de Estado que inició el camino de la desestabilización del gobierno demócrata cristiano. En este intento golpista aparecieron vinculados los empresarios Edgar Heinemann (Cámara de Comercio), Edgar Alvarado Pinetta (UNAGRO), Gustavo Anzueto Vielman y Juan Luis Bosch; además, otros grupos de empresarios contrataron el transporte de golpistas desde Jutiapa y Retalhuleu.

El intento de golpe de Estado de 1988 tuvo unos efectos inmediatos. El gobierno priorizó los gastos relacionados con la política contrainsurgente e intentó avanzar en realizaciones desarrollistas relacionadas con la guerra. El Presidente ordenó transferir al Ministerio de Defensa US$30 millones de fondos confidenciales, para la compra apresurada de los helicópteros Bell y fusiles M-16, creando un problema de liquidez en el Banco de Guatemala. También el gobierno comenzó a priorizar mediante transferencias presupuestarias a favor del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, que era el ejecutor indirecto de los proyectos militares, especialmente en las áreas donde se había desarrollado la Ofensiva de Fin de Año. Como resultado, durante 1988, el Ejército absorbió Q22.3 millones de los fondos confidenciales de la presidencia, y trasferencias de otros ministerios hasta ampliar en Q31 millones sus gastos de funcionamiento y en Q11 millones los de inversión.

El gobierno de los Estados Unidos entregó un desembolso de urgencia de US$75 millones para estabilizar la situación financiera, ya que trascendieron informaciones sobre una nueva fuga de capitales, aunque según medios empresariales esto se debía al alza del tipo de interés en los mercados internacionales.

En 1989 el partido en el gobierno inició la campaña para las elecciones presidenciales de 1990 y se convirtió en una maquinaria de aprovechamiento de los recursos gubernamentales. Se creó una argolla alrededor del candidato presidencial Alfonso Cabrera. Sin embargo, nuevamente el 9 de mayo se producía un intento de golpe de Estado. En su comunicado, los golpistas atacaban al gobierno corrupto de la DC que pretendía perpetuarse en el poder siendo insumiso con las autoridades judiciales, y pedían el cese del ministro de la Defensa y el de Gobernación.

Este nuevo golpe terminó por desmoronar la capacidad de control del gobierno, que quedó en manos de los militares. En agosto el EMP aumentó el control sobre el presidente, al denunciar un supuesto complot para acabar con su vida, el Plan Manila. Para entonces la ola de represión y criminalidad alcanzaba a toda la sociedad y el gobierno se veía sumido en una falta de credibilidad por las acusaciones de corrupción. Puede decirse que ya para entonces el gobierno había perdido incluso a sus mejores aliados dentro del Ejército.

Pero, además, había perdido el control de la situación económica. En marzo se firmaba un convenio con el Banco Mundial por US$120 millones para invertirlos en un Fondo Social de Inversiones, pero éste quedaba paralizado meses después cuando el BM congeló los desembolsos por resultar Guatemala insolvente con sus acreedores. Entonces el gobierno, ante la falta de liquidez, decidió el 20 de agosto una nueva devaluación y liberar las tasas de interés, y aunque la AID aportó una donación de Q75 millones, la administración congeló el pago del 8% constitucional a las municipalidades del occidente ya que Finanzas bloqueaba los desembolsos. El déficit fiscal era de Q945 millones y el gobierno intentaba controlar la adjudicación de divisas. El gobierno pasó de la iliquidez financiera a la insolvencia, tanto por la caída de los precios del café como por una huelga tributaria de los empresarios. En 1989 la tributación generada por exportaciones había sido de US$58.4 millones, frente a US$102.8 millones en 1988.

2. La guerra sucia

El proyecto de Estabilidad Nacional promovido por el general Gramajo fue influido por presiones internas y externas hasta terminar convirtiéndose en una versión más sofisticada de la Doctrina de Seguridad Nacional. En tanto, con el pase a retiro de Gramajo, el Ejército entró en una etapa de desconcierto y falta de liderazgo, que lo colocó a la defensiva frente a las presiones externas a la institución. Esta actitud defensiva se transformó en mayor violencia institucional y control social.

El análisis del desarrollo de la guerra en los años 1987-1990 ponía de manifiesto un repunte de la capacidad ofensiva de las unidades guerrilleras y su extensión a nuevas zonas del país, llegando en el último año a aproximarse a la capital y a influir considerablemente en la producción agroexportadora.

Frente a este desarrollo de las operaciones guerrilleras, la tesis de la guerra política pronto devino en una suerte de coartada para encubrir una política de abierta represión contra aquellos sectores de la población sospechosos de apoyar directa o indirectamente a las fuerzas guerrilleras. De hecho en esta etapa, ante el desarrollo político y militar de las fuerzas guerrilleras, el Ejército pareció poner más énfasis en las operaciones preventivas de inteligencia que en campañas ofensivas militares.

Desde 1988 el Ejército mantuvo una presión constante contra la población desplazada, usando tropas elites reforzadas con apoyo aéreo, pero especialmente empleando masivamente patrulleros civiles, según denunció la Iglesia Guatemalteca en el Exilio (IGE, 1990). Aunque la Comisión Multisectorial para el área Ixil fue el único caso de proyecto desarrollista contrainsurgente que el gobierno demócrata cristiano pudo realizar, hasta el punto de que en 1990 se habían restablecido la mayoría de las comunidades alrededor de las áreas de refugio de la población desplazada, el flujo de población entregada bajó drásticamente de 4,000 personas en 1988, a 683 en 1989 (Mack, 1989). En 1990 Gramajo reconocía públicamente que existían aldeas errantes de campesinos en el área Ixil, y representantes de las CPR viajaban a Europa para lograr su reconocimiento internacional.

Por otro lado, el análisis de las violaciones de los derechos humanos indica cómo a partir del primer intento de golpe en mayo de 1988, pero especialmente a partir de la presión institucional del 10 de agosto de ese año, el gobierno civil adoptó una actitud de abierta complicidad con las actuaciones represivas del Ejército. La guerra política devino en guerra psicológica para pasar inmediatamente a convertirse en guerra sucia, que en 1989 ya parecía escapar al control del gobierno y convertirse en un elemento desestabilizador. En áreas como San Marcos-Quetzaltenango-Retalhuleu y Suchitepéquez-Sololá, donde desde 1986 se había detectado una persistente campaña de secuestro y asesinato de campesinos como parte de las campañas militares contrainsurgentes bajo la responsabilidad y ejecución descentralizada del comandante de la Zona Militar, éstas se siguieron produciendo, ampliándose a Escuintla, Sacatepéquez, Chimaltenango y Santa Rosa, en la medida en que se fueron extendiendo los frentes guerrilleros. Otro tipo de agresiones contra los derechos humanos se dieron en la zona del sur de El Quiché, norte de Chimaltenango y oriente de Sololá, donde surgió un movimiento muy fuerte contra las PAC, dirigido por GAM, CERJ y CONAVIGUA. En estos casos se evidenció también la participación del Ejército adoctrinando a patrulleros y comisionados militares, o interviniendo directamente en los secuestros.

En la ciudad la represión se manifestó en el secuestro y asesinato de dirigentes no muy conocidos, pero que destacaban en las protestas ciudadanas que se realizaron especialmente en junio de 1989 y 1990. La Asociación de Estudiantes Universitarios, los líderes magisteriales y algunos sindicalistas de empresas en conflicto fueron las víctimas. En muchos de estos casos, la Policía Nacional estuvo implicada en los secuestros.

Estos atentados, y los asesinatos del político demócrata-cristiano Danilo Barillas y el empresario Ramiro Castillo Love, fueron aprovechados por el presidente Cerezo para seguir presentándose como víctima de la violencia desestabillizadora de las fuerzas extremistas de ambos signos. El argumento volvió a ser usado cuando en enero de 1990 fueron asesinados los dirigentes socialdemócratas Héctor Oquelí Colindres (salvadoreño) e Hilda Flores (guatemalteca). Sin embargo, estas afirmaciones terminaron apareciendo como exculpatorias de la responsabilidad del gobierno en una política de violencia bien perfilada desde el alto mando militar.

 

3. Diplomacia y terrorismo

Una muestra de cómo el Ejército puso al gobierno civil al servicio de su política contrainsurgente se reflejó en la política exterior. El gobierno presentó en Ginebra su informe a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 1989, logrando que prorrogara el mandato del experto asesor. El Diario de Centroamérica anunció el 11 de abril condecoraciones para el coronel Francisco Ortega Menaldo, el mayor Edgar Ricardo Bustamante Figueroa y el capitán Mauricio López Bonilla por haber elaborado el informe del gobierno sobre derechos humanos; en esa fecha, Ortega Menaldo era el director de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa. También el Plan de Campaña Avance 90 se proponía contrarrestar las campañas de desinformación internas y externas.

Fue en el terreno de la seguridad del Estado donde con más fuerza el Ejército llegó a controlar y usar para garantizar su impunidad tanto a la Policía Nacional como los recursos del Archivo (EMP). El control que el Ejército podía ejercer anteriormente sobre la Policía Nacional a través del director coronel Julio Caballeros (un oficial de inteligencia que también trabajó en el Archivo), se reforzó notablemente con estos cambios, y quedó consolidado al crearse en agosto el Sistema de Protección Civil (SIPROCI), que colocó todas las fuerzas de seguridad interna bajo el control del EMP.

La militarización de la Policía Nacional y su control desde el Estado Mayor Presidencial a través de los mecanismos del SIPROCI originó fuertes presiones internas que terminaron de estallar con la participación del ex-jefe de la policía Ángel Aníbal Guevara Reyes y varios agentes del DIC en el intento de golpe de Estado de 1989, una de cuyas reivindicaciones era la renuncia del ministro de Gobernación. Fue en este período que surgió el Jaguar Justiciero y una campaña de atentados intimidatorios contra organizaciones populares y personalidades democráticas.

En diciembre, con el secuestro y torturas contra la monja Dianna Ortiz, se evidenció la relación instrumental entre la Policía y los cuerpos de seguridad del Estado. Lo mismo se descubrió cuando la Comisión de la Verdad para El Salvador investigó el asesinato del salvadoreño Héctor Oquelí. Poco después la Universidad de Harvard suspendía el programa de ayuda técnica a la Policía Nacional, convencida de que en esta institución no existía voluntad política de combatir la violencia.

Las evidencias que apuntan al DSP (Archivo) del EMP, no han logrado aclarar los mecanismos de cómo estas dependencias, dirigidas por el general Edgar Godoy, anterior director de la D-2, se coordinaron con la dirección de Inteligencia, que estuvo a cargo del coronel Francisco Ortega Menaldo, y con el equipo de trabajo del Estado Mayor del Ministro, que estaba dirigido por el coronel Cabrera, quien pasaría después a sustituir a Ortega en la Dirección de Inteligencia.

 

4. El derrumbe de la Estabilidad

Los mayores fracasos del proyecto militar de Estabilidad Nacional se dieron en el terreno de las alianzas internas. El propio Gramajo pudo comprobar rápidamente cómo su discurso de guerra integral involucrando a todos los sectores de la sociedad en la aplicación de la política contrainsurgente no era atendido por el sector empresarial (Jonas, 1994).

Durante 1989 el Ejército puso especial atención en ganarse la consideración de los empresarios, demostrando que estaban defendiendo la economía de agroexportación frente a los atentados de la guerrilla. Pero a finales de ese año el mismo Gramajo observó que esta política no producía resultados inmediatos, y anunció que tanto ellos como la guerrilla habían avanzado, lo cual suponía una amenaza para toda la producción exportadora de la bocacosta. Pero en 1990, con el surgimiento público del Grupo Pirámide como expresión de la cúpula empresarial, ésta se centró en lograr una candidatura presidencial que les diera directamente el control del Ejecutivo, y perdió cualquier interés en escuchar las propuestas del Ejército como grupo de poder.

Durante el primer semestre del año Gramajo fue aumentando sus señales de distanciamiento del gobierno y se centró en consolidar su proyecto de Estabilidad Nacional por medio de alianzas políticas que tuvieran una perspectiva más a mediano plazo.

Gramajo asegura que en 1989 revisó su Tesis de la Estabilidad Nacional, se distanció del gobierno, buscó apoyos en las fuerzas sociales y se concentró en fortalecer el marco institucional; asimismo intentó despolitizar su gestión como ministro, alejándose de asuntos coyunturales (Gramajo, 1995). Este giro coincidió con la etapa de mayor actividad del Centro ESTNA, creado en septiembre de 1988. Si bien el ESTNA no lograría convertirse en un tanque de pensamiento, sí consiguió, en 1989 y 1990, ampliar los círculos de influencia del Ejército en algunos sectores profesionales, y reagrupar a aquéllos que anteriormente colaboraban con la política desarrollista del Ejército –como ciertos grupos cooperativistas o incluso indigenistas.

En cuanto al componente desarrollista del proyecto militar, si bien hasta 1988 aún se mantuvo con una cierta expectativa, a partir de 1989 la política de desarrollo del gobierno quedó totalmente desplazada por la aplicación de un plan de ajuste estructural de la economía. El Plan 500 Días terminó convirtiéndose en una herramienta electoral, que además ya resultaba inaplicable por la crisis financiera del Estado.

 

5. El Ejército pierde liderazgo

Fue después de la amenazadora reunión de la Junta de Comandantes, el 10 de agosto, mientras el gabinete de gobierno también estaba reunido y helicópteros sobrevolaban el centro de la ciudad y se mantenían tropas alerta en el Cuartel General, cuando cambió definitivamente la correlación de fuerzas, al recuperar la Junta de Comandantes el carácter de órgano corporativo del Ejército frente al ministro y el gobierno. Se mantuvo la institucionalidad del proceso democrático, a cambio de un mayor control del Ejército sobre éste. A partir de este momento, la política de derechos humanos y las relaciones internacionales se endurecieron considerablemente.

El país entró en una situación preelectoral, definida por tres elementos: la candidatura oficialista de Alfonso Cabrera, que intentó involucrar a algunos altos oficiales –como el general Roberto Mata o el coronel Carlos Santizo Franco–; la candidatura del general Ríos Montt, que causó un fuerte impacto en los sectores militares convencidos de que el sistema político era demasiado corrupto y poco confiable; y la posición del sector empresarial, dispuesto a financiar una candidatura propia a través del Grupo Pirámide.

Paralelamente, el desarrollo de la lucha contrainsurgente empezó a ser visiblemente negativo –tanto por los cambios en la política regional e internacional como por el desarrollo militar y político de la URNG–, la evolución de la economía del país obligaba a arrinconar los proyectos desarrollistas y hacía prever estallidos sociales. En tanto, el presidente mantenía un relativo control de la situación gracias a la lealtad del jefe del EMP y del ministro de la Defensa. Gramajo siguió consolidando posiciones en la Junta de Comandantes, promoviendo a jefes de su confianza. Pero su liderazgo, como representante de los oficiales que en 1983 restablecieron la institucionalidad militar y como ideólogo de la Estabilidad Nacional, se había debilitado al verse comprometido con un gobierno que perdió la confianza del Ejército y fracasó en sus acercamientos con los sectores empresariales. En esta coyuntura se produjo la segunda intentona golpista el 9 de mayo de 1989, que involucró a altos mandos del Ejército y que agrupó a un mayor número de oficiales.

El golpe, en apariencia, no pretendió romper la legalidad institucional, sino provocar cambios en la cúpula militar. Sin embargo es previsible que para entonces la Junta de Comandantes se sintiera lo suficientemente sólida como para no necesitar de cambios escandalosos en las alturas.

A partir de entonces la situación interna en el Ejército se movió en torno a la sucesión de Gramajo, ya que en junio de 1990 le llegaría su retiro y unos meses antes, en diciembre de 1989, también pasaría a retiro el jefe de EMDN; por eso quien sustituyera a éste sería el probable ministro de la Defensa. El elegido fue el general Juan Leonel Bolaños Chávez, un oficial de escritorio, sin méritos en operaciones, que introdujo el sistema de cómputo en los procedimientos administrativos y de inteligencia del Ejército, dedicado al estudio y propuestas de modificaciones a la Ley Constitutiva del Ejército, el Código Militar y la ley de servicio militar. Aunque respetado, carecía de liderazgo entre la alta oficialidad.

Por otro lado el general Juan José Marroquín, al frente de la jefatura del EMDN, el general Mata Gálvez como subjefe, y detrás de ellos los quince generales ascendidos durante el mandato de Gramajo (casi todos firmantes de la proclama del Consejo de Comandantes que destituyó a Ríos Montt) presionaban por el futuro control del Ejército, sin que apareciera un liderazgo que los pudiera unificar. Era una situación delicada, si se tiene en cuenta que en el proyecto de estabilidad los mayores desafíos internos y externos y dentro de la institución comenzaban a tomar fuerza fenómenos disolventes como el del narcotráfico.

 

6. Los golpeados

Realmente el sector popular fue el más directamente afectado por la desestabilización política provocada con los dos intentos de golpe de Estado.

La escalada de violencia política contra el movimiento popular llegó, en 1989, a unos niveles similares a los de 1980. En octubre y noviembre, el presidente habló de una campaña desestabilizadora. Sin embargo, ya para entonces las acusaciones apuntaban hacia el EMP como el centro que organizaba la represión, como afirmó el ex ministro de Gobernación, Juan José Rodil (Prensa Libre 17/9/89). La violencia era un síntoma del empantanamiento de la política de estabilidad, pero además tenía el propósito de abortar cualquier intento guerrillero por consolidar un frente urbano, posibilidad que se había acrecentado en el fragor de la huelga magisterial de mediados de 1989.

El análisis de las violaciones a los derechos humanos indica cómo a partir del primer intento de golpe en mayo de 1988, pero especialmente a partir de la presión institucional del 10 de agosto de ese año, el gobierno civil adoptó una actitud de abierta complicidad con las actuaciones represivas del Ejército. Ese fue el caso del asesinato de la antropóloga Myrna Mack, ocurrido el 11 de septiembre de 1990 y una serie de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en ese período.