CAPÍTULO SÉPTIMO

EL GOBIERNO DE SERRANO ELÍAS

La nueva década llegó marcada con el fracaso del gobierno de la Democracia Cristiana, en tanto uno de los candidatos menos esperados terminó ganando las elecciones presidenciales. Jorge Serrano Elías obtuvo la presidencia con el 24.8% del electorado, solamente diez escaños en el Congreso y el 3% de las municipalidades. La llegada de un nuevo gobierno especialmente débil ofreció al sector empresarial la oportunidad de imponer sus reglas de juego.

Sin embargo, para entonces, dentro del sector empresarial se estaba desarrollando una pugna sorda: unos empresarios intentaban acaparar los nuevos mecanismos de formación de capital (especialmente financieros); otros defendían los viejos esquemas burocráticos que durante los años 70 permitieron surgir grandes fortunas; otros más buscaban en la privatización del sector público la llegada de ayudas en la posguerra o incluso en el narcotráfico nuevas palancas para enriquecerse aceleradamente. En este confuso panorama la incapacidad de negociar y compartir espacios políticos, condujo al sector empresarial a intentos de ocupar el poder de manera excluyente, lo que desestabilizó nuevamente el sistema democrático por la vía de las conspiraciones o el boicot fiscal.

1. El candidato de los empresarios

Desde febrero el alcalde capitalino Álvaro Arzú, había presentado su candidatura presidencial acompañado por Fraterno Vila, un influyente azucarero. También el líder de la Unión de Centro Nacional (UCN), Jorge Carpio, buscaba atraerse el apoyo del sector empresarial. Sin embargo, el sector duro del CACIF, que controlaba el organismo desde 1987, había trazado su propia estrategia electoral corporativa. Así fue como surgió el Grupo Pirámide, que habia funcionado en las sombras, apoyando la creación de una candidatura única que concentrara todo el apoyo económico del sector empresarial (en lugar de las históricas negociaciones para comprar voluntades en unos y otros partidos). El Grupo Pirámide se decidió por la candidatura de Jorge Carpio, a la que pronto se sumaron políticos como el exministro de Gobernación Juan José Rodil Peralta o el líder sindical de la CUSG Alfaro Mijangos. En septiembre se culmina el sueño de dos generaciones de empresarios, como tituló un medio de prensa, al unirse Jorge Carpio y Manuel Ayau en la candidatura a la presidencia y la vicepresidencia. Los resultados electorales que le dieron el triunfo a Jorge Serrano, desbarataron la estrategia del Grupo Pirámide.

2. Las batallas de la paz

Durante el gobierno de Serrano Elías el Ejército aceptó formalmente negociar una solución política al conflicto interno, entendiéndola como la rendición de la guerrilla. Ésta aceptó las propuestas de negociación ante la imposibilidad de un triunfo armado y como un mecanismo para transformar en logros políticos sus avances militares.

En este contexto ambos bandos aumentaron la presión militar aunque sin lograr que el desarrollo de la guerra acercara las posibilidades de paz. Las presiones internacionales para terminar con el conflicto, sumadas a las corrientes por la desmilitarización, colocaron al Ejército a la defensiva. Su respuesta fue aumentar los mecanismos de control social y permitir que llegara a la cúpula militar una línea guerrerista, que finalmente provocaría el intento de golpe de Estado en mayo de 1993.

La primera reunión establecida en los acuerdos de Oslo, entre representantes de los partidos políticos y la URNG, se celebró a finales de mayo de 1990 en El Escorial, España, y causó profunda inquietud en el Ejército. Ahí la guerrilla aceptó como marco de negociación los Acuerdos de Esquipulas y la Constitución, y los partidos se comprometieron a proponer reformas constitucionales. Vinicio Cerezo respondió inmediatamente afirmando que las conversaciones iniciadas no eran sino el primer paso para lograr el desarme y la desmovilización de la URNG, al tiempo que el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN) iniciaba una campaña represiva contra aquellos movimientos sociales que consideraba un apoyo a la subversión o un desafío a su control social.

Las reuniones con diversos sectores sociales que la guerrilla celebró durante el segundo semestre de 1990 sirvieron para demostrar internacionalmente una disposición al diálogo. Aunque la URNG sí las aprovechó para reforzar sus relaciones y alianzas políticas, estaba claro que cualquier compromiso debería buscarse con el gobierno que asumiría en enero de 1991.

La fuerza armada tomó la iniciativa con el Plan Total de Paz presentado por el nuevo presidente Jorge Serrano Elías el 3 de abril de 1991, en el que le proponía a la guerrilla llegar a un alto al fuego y su rendición en un plazo inmediato, para después pasar a negociar las condiciones de su reinserción política.De hecho esta propuesta, al igual que las que la guerrilla había adelantado sobre la desmilitarización del país, suponía un desafío a la otra parte.

Sin embargo el Plan de Paz Total del presidente Serrano era la primera propuesta que reconocía a la guerrilla como contraparte para negociar, e incluso incorporó en la comisión oficial negociadora a una importante representación del alto mando militar. La mayoría de los analistas apreciaron un alto componente de iniciativa propia del presidente Serrano Elías en esta propuesta. En medios diplomáticos se valoró que la propuesta no era muy sólida en sus contenidos y carecía de una estrategia negociadora. La intención de Serrano, según los analistas, era suavizar al Ejército para que en el plazo de dos años se pudiera llegar a abordar un proceso de negociación serio.

La URNG encaró estas propuestas valorando la debilidad política del nuevo presidente, el desconcierto en el Ejército ante las presiones internacionales y los resultados de sus campañas militares en 1990, que habían logrado retornar el escenario de guerra a zonas vitales para el país. Ganar tiempo resultaba un factor clave de la guerrilla para ir debilitando al adversario, mientras asimilaba los cambios internacionales. Los resultados inmediatos de este proceso negociador le favorecieron: el acuerdo sobre el procedimiento para la búsqueda de la paz por medios políticos le abrió las puertas para ampliar el trabajo político en el interior e internacionalmente. También con el proceso acordado se creaban condiciones para que el movimiento popular, en el que la URNG tenía influencia política, se desarrollara.

Pero el panorama cambió rápidamente a partir de julio, ya que después de producirse un primer relevo en el mando el Ejército se iniciaron operativos militares contra algunos de los frentes guerrilleros y la situación de derechos humanos se volvió a agravar. Después de que el presidente promovió nuevos cambios en la cúpula militar, en diciembre de 1991, el Ejército aumentó su discurso militarista e inició nuevas ofensivas contra los frentes guerrilleros, especialmente el Frente Unitario Central y la retaguardia de la ORPA en San Marcos y Retalhuleu, lo cual se tradujo inmediatamente en un aumento de la violencia política y atentados indiscriminados. La nueva cúpula militar pretendió dar un giro a las negociaciones, revirtiéndolas contra la guerrilla. Para el primer trimestre de 1992 ya había trascendido la influencia que el jefe del EMP, general Francisco Ortega Menaldo, ejercía sobre el mandatario civil, mientras se consolidaba el poder del ministro de la Defensa y del jefe de EMDN.

El diálogo entró en un callejón sin salida. La URNG, como lo había hecho en el segundo semestre de 1990, volvió a decir que no podía firmar compromisos con un gobierno que carecía de capacidad para cumplirlos. En tanto, el Ejército continuaba con su ofensiva para desgastar los frentes guerrilleros. La ofensiva del Ejército Victoria 93 lanzada especialmente contra la retaguardia del EGP, pretendía desestabilizar las unidades militares permanentes guerrilleras buscando afectar a los mandos insurgentes o lograr información estratégica, como hizo en 1992 con la retaguardia de la ORPA. Pero la campaña militar se vio limitada por el retorno de refugiados y la salida de las Comunidades de Población en Resistencia (CPR), dos procesos que habían logrado atraer la atención internacional.

Esta ofensiva se acompañó de una nueva propuesta de Serrano ante las Naciones Unidas el 14 de enero, en la que ofrecía un plazo terminante de 90 días, aceptando la verificación de los compromisos por parte de las Naciones Unidas e incluso reconociendo totalmente la beligerancia de la URNG, al proponer su repliegue en zonas previamente determinadas. Serrano levantó este plan en medio de una coyuntura internacional compleja, pues si bien el gobierno había logrado mejorar los respaldos internacionales, especialmente con la formación del Grupo de Países Amigos del Proceso de Paz, las presiones en materia de derechos humanos y otros factores, como la concesión, en diciembre de 1992, del Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú, el Premio Nobel Alternativo a Helen Mack y el inicio del retorno de los refugiados condicionaban fuertemente a su gobierno.

3. Haciendo la guerra

Los cambios en la cúpula del Ejército no representaron una reorientación sustancial en la política militar. Dio la impresión de que mientras los cargos oficiales eran ocupados por fieles seguidores de la tesis de la Estabilidad Nacional (incluso el equipo de guerra internacional y psicológica del Estado Mayor del ministro de la Defensa continuó sin muchos cambios), la práctica seguida por el Ejército era delineada por los acuerdos de la Junta de Comandantes.

En el primer semestre de 1991, tras la llegada del nuevo gobierno, estando aún fresco el impacto de la masacre de Santiago Atitlán (diciembre de 1990) y la comunidad internacional alertada por el carácter conservador del nuevo mandatario, se mantuvo la misma tónica. A pesar de las promesas del nuevo presidente de que emprendería una lucha abierta contra la impunidad, los puestos clave de la Policía Nacional siguieron bajo control militar, y se produjeron crímenes intimidatorios relevantes, como el de la dirigente política Dinorah Pérez y el religioso Moisés Cisneros. En el campo militar la guerrilla lanzó una ofensiva unitaria en sus frentes tradicionales, en la que destacaron los frecuentes ataques en el norte de Alta Verapaz y sur del Petén, al oleoducto entre Chisec y Fray Bartolomé de las Casas; una fuerte campaña de propaganda armada en Huehuetenango y un ataque en Villacanales, a sólo 36 kilómetros de la capital.

A partir de junio el Ejército retomó la iniciativa y lanzó una campaña militar contra las áreas Ixil e Ixcán y dio inicio en Petén el operativo Lacandona 91 contra el narcoterrorismo, dirigido por el general Roberto Perussina y apoyado por el coronel Homero García Carrillo desde el DIDE.

Este esfuerzo militar del Ejército contra los frentes tradicionales de la URNG no logró resultados espectaculares. Por otro lado, el uso intensivo de alto poder de fuego y el intento de controlar a la población en las áreas de conflicto aumentó las violaciones de los derechos humanos, que rápidamente atrajeron la atención de los observadores internacionales. Finalmente la guerrilla concentró efectivos seleccionados de todas sus organizaciones en el Frente Unitario Central, que operaba en la estratégica zona de la bocacosta. En la ciudad, en el segundo semestre de 1991, continuó agudizándose la campaña de crímenes intimidatorios. En agosto destacaron los ataques a la prensa internacional (NOTIMEX e IPS) y en octubre se terminó de perfilar el mecanismo de control militar de la Policía Nacional, con el nombramiento del teniente coronel Luis Fernández Ligorría como subdirector con control operativo.

Esta línea ofensiva militar del Ejército se vio acentuada cuando en enero de 1992 llegaron al Ministerio de la Defensa el general José Domingo García Samayoa y a la jefatura del EMDN el general Roberto Perussina.

Probablemente los mayores combates en los últimos diez años de guerra se dieron en la zona de la bocacosta y la costa sur durante 1992, donde el Ejército lanzó una fuerte ofensiva contra la retaguardia de la ORPA, precisamente en el momento en que esta organización concentraba su actividad militar en Escuintla y Palín. Esta táctica se desarrolló intensamente en el período del presidente Serrano Elías y logró afectar, aunque no desarticular, a las unidades militares de la ORPA.

La campaña Victoria 93 estuvo al mando de los coroneles Víctor Manuel Argueta y Francisco Marín Golib en el norte de El Quiché y sur del Petén. Su propósito no era consolidar control territorial o instalar posiciones militares en el área de movimientos de la insurgencia, sino evitar que las fuerzas del EGP pudieran agruparse para emprender ataques guerrilleros de envergadura.

La guerrilla había mostrado durante el segundo semestre de 1992 una actividad relativamente baja. El desarrollo de las negociaciones y el creciente protagonismo de los sectores civiles, en el retorno de los refugiados y las campañas por la paz y contra la impunidad, introdujeron contradicciones en las organizaciones guerrilleras. La URNG unificó sus posiciones afirmando que la presión militar era la única que podía garantizar resultados en una negociación y que el desarme sólo se produciría en el momento en que se verificara el cumplimiento de todos los compromisos; pero, durante 1992, perdió buena parte de la capacidad ofensiva que había desarrollado en 1990 y 91, y empezó a mostrar problemas graves de reclutamiento.

Durante esta etapa destacó el intento del Ejército de someter y controlar el poder judicial, lo cual provocó un debate y un movimiento cívico contra la impunidad, que finalmente colocó a los militares a la defensiva.

4. Un entorno inseguro

A partir de 1990 el entorno internacional se volvió, cuando menos, incierto. El desplome de los países socialistas europeos, la derrota electoral del Frente Sandinista, la derrota de la ofensiva de la guerrilla salvadoreña y las nuevas medidas de bloqueo contra el régimen de Cuba, alentaban a las posiciones más extremistas de la derecha sobre su triunfo histórico. Sin embargo también era previsible que estaba surgiendo un nuevo marco de relaciones internacionales, como comenzaron a indicar en septiembre los resultados de la cumbre de Malta, con el inicio de una nueva fase en las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética.

Todo parece indicar que, aparte de las presiones internacionales para desactivar el conflicto armado en Guatemala, tanto el Ejército como el gobierno y en buena medida el sector empresarial valoraron erróneamente la situación de la guerrilla, considerando que sus propuesta de diálogo correspondían a una situación de aislamiento internacional y debilitamiento político.

Además, el tema de los derechos humanos comenzó a tomar un giro imprevisto. Pero fue en julio, cuando varias organizaciones de derechos humanos pidieron al ex presidente Carter que promoviera en los Estados Unidos la suspensión de toda la ayuda a Guatemala por la persistente violencia política, cuando el sector empresarial comenzó a comprender el costo que podía tener el empecinamiento del Ejército al intentar exterminar las posibilidades políticas de la guerrilla machacando al movimiento popular. A pesar de ello no hubo grandes iniciativas empresariales para intervenir en uno de los años más negros en materia de violación de los derechos humanos desde que llegara el gobierno civil.

Una de las hipótesis más confirmadas por la historia de la violencia en Guatemala es aquella que advierte que cuando el contexto internacional presiona excesivamente, el Ejército aprieta el lazo interno, en lugar de ceder a las presiones. Otro supuesto confirmado es que cuando se comienza a acercar el momento de la negociación más se endurecen las posiciones de las partes. Probablemente cruzando estas dos hipótesis podría hallarse una explicación de contexto para la inaudita violencia que se registró en el año 1990, en la que las fuerzas de la represión golpearon a diestra y siniestra pareciendo que pretendían crear una situación de pánico generalizado.

5. Llega la globalización

El triunfo de Serrano Elías planteó inmediatamente a los grupos de poder (el Ejército y los empresarios) el problema de su debilidad política, que resultaba inapropiada para establecer objetivos a medio plazo en una coyuntura tan desafiante.

Frente a este peligro, el Ejército se presentaba como el único garante de la estabilidad política. Algunos sectores empresariales modernizantes empezaron a crear puentes con esta corriente militar (el término con que generalmente se les designó fue el de militares constitucionalistas). Pero estos sectores empresariales aportaban sus propios argumentos en el sentido de que también el Ejército debía entrar en la lógica del ajuste del sector público, suprimiéndose por ejemplo los gastos confidenciales y las transferencias presupuestarias que los militares usaban para extraer fondos públicos adicionales, o sacando a los militares de cargos en la administración publica.

6. Las otras sociedades civiles

Durante el mandato del presidente Serrano la sociedad civil experimentó un notable desarrollo. La lucha contra las violaciones de los derechos humanos, que hasta entonces mantenían en un perfil creciente pero controlable, experimentó un desarrollo impresionante al pasar de las denuncias y protestas de algunos grupos locales a acciones concertadas en el terreno internacional, demostrando mayor agilidad para percibir e incorporar los cambios en la geoestrategia regional.

Las mismas propuestas formales del Presidente para acabar con la impunidad abrieron espacios a la lucha civil contra la impunidad, reflejada especialmente en el caso del asesinato de Myrna Mack. La actitud desafiante del Ejército en los casos de ciudadanos estadounidenses como Michael Devine y Dianna Ortiz, la respuesta agresiva a las propuestas de los Estados Unidos sobre desmilitarización y la evidencia de la implicación de los mandos militares en el narcotráfico, determinaron una posición más agresiva del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de su representación diplomática en el tema de los derechos humanos. Tal posición se focalizaba directamente en el Ejército y con objetivos precisos: la desaparición del EMP y las PAC, y la desmilitarización de la Policía Nacional, recomendaciones señaladas en el informe del experto de las Naciones Unidas .

La sociedad civil comenzó también a ocupar espacios cada vez más significativos en la vida del país, desafiando el control del Ejército. Fenómenos como la salida a la luz pública de los desplazados, el retorno de los refugiados y las demandas de los sectores surgidos de la represión, motivaron una actitud más activa de otros sectores importantes –como la Iglesia católica y las ONG– y se convirtieron en una corriente que, aún sin suficiente articulación y coherencia, generaba una fuerte presión. El gobierno y el Ejército respondieron aumentando la represión y acusando al movimiento civil de formar parte de la guerrilla. Por último el movimiento indigenista irrumpió sorpresivamente en la vida política del país a raíz de la campaña por los 500 años de la invasión y se convirtió en poco tiempo en una nueva corriente social que exigía su propio espacio. En este contexto cobró especial auge un nuevo movimiento de ocupación de fincas en demanda de soluciones salariales o por la propiedad de la tierra.

Sin embargo el movimiento sindical histórico siguió experimentando un claro retroceso. La URNG presionó a las organizaciones populares para que tomaran una postura más agresiva, buscando el desgaste del gobierno, y éste golpeó en numerosas ocasiones a las organizaciones para debilitar las posiciones políticas de la guerrilla. La represión fue mucho más cruel contra la población en las zonas donde se desarrollaba el conflicto armado, o contra aquellas organizaciones que el Ejército vinculaba más directamente con la URNG.Leer Nota al Pie4

7. Relevos en los cuarteles

Con la llegada del nuevo presidente, se produjeron algunas presiones internacionales para que siguiera en el Ministerio de la Defensa el general Bolaños, al que le quedaban dos años de servicio, o bien que ascendiera el general Raúl Molina Bedoya. Sin embargo la Junta de Comandantes impuso al nuevo Presidente la salida de Bolaños y de Mata Gálvez, y el nombramiento del general Luis Enrique Mendoza, que ocupaba el cargo de subjefe del EMDN. Mendoza escogió como viceministro al general Humberto Ángeles. Con este movimiento la Junta de Comandantes intentó estabilizar el proceso de ascensos, al equilibrar las distintas corrientes mientras definía una nueva estrategia para enfrentar la difícil situación que atravesaba.

Sin embargo continuaron las tensiones internas. Reaparecieron los Oficiales de la Montaña acusando a la cúpula militar de los asesinatos nunca esclarecidos del general en retiro Anacleto Maza Castellanos y del capitán Jorge Méndez Barragán, ex jefe de la DIC en la Policía Nacional.

El nuevo equipo de mando en el Ejército se centró especialmente en enfrentar de una manera más activa la campaña internacional por la desmilitarización. Aunque el presidente Serrano anunció medidas cosméticas, en realidad reforzó la militarización de Gobernación y de la Policía Nacional, y pronto el EMP comenzó a invadir funciones de la gestión presidencial, amenazando incluso a otros ministerios como el de Finanzas.

El Ejército endureció su postura frente a la embajada de los Estados Unidos y significativamente en enero no autorizó el aterrizaje en la zona militar del aeropuerto del avión que transportaba al subsecretario de Estado Bernard Aronson, que llegaba para la toma de posesión de Serrano. En abril el presidente rechazó públicamente una entrega de US$100,000 de ayuda militar estadounidense. En tanto, la embajada enviaba mensajes discretos sobre la implicación de militares en narcotráfico.

El debate del antimilitarismo, planteado en términos defensivos, perjudicó más que benefició al Ejército. La aceptación del diálogo con la guerrilla como excusa para desviar tensiones internacionales desconcertó a los militares, hasta el punto que el general Mario Enríquez llegó a hablar de borrón y cuenta nueva y afirmó que ninguna guerra terminaba con el rendimiento total: un punto de vista que no era compartido por casi ningún otro miembro de la Junta de Comandantes.

La campaña nacionalista se enfrentaba con el sector empresarial modernizante, que estaba planteándose la globalización. Los planteamientos desarrollistas habían quedado definitivamente fuera de la agenda del nuevo gobierno, batalla que el Ejército perdió silenciosamente. En medio de estas tensiones, en julio de 1991 se produjeron nuevos cambios militares, que colocaron a los oficiales más militaristas de las promociones 67 y 68 en la línea de ascenso a la cúpula, y desplazaron a algunos de la línea de la Estabilidad (de la promoción 70), que habían sido ascendidos por encima de otros con mayor antigüedad .

Los nuevos reacomodos y ascensos no lograron detener la crisis interna, que estalló en diciembre cuando sorpresivamente el presidente cesó al ministro de la Defensa, Luis Enrique Mendoza, y al jefe de EMDN, Edgar Godoy Gaitán. Ya entonces el poder del jefe del EMP, general Francisco Ortega Menaldo, era asunto de opinión pública. Con estos cambios, José Domingo García Samayoa subió al Ministerio de la Defensa y Roberto Perussina al EMDN; Mario Enríquez quedó como subjefe de EMDN, y José Luis Quilo como viceministro. Pasaron a retiro los generales Edgar Godoy y Jaime Rabanales, y el coronel Byron Israel Lima.

Este nuevo movimiento en la cúpula de mando llevó definitivamente al poder a los señores de la guerra, quienes pensaban que en aquella coyuntura la clave para el Ejército era lograr una victoria militar contundente sobre la guerrilla, y que el alto mando debía estar formado por aquellos jefes que lograran éxitos en combate.

El debate en la opinión pública sobre la desmilitarización fue sustituido por el de la reconversión de los ejércitos. Y pronto la campaña se centró en el poder del jefe del EMP, Francisco Ortega Menaldo, a quien la opinión identificaba como el hombre fuerte de la nueva cúpula militar. La revista Crónica publicó un reportaje sobre el poder del EMP y el Ministerio Público sindicó a esta institución del crimen contra Myrna Mack.

Pero el marco internacional continuó ensombreciéndose para el Ejército en 1993, tras el movimiento de la sociedad civil. Ya entonces se perfilaron dos estrategias bien claras en el Ejército: la de los señores de la guerra y la de quienes se preparaban para manejar un proceso de paz. Mientras los primeros seguían apoyándose en el poder presidencial y su EMP, los segundos –entre los que destacaban el general Mario Enríquez, el coronel Otto Pérez y el mayor Mauricio López Bonilla– iniciaban aproximaciones a sectores empresariales, políticos y profesionales dispuestos a limitar la autocracia de Jorge Serrano.

El dudoso éxito de la ofensiva Victoria 93 y el escandaloso intento del ministro de la Defensa por participar en los negocios de la privatización, como sucedió con el canal 9 de televisión, aumentaron la distancia entre la cúpula militar y el resto de la sociedad. Así se llegó al intento de golpe de Estado institucional de mayo, cuando el grupo de García Samayoa, Roberto Perussina y Francisco Ortega descubrieron que no contaban ya con el apoyo del resto de los comandantes militares, a pesar de que sus promociones controlaban los puestos clave .