CAPÍTULO OCTAVO

PREPARANDO LA POSGUERRA

1. El salto al vacío

El 25 de mayo de 1993 el presidente Jorge Serrano decidió sorpresivamente disolver el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y desconocer al Procurador General de la Nación y al Procurador de Derechos Humanos. A la vez decretó un sistema de censura y suspendió varios artículos de la Constitución que garantizaban los derechos personales. Serrano justificó el golpe de Estado en la necesidad de terminar con la mafia y la corrupción en el legislativo y el judicial, y prometió unas inmediatas elecciones legislativas para restablecer la constitucionalidad. Algunos observadores señalaron que inicialmente estas medidas lograron un relativo apoyo de la opinión pública, dado el descrédito del sistema de partidos políticos. Sin embargo la reacción inmediata del sector empresarial y de una parte de la cúpula militar, el papel de los medios de comunicación, las presiones internacionales y la reacción de los sectores organizados y los líderes de la sociedad civil, rápidamente crearon un cuadro desfavorable para el presidente.

Aunque el jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), general Francisco Ortega, el ministro de la Defensa, José Domingo García, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), Jorge Roberto Perussina, apoyaban a Serrano, el Consejo de Comandantes decidió dejar solo al presidente, para ver si lograba mantenerse a flote. Pero desde el primer momento del golpe se organizó una conspiración entre los sectores militares constitucionalistas, encabezados por el director de Inteligencia (D-2), coronel Otto Pérez Molina, y los empresarios modernizantes, que liberaron al Procurador de Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, y mantuvieron una intensa actividad de coordinación en las protestas ciudadanas.

Por parte de los sectores empresariales el objetivo principal parecía ser limpiar la mesa, de manera que el programa de modernización económica (fundamentalmente la privatización de las empresas del sector público) se realizara sin interferencias de los partidos ni los organismos del Estado. Adicionalmente estaban interesados en una posición más definida frente a las negociaciones de paz, convencidos de que ésta podría abrir las puertas financieras y comerciales en el mercado internacional. En este punto coincidían con los militares constitucionalistas que valoraban cómo la posición defensiva de los militares guerreristas no resolvía el problema del papel del Ejército en la posguerra.

El presidente de la Corte de Constitucionalidad, Epaminondas González, jugó un papel clave al desconocer las medidas de Serrano. Cinco días después del golpe el ministro de la Defensa, José Domingo García, informó que Serrano había renunciado. Éste aún intentó maniobrar para que el vicepresidente Gustavo Espina le sustituyera, pero ya entonces las fuerzas opositoras habían trazado su propio plan. Los partidos políticos se habían comprometido a la autodepuración del Congreso, y la Coordinadora de Sectores Civiles jugaba un importante papel de oposición cerca de líderes de la Iglesia Católica, la Universidad de San Carlos, Rigoberta Menchú, Helen Mack, y jóvenes empresarios como Lionel Toriello, Peter Lamport y José Rubén Zamora. Entonces se creó la Instancia de Consenso (CACIF, partidos, CGTG-CUSG) que logró incorporar al Foro Multisectorial Social (UASP, ONG, USAC, organizaciones indígenas).

La Instancia de Consenso pidió la depuración del aparato Legislativo y el Judicial, y propuso una terna para elegir presidente. El 6 de junio el Congreso eligió como presidente a Ramiro de León. También fue elegido vicepresidente Arturo Herbruger, bajo presiones del general Perussina para entonces ministro de la Defensa. Aunque el nuevo presidente se apresuró a destituir a García Samayoa y Francisco Ortega, en el Ejército quedó una situación de difícil equilibrio, al ascender Perussina al Ministerio y pasar Quilo Ayuso del viceministerio a la subjefatura del EMDN.

Era la primera vez desde 1990 que se instalaba en la cúpula del Ejército un grupo de militares unificados en un propósito: diseñar una estrategia apropiada para enfrentar las negociaciones de paz y el futuro del Ejército en la posguerra. Era además un grupo amplio que permitía trazar una estrategia de mediano plazo al agrupar a oficiales de promociones que iban de la 62 (1968) a la 73 (1966), en la que destacaban los generales Mario Enríquez, Marco Antonio González Taracena y Julio Balconi Turcios; los coroneles Otto Pérez, Letona Hora, Mario Mérida, José Luis Fernández Ligorría y Benjamín Godoy Búrbano. A ellos se unían los tenientes coroneles Otto Noak y Rolando Díez; los mayores Mauricio López Bonilla, José Cabrera, Luis Alburez y Francisco García Cuyún, y el capitán Otto Spiegler.

Pero este relevo tampoco significó una revisión de las líneas operativas del Ejército. De acuerdo con el análisis funcional de la tesis de la Estabilidad Nacional (de la que Otto Pérez era uno de los más completos expositores), dentro de la institución militar se pueden detectar vulnerabilidades (violación injustificada de los derechos humanos, corrupción, narcotráfico) que por diversas razones se convierten en inevitables, pues combatirlas podría desestabilizar a toda la institución y al Estado. La solución propuesta era manejar las vunerabilidades para impedir que se convirtieran en amenazas. Fue así que oficiales de La Cofradía siguieron, una vez más, controlando espacios vitales en los aparatos de seguridad y en la escala de mando, independientemente de las afinidades de promoción con otros oficiales de el Sindicato.

La nueva cúpula militar logró consolidarse con relativa facilidad en una institución que desde 1990 carecía de liderazgo, pero no pudo evitar las presiones internas. El nuevo grupo que subió a la cúpula militar buscó la manera de preservar el poder de la institución frente a las presiones de otros poderes como el empresarial, las demandas de la sociedad civil o las exigencias de la URNG. Esto le llevó a desarrollar un discurso para la posguerra acompañado de reformas parciales, pero al mismo tiempo los organismos de seguridad e inteligencia mantuvieron una presión constante frente a los oponentes. El factor internacional, una vez más, se les escapó de las manos. En 1995, cuando las negociaciones de paz dieron un giro impredecible para el Ejército, esta nueva cúpula militar dirigida por Enríquez entró en un rápido desgaste, al intentar resolver temas como la depuración y la participación del Ejército en la privatización.

2. Ramiro de León y los empresarios

Quienes confiaron en que la llegada a la presidencia de Ramiro de León Carpio representaba finalmente la estabilidad política, no tardaron en sentirse frustrados. Las presiones empresariales, que hicieron fracasar los dos gobiernos civiles anteriores, sembraron también de incertidumbre el gobierno de De León, independiente de sus propias debilidades y vacilaciones.

En los últimos tiempos de Serrano se produjo un acercamiento entre un sector renovador de la alta oficialidad y algunos elementos empresariales y políticos decididos a preparar un cuadro estratégico más favorable frente a una negociación de paz que preveían como inevitable a mediano plazo. El esquema político nacional resultaba ya infuncional para los dos principales grupos de poder: el militar y el económico. Con la resolución de la crisis provocada por el golpe, éstos fueron los grandes ganadores.

Durante 1995 la imagen del presidente llegó a los niveles más bajos de popularidad. En octubre, la revista Crónica afirmaba: Ramiro de León ha sido el gobernante que más daño ha hecho a Guatemala, al reforzar la estructura de control militar sobre el Ejecutivo. Desde el 22 de mayo el país fue gobernado por un llamado Comité de Crisis, formado por los ministros de la Defensa, Relaciones Exteriores y Gobernación, además del Fiscal General, el presidente de la Comisión de Paz (COPAZ), el presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) y el Presidente de la República. Sin embargo este Comité de Crisis fue manejado, de hecho, por el jefe del EMP, general Otto Pérez Molina.

3. Lucha de poderes

La cruzada por la depuración de los poderes judicial y legislativo emprendida por el nuevo presidente bajo fuertes presiones del sector empresarial se convirtió en una pelea que en vez de restablecer la credibilidad del sistema político lo mantuvo en una permanente crisis, que se trasladaría hasta el inicio de la campaña electoral en agosto de 1995, cuando Ríos Montt cuestionó la legalidad del proceso electoral. El sector empresarial presionó durante 1993 con fuerza para lograr una depuración arbitraria que aumentara su influencia sobre los legisladores, mientras éstos se atrincheraban en la legalidad institucional. En esta crisis, en la que el sector empresarial llegó incluso a proponer en noviembre de 1993 el anticipo de las elecciones presidenciales, las instancias de la sociedad civil –participantes en la crisis de mayo de 1993– fueron relegadas y terminaron desplazándose hacia la participación en el proceso negociador de paz a través de la Asamblea de Sectores Civiles.

El presidente Ramiro de León, inicialmente próximo a los objetivos empresariales, terminó alejándose y acudió al EMP para reforzar su autoridad. En esta pugna de poderes, que se desarrolló especialmente en 1994, la presión de la corriente desarrollista en el Ejército jugó nuevamente un papel importante, ahora bajo la forma de planes de reconstrucción para la posguerra. Pero estas presiones terminaron en 1995, cuando esa corriente quedó bajo el asedio de la opinión pública internacional y las denuncias de la prensa local, replegándose a la defensa de los intereses corporativos de la institución.

Paralelamente se registró una sorda lucha entre empresarios y militares. Desde enero de 1991 un sector empresarial había comprendido que cualquier intento de reajustar o reducir el sector público toparía con los intereses económicos del Ejército, que se manifestaban en todos los niveles. Por otra parte el proceso de paz apoyado por las nuevas corrientes desmilitarizadoras en los Estados Unidos ofrecía una oportunidad para intentar desplazar a los militares del poder económico sin arriesgarse a enfrentamientos frontales.

El Ejército respondió inicialmente a este desafío agrediendo a los líderes empresariales más significativos (especialmente bajo el mandato de Serrano), fomentando la oposición a las privatizaciones entre sindicalistas y políticos y presionando para participar. Mientras la cúpula del Ejército parecía buscar un acomodo con el sector empresarial en este tema, de 1993 a 1995 se desató una ola de secuestros y acusaciones contra militares que participaban en negocios sucios. Este enfrentamiento no impidió que cierto sector empresarial siguiera yendo, como venía haciendo desde los años 70, a tocar la puerta de los cuarteles.

4. Los negocios de la paz

Uno de los temas de coincidencia entre los grupos empresariales y militares que impidieron el golpe de Serrano fue el diseño de un proyecto de posguerra, basado en la firma inmediata de los acuerdos de paz, a cambio de algunas concesiones políticas a la URNG, que atrajera inversiones al país y les permitiera manejar sus intereses prioritarios (la reestructuración interna del Ejército y el reordenamiento de la economía) al margen de presiones nacionales o internacionales. Para ello contaban con la excelente imagen internacional del nuevo presidente y la apariencia de que el movimiento contra el golpe respondía a un fuerte movimiento de toda la sociedad civil, que ahora estaría representada en el nuevo gobierno.

En 1994 los sectores de poder económico quisieron convertir el proceso de negociaciones en un tren rápido, cuyo único fin fuera la finalización del enfrentamiento militar, el desarme y la desmovilización de la URNG y la llegada al país de financiamientos internacionales para la paz. Pero otro sector empresarial históricamente más poderoso pensó que difícilmente los acuerdos de paz se firmarían en 1994 y que en todo caso, no debía permitirse que las presiones internacionales o el curso de las negociaciones de paz impusieran transformaciones económicas que les pudieran hacer perder ventajas.

Las presiones para la depuración del Ejército provocaron nuevas corrientes internas en la institución, reavivando la lucha de poder que se venía desarrollando larvadamente desde 1991, aunque en el acercamiento entre oficiales constitucionalistas y empresarios modernizantes se había producido, desde 1992, una comunidad de intereses alrededor de buscar la manera de encontrar nuevos espacios económicos a los militares, sin que esto entorpeciera el desarrollo económico empresarial. Sin embargo, el descalabro financiero del gobierno provocado precisamente por el chantaje fiscal de los empresarios de línea dura, ensombreció cualquier proyecto en este sentido.

En enero de 1994, con el auge de los secuestros de empresarios y el surgimiento de numerosos casos de militares implicados en actos delictivos, comenzó a hablarse en medios empresariales de una nueva división en el Ejército, entre los corruptos y los honrados. Para entonces, la mayoría de los oficiales que habían llegado al rango de tenientes coroneles y coroneles, encabezados por el coronel Otto Pérez Molina, estaban interesados en llegar a un acuerdo con el sector modernizante de los empresarios para participar en el proceso de privatización o en los proyectos económicos que surgieran del proceso de paz. Frente a estos, los miembros de promociones inferiores, liderados por algunos ex-oficiales que se habían lucrado con el patrimonio del Estado, anunciaban que las empresas a privatizar eran estratégicas y debían mantenerse bajo control del Estado.

5. La guerra sigue

Por otra parte, el movimiento popular no se recuperaba de los cambios políticos ocurridos en el último año. Fue hasta el 17 de mayo de 1994, al iniciar sus actividades la Asamblea de Sectores Civiles, con la ausencia del CACIF, cuando volvió a articular una presencia política. Pero en aquellos momentos la URNG se mostraba reacia a dar un protagonismo a la ASC en el proceso de negociaciones, después de la experiencia de mayo de 1993, cuando el sector empresarial logró manipular la reacción cívica. La URNG estaba muy interesada, sin embargo, en sostener conversaciones con la Democracia Cristiana, que ofrecía un programa populista y de concertación nacional bajo el cual la URNG podía desarrollar experiencias de participación política.

En noviembre de 1994, la ASC terminó su mandato de preparar propuestas para la discusión de los temas sustantivos, pero elaboró un proyecto para dar continuidad a su trabajo. Sin embargo, trascendieron rumores de que la URNG podría canalizar su participación política en las elecciones de 1995 a través de la ASC cuando miembros de la URNG iniciaron consultas sobre la posibilidad de proponer al obispo Quezada como candidato presidencial. Alfonso Cabrera, que también estaba negociando el apoyo de la URNG en las elecciones presidenciales de 1995, reveló que Quezada podría ser candidato presidencial, con lo cual quedó frustrada esta iniciativa, al retirarse el obispo de la presidencia de la ASC. A partir de este momento, las organizaciones populares comenzaron a girar alrededor de las candidaturas electorales: el 22 de septiembre, miembros de la Asamblea y la Comandancia en pleno de la URNG se reunieron en la sede de Naciones Unidas en El Salvador para discutir sobre las elecciones y el proceso negociador, y para que los acuerdos logrados se incluyeran en el plan de gobierno del próximo presidente.

La propuesta de convocar una ASC que abría una puerta a la participación política de los sectores populares, pareció obedecer más al interés de la URNG de legitimar los acuerdos y conservar un margen de presión desde afuera sobre la mesa de negociaciones. De hecho, los temas que de antemano parecían estar abiertos a negociaciones eran una cierta modernización-depuración de algunas instituciones del Estado y una cierta modernización económica; únicamente en el terreno político el gobierno-Ejército parecía que dejaban abiertas las puertas de algunas concesiones. La cúpula militar valoraba el proceso de negociación como una oportunidad para legitimarse históricamente y preparar las bases de su hegemonía en el futuro; había elaborado una serie de propuestas, especialmente en torno al cese al fuego parcial y anticipado y se estaba preparando para lograr el control de la población afectada por el conflicto a través de los programas de ayuda y desarrollo.

El movimiento popular no elaboró una propuesta profunda que abarcara la reconciliación y el fin de la violencia como mecanismo para resolver los conflictos de la sociedad, ni propuestas sectoriales y comunitarias para la reinserción de los sectores afectados por el conflicto y la solución de los problemas que le dieron origen. Más bien pareció verse arrastrado por la dinámica de la URNG frente al proceso de negociación y perdió la posibilidad de incidir en espacios más amplios.

En este contexto social las luchas populares que se desarrollaron en el gobierno de De León siguieron la tónica imperante desde 1990. La lucha por la tierra, la presencia de los movimientos indígenas, las denuncias por violaciones a los derechos humanos y los movimientos de retorno o reubicación de los desplazados y refugiados, fueron las dominantes en el período 1993-95.

Esta escasa actividad reivindicativa laboral no impidió que la represión prosiguiera. El Ejército siguió usando sus aparatos de seguridad para enfrentar el movimiento popular, amedrentar a la sociedad civil y oponerse a otros poderes reales como los empresarios o institucionales como los magistrados y políticos, ya que en esta etapa se encontró frente a un considerable aumento de las iniciativas de la sociedad civil que ya se venían desarrollando con fuerza desde 1992, muchas de las cuales afectaban además temas vitales como la impunidad y la desmilitarización. Leer Nota al Pie5

Pero fue en el campo donde, a pesar de los discursos de la batalla por la paz, siguió manifestándose el mayor hostigamiento a los grupos populares que pedían la desmilitarización y el fin de las PAC. El Ejército azuzó un mayor hostigamiento de los colonos asentados en el Ixcán y en el área Ixil contra los antiguos pobladores refugiados o desplazados, organizó una campaña de pánico contra la presencia de extranjeros en el país, y en menor medida siguieron apareciendo cadáveres de civiles en las áreas de expansión de la actividad militar guerrillera. Finalmente, se registraron asesinatos de policías que investigaban delitos en los que pudieran estar implicados militares o miembros de las PAC.

6. La URNG y la firma de la paz

Con una táctica conservadora la guerrilla calculó a partir de 1994 sus esfuerzos militares de manera que pudiera mantener una presión indefinida y difícilmente desarticulable. Concentró sus esfuerzos en una fuerza unitaria, ubicada cerca de la capital, a la que destinó recursos y efectivos seleccionados y mantuvo sus frentes tradicionales en actividades de hostigamiento y propaganda armada. De esta manera los plazos para preparar una estrategia política se alargaban a la espera de un mayor desgaste de las instituciones democráticas, y en tanto podía ensayar otras formas de presión social como las invasiones de fincas.

Aunque la URNG se resentía de un fuerte desgaste político desde el inicio del retorno de los refugiados, recurrió al planteamiento de una paz armada (firmar los acuerdos de paz, pero no desmovilizarse) que se prolongaría hasta que tuviera suficientes evidencias de que el gobierno estaba en capacidad de cumplir con los compromisos de paz. Por eso la URNG no mostró ningún interés en aceptar la salida honrosa que el gobierno de Ramiro de León le ofrecía.

En 1994 después de la firma del Tratado de Libre Comercio con México y la amenaza de la insurrección zapatista, el logro de la paz en Guatemala adquirió una nueva perspectiva geoestratégica para los Estados Unidos y la comunidad internacional, que aumentaron las presiones. Los acuerdos del 10 de enero de 1994 cambiaron totalmente la dinámica formal de las negociaciones, al asumir Naciones Unidas un papel de mediador y comprometerse las partes a un calendario preestablecido.

El gobierno entró en una carrera por demostrar que estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de evitar un solo día de conflicto; el Ejército comenzó a aplicar sus medidas de guerra por la paz y logró que se firmara un acuerdo sobre Derechos Humanos sin incluir el tema de la Comisión de la Verdad, lo cual le permitió aplazar las fuertes presiones internas que se habían reflejado en la conspiración del general Quilo Ayuso.

La URNG se sintió presionada también para lograr cuanto antes acuerdos que resultaran favorables a sus bases sociales. Sin embargo los primeros logrados, en especial el de Esclarecimiento Histórico, tuvieron un marcado carácter impositivo, que finalmente no satisfizo a ninguna de las dos partes. Por otro lado, el acuerdo sobre Derechos Humanos, si bien no incidió directamente en un cambio de la situación en esta materia, abrió una dinámica impredecible para el Ejército con la instalación de la Misión Verificadora de Naciones Unidas, ya que la URNG y las organizaciones populares podían hacer un uso amplio de las atribuciones de MINUGUA.

Para el Ejército, la contrapartida a estos primeros acuerdos era lograr al menos un cese al fuego, que le permitiera mostrar logros más concretos a su gente y centrar todos sus esfuerzos en conquistar espacios en la sociedad civil con la guerra para la paz. También el gobierno y los sectores empresariales necesitaban este logro para poder comenzar a capitalizar sus inversiones en el negocio de la paz. Sin embargo la URNG ya había trazado su propia estrategia, y no estaba dispuesta a repetir la experiencia de mayo de 1993, en que sus efectivos se desmoralizaron ante una tregua unilateral que no tenía mayor proyección. Por otro lado, las críticas de muchos sectores a la secretividad del proceso negociador y a los resultados del acuerdo sobre la Comisión de la Verdad, la pusieron a la defensiva. La negociación se empantanó nuevamente, y ambos bandos optaron por un esfuerzo militar. Hasta que el 22 de diciembre, el secretario general de Naciones Unidas exigió a ambas partes un plan en quince días para dinamizar las negociaciones, ya que en caso contrario podría retirar la misión verificadora.

En 1995, una nueva presión de la comunidad internacional sirvió para que el calendario de las negociaciones de paz se ajustara al calendario de las elecciones políticas, lo cual formalmente fue aceptado por la URNG, a cambio de que la discusión de los temas fundamentales no se desvirtuara. La URNG mantuvo su compromiso de participar en las elecciones aún sin tener una estrategia muy definida, pero el tema de la depuración del Ejército y la desmilitarización de la sociedad quedó en primer plano. Los Estados Unidos aumentó su presión sobre el Ejército, de tal manera que en junio de 1995 se llegó a una situación en que alcanzaron un nivel jamás conocido, y el liderazgo del general Mario Enríquez comenzó a disminuir de manera alarmante.

7. El triunfo de un candidato empresario

Las elecciones generales de 1995 tenían un especial significado: abrían la posibilidad de intentar una revitalización del proceso de institucionalidad política iniciado por los militares en 1984, después de que a partir de la crisis del gobierno de la Democracia Cristiana en 1989, el sistema político partidista y las instituciones clave de la estabilidad política (Presidencia, Congreso, Poder Judicial) entraron en una dinámica de creciente desprestigio popular. Del resultado de las elecciones de 1995 dependía la viabilidad de la reforma del Estado, condición imprescindible para el logro de la firma de la paz y el inicio de la modernización económica. El partido político que resultara ganador tendría que enfrentar estos dos desafíos. Así lo expresaba un análisis de la Fundación Myrna Mack:

El proceso electoral se perfila como el espacio para el reacomodo de las fuerzas políticas a fin de rediseñar la transición que quedó seriamente averiada con el autogolpe del mayo de 1993. Se trata de un juego de elites que disputan sus espacios en el período postbélico... Son grupos hegemónicos que se adhieren a la agenda internacional que promueve el fin del conflicto por la vía negociada, la reconversión del Ejército y la modernización de la economía...Las elecciones son el escenario, por excelencia, de los cambios de relaciones de fuerza en una coyuntura. Pero los comicios del 12 de noviembre tienen una carga especial: van a configurar el espacio y los actores políticos que acabarán dando la fisonomía al proceso de paz. Esto es, los alcances en las transformaciones de las estructuras económicas y militares.

Ante la crisis institucional con que se despidió el gobierno de Ramiro de León Carpio, el proceso electoral fue visualizado por los países interesados en las negociaciones de paz como una oportunidad para que el sistema político ganara mayores cuotas de credibilidad y, en este sentido, presionaron para que la URNG mostrara públicamente su apoyo al mismo e incluso para que participara indirectamente en él. Las presiones diplomáticas actuaron también de alguna manera sobre las autoridades electorales para que la candidatura presidencial de Ríos Montt no fuera aceptada.

A diferencia de lo que fueron los procesos electorales en Nicaragua y El Salvador en situación de negociaciones de paz o acuerdos postbélicos, la organización de las elecciones en Guatemala adoleció de mecanismos de institucionalización. La campaña de empadronamiento fue meramente formal y llena de irregularidades: un tercio de la población en edad de votar, la mayoría afectada por la guerra, no logró siquiera inscribirse, ni se le brindaron oportunidades para hacerlo; el gobierno tampoco aceptó un financiamiento de la Unión Europea para facilitar el transporte gratis el día de las elecciones. Guatemala carecía además de una legislación que controlara el financiamiento delictivo de los partidos, o que regulara el acceso de todas las opciones a los medios de comunicación. Y el Tribunal Electoral fue totalmente ineficiente para garantizar la libre emisión del voto y evitar la amenaza y el chantaje de los políticos contra las poblaciones del interior del país. MINUGUA se abstuvo de asumir el control del ejercicio democrático del voto como una de sus misiones de supervisión.

El PAN y el FRG triunfaron en la primera vuelta electoral; aunque el PAN no logró la mayoría absoluta en los conteos presidenciales, alcanzó la mayoría en el Congreso (47 escaños de 80) y un tercio de las alcaldías del país. La gran sorpresa fueron los resultados del Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG), al que los sondeos atribuían el 0.5% de la intención de voto, al colocar a seis diputados en el Congreso y convertirse en la tercera fuerza electoral.

Sin embargo, los panistas necesitaban un amplio margen de legitimidad para llevar adelante un programa de gobierno que podría, en el primer año de gestión, darles poder de negociación frente a los grupos influyentes de la empresa privada y el Ejército. Por ello, el no haber logrado la mayoría absoluta en la primera vuelta, como esperaban, resultó decepcionante. Pero más decepcionante les resultó el escaso margen con que lograron triunfar en la segunda vuelta.

El triunfo del PAN representó en cierta medida una salida a la crisis que atravesaron los sectores derechistas del país y a las ambiciones políticas de los empresarios después de la llegada de los gobierno civiles en 1985. El PAN es una fuerza política surgida después de que Álvaro Arzú lograra la municipalidad de Guatemala en 1985 y arrastrara a su partido a sectores de la clase media y profesionales decepcionados del gobierno de la Democracia Cristiana. Posteriormente el PAN logró aprovechar las disputas de políticos y grandes empresarios originadas durante el gobierno de Serrano, y amplió sus espacios de influencia jalando cuadros de los partidos políticos que entraban en crisis. Ya en la época de Ramiro de León, el PAN se convirtió en la opción electoral del gobierno y de aquellos grupos económicos y militares que se aprovechaban de él.

A través de un complejo y accidentado proceso de seis años (Arzú anunció por primera vez su candidatura presidencial en mayo de 1989), el nuevo presidente fue ganándose la confianza de algunos de los más poderosos grupos del sector empresarial. Su principal carta de presentación era un plan de obras de infraestructura vial y la estrategia para atraer financiamiento que apoyara los acuerdos de paz; pero ambos puntos exigían una nueva reforma fiscal. En cuanto al Ejército, los panistas no tenían antecedentes de relaciones con los militares, y tampoco habían elaborado una estrategia de aproximación, como hizo la DC.

Una vez conformado el gabinete, el presidente marcó prioridades. En primer lugar puso a caminar la reforma administrativa del ejecutivo, y envió cinco iniciativas de ley al Congreso: reformas al Código Municipal, Ley del Organismo Ejecutivo, Ley de Probidad, reformas a la Ley de Contraloría de Cuentas y Ley Orgánica de las Fuerzas de Seguridad. Después, marcó a los principales ministerios las líneas de actuación y unificó los mecanismos de funcionamiento administrativo del gobierno. En este marco, el nuevo gobierno estableció inmediatamente sus prioridades políticas, que se centraron en tres objetivos: la clausura del conflicto armado interno, la puesta en marcha de una depuración del Ejército y la negociación con el sector empresarial de un apoyo financiero para resolver el déficit fiscal.

8. La paz a pesar de todo

La negociación terminó en noviembre de 1995 y empezó la concertación entre la URNG y el equipo del que sería electo presidente en enero de 1996, Alvaro Arzú del PAN (Rosada, 1996). La dirigencia insurgente no ocultó su preferencia por Arzú y señaló que ese partido tenía un proyecto de largo plazo que les daba certeza para concluir las negociaciones e iniciar el período del posconflicto. Las reuniones informales se sucedieron en El Salvador, Italia y México.

Arzú nombró una nueva COPAZ dirigida por su principal asesor Gustavo Porras (ex-integrante del EGP) y compuesta por Raquel Zelaya, una intelectual con influencia en los tres últimos gobiernos civiles, directora ejecutiva de ASIES; Richard Aitkenhead, ex-ministro de Finanzas Públicas y cercano a los azucareros, y el general Otto Pérez Molina, Inspector General del Ejército y pieza clave de la transición del gobierno de Ramiro de León al de Arzú. Las nuevas comisiones comenzaron a trabajar inmediatamente los borradores del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y la Situación Agraria, que finalmente fue aprobado el 6 de mayo de 1996. Desde principios de marzo, la URNG había decidido un cese al fuego, que fue seguido inmediatamente por Arzú.

En el ínterin, empero, la optimista dinámica que adquirió el proceso generó desconcierto en las filas de la URNG. La comisión político-diplomática de los insurgentes mantenía expectativas más altas que la misma comandancia general, lo que fue interpretado como un freno para las negociaciones. En consecuencia, los cuatro miembros de la comandancia insurgente decidieron disolver la comisión y trabajar solos en las negociaciones.

Las críticas al Acuerdo no se hicieron esperar. Se le calificó de neoliberal, se dijo que resumía el programa de gobierno del PAN sin que se tocaran aspectos estructurales como la desigualdad en la distribución de la riqueza. A pesar de ello fue importante la inclusión de un catastro nacional, el reforzamiento de los gastos sociales y la meta de aumentar la carga tributaria al 12% del PIB en el 2000.

Las negociaciones siguieron sin tropiezos aparentes hasta la firma del último acuerdo sustantivo, sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y el papel del Ejército en una sociedad democrática, que fue suscrito el 19 de septiembre en México. En este acuerdo se describe un procedimiento para que la sociedad se acerque a las instituciones públicas y participe en su reactivación; se presenta un plan general de reforma de los aparatos de seguridad, que incluye la creación de una Policía Nacional Civil, la reestructuración de los aparatos de inteligencia (buscando reducir su alta discrecionalidad) y la reconversión del Ejército a las necesidades de un país en época de paz (la reducción de sus efectivos y presupuesto, y la reorientación de sus funciones exclusivamente a la defensa de la seguridad exterior).

Tras esa firma la cuestión fue cómo preservar el proceso de paz y llevarlo a su culminación a más tardar en diciembre de 1996, para que no saliera de la programación presupuestaria de la cooperación internacional. En ese propósito confluyeron el gobierno de Arzú, la Comandancia de la URNG y la comunidad internacional, en especial el grupo de países amigos (España, Estados Unidos, México y Noruega).

La negociación llegó todavía a su punto más sensible: la definición de la figura que daría la visa de legalidad a los miembros de la URNG. Desde principios de 1996 surgió la inquietud en la comunidad de derechos humanos de que la supuesta concertación entre las partes los llevaría a avalar una amnistía general, una suerte de ley del perdón y olvido para todos los guerreros. Ello puso en estado de alerta a quienes trabajosamente habían empujado procesos en los tribunales contra los agentes del Estado y de aquellos que tutelaban el derecho de las víctimas de acceder a la justicia.

Ante el riesgo decidieron, en junio de 1996, organizar una Alianza contra la Impunidad a fin de evitar que se promulgara una nueva ley de amnistía general. La estrategia de la Alianza consistió en proponer una amnistía limitada, en correspondencia con el objetivo de la negociación, que era la reinserción de los alzados en armas, excluyendo a los militares.

La Alianza enmarcó los términos del debate con una propuesta de ley exclusiva para la reinserción de los insurgentes, señalando como amnistiables los delitos políticos, no así los comunes conexos, una definición que los tribunales dudosamente tendrían fuerza para aplicar. Era la primera vez, desde que se iniciaron las negociaciones en abril de 1991, que un tema de la mesa adquiría una dinámica propia en la sociedad civil, acompañado de un debate público. Sólo era comparable a la discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas, aunque los parámetros políticos eran diferentes, así como lo que específicamente estaba en juego. En el caso que nos ocupa se trataba de un instrumento ad hoc para desbloquear la tradicional exclusión política.

En octubre ocurrió un hecho inesperado que cambiaría el curso de los acontecimientos y de hecho el escenario del posconflicto. El gobierno se vio forzado a hacer público que la ORPA había secuestrado a Olga de Novella, de 86 años, integrante de una de las familias de negocios más influyentes de Guatemala. Según la versión oficial, el presidente se había visto obligado a canjear al guerrillero jefe del comando para salvar la vida de la octogenaria. Sin embargo pocos creyeron la versión y muchos criticaron la violación gubernamental de los procedimientos jurídicos establecidos (ver recuadro). Además se desató una ola de críticas contra la URNG que obligaron al retiro de la mesa de las negociaciones de Gaspar Ilom, el comandante en jefe de ORPA, y a introducir variantes en el orden de los acuerdos operativos pendientes. Así, se adelantó el acuerdo de cese al fuego y luego, en esas condiciones, se aprobó el acuerdo de reinserción.

El acuerdo reflejó al final los intereses de amnistía que los militares nunca ocultaron. Fue una amnistía más amplia para ellos que para los insurgentes. En medio de estas tormentas, finalmente se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera la tarde del 29 de diciembre de 1996. De ahí en adelante empezaría otro capítulo de la historia guatemalteca.

El último desaparecido del conflicto
(El caso Mincho)

El domingo 25 de agosto de 1996 un comando urbano de la ORPA secuestró en la zona 6 de la capital a Olga de Novella. El grupo guerrillero, simulando un retén de la Policía Nacional, desarmó a la seguridad de Enrique y Olga Novella raptándola a ella.

Los primeros indicios que tuvo el comando antisecuestros del EMP apuntaban a la zona militar de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, desde donde operaba una banda de secuestradores y roba vehículos. Sin embargo una fuente sostiene que la D-2 pudo haber estado al corriente de los hechos desde un principio a través de uno de sus agentes infiltrados en la célula guerrillera. Si esa versión fuera correcta, querría decir que la inteligencia militar dejó correr los acontecimientos buscando la amplificación del costo político para la ORPA, la fuerza insurgente mejor preparada en la URNG para el período del posconflicto.

Transcurrieron siete semanas hasta que el comando antisecuestros interceptó a la cabeza del comando guerrillero, Rafael Valdizón Nuñez (Isaías), jefe del Estado Mayor y miembro de la Dirección Nacional de la ORPA, incondicional de Rodrigo Asturias (Gaspar Ilom). En ese lapso se firmó el acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, y se programó el final de las negociaciones con una sucesiva firma de acuerdos operativos, incluyendo el de la reinserción.

Según la versión que admiten en privado algunos funcionarios del gobierno, el 19 de octubre el comando antisecuestros detectó a Valdizón Nuñez y a su escolta Juan José Cabrera Rodas (Mincho), un antiguo militante de base que ya tenía asignadas tareas en organismos legales. Sin embargo, de acuerdo a la versión del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el comando del EMP tomó por asalto la casa donde los guerrilleros mantenían secuestrada a Olga de Novella y ahí capturó a Isaías y Mincho liberando a la plagiada. El matiz es clave pues permite hablar o no de canje.

De acuerdo a las fuentes oficiales, el 20 de octubre se dio el canje entre Isaías y la señora de Novella en un lugar discreto contiguo a la Avenida Petapa zona 12. Los hechos hubieran quedado allí, bajo estricto secreto.

Pero menos de una semana después el FRG amenazó con hacer públicos los acontecimientos. El gobierno decidió adelantarse y el 28 de octubre dio una conferencia de prensa en la que enteró a la opinión pública sobre la responsabilidad de la ORPA en el secuestro de la señora Novella.

Hasta ese momento el nombre de Mincho no había salido en ninguna de las declaraciones. Miembros de ORPA dejaron mensajes a los familiares sugiriéndoles presentar una denuncia ante los organismos de derechos humanos. Ellos lo hicieron a finales de octubre. A su vez funcionarios de MINUGUA iniciaron una investigación de oficio. A partir de que los familiares se movilizaron, el caso Mincho comenzó a ser público, no obstante de que tanto el gobierno como la URNG negaron su existencia.

La prensa y la Alianza contra la Impunidad se encargaron de develar detalles del asunto. A los medios les fue filtrada la fotografía de un cadáver en descomposición encontrado en el basurero de la zona 3 a mediados de diciembre que había sido enterrado como XX en el cementerio La Berbena. La fotografía tenía respaldo en los archivos de la Policía. Los rasgos de la fotografía del cadáver desfigurado encajaban de una forma extraordinaria con los de un retrato de Mincho.

Entretanto el equipo de verificación de MINUGUA había encontrado varias pistas. Sin embargo por indicaciones del responsable de verificación en la Misión esas pesquisas fueron suspendidas y los archivos centralizados por el funcionario.

En el segundo trimestre de 1997 se desató una agria polémica entre la Alianza contra la Impunidad y Jean Arnault, como jefe de MINUGUA, por una parte, y entre la Alianza y el gobierno, por la otra. El tema de fondo era el encubrimiento de la desaparición forzada y una presumible ejecución extrajudicial. Al final la ex-guerrilla comenzó a admitir la existencia de Mincho y la MINUGUA, en un informe preliminar de sus investigaciones fechado el 20 de mayo, trasladó el balón al Ejecutivo: admitió que Mincho había sufrido una desaparición forzada y dijo tener elementos de convicción para señalar al EMP como responsable. Sólo el gobierno no dio marcha atrás y tuvo una respuesta iracunda ante el informe de la Misión.

De ahí en adelante el caso fue saliendo de los titulares de prensa. La secretaría general de la ONU envió un par de misiones discretas para investigar los alcances de una probable responsabilidad de encubrimiento de una Misión considerada hasta entonces exitosa. El caso Mincho sigue abierto. Todos los mecanismos de la impunidad volvieron a funcionar, irónicamente esta vez en nombre de los acuerdos de paz.