1. Desde la década de 1970 el Ejército aplicó una doctrina de decisión centralizada y ejecución descentralizada, la que dejaba en manos de los mandos intermedios la selección de víctimas o la aplicación arbitraria de medidas represivas. El énfasis de Gramajo en la doctrina centralizada bien puede referirse a un mayor control de las actividades represivas.
   
2. El término de el Sindicato fue creado por los miembros de la Cofradía, para designar al grupo de militares comprometidos con las actividades de inteligencia en la época de Lucas García, entre quienes tuvo bastante apoyo la corriente reformista militar que apoyó el golpe de Estado de 1982. Los oficiales de el Sindicato estaban especialmente influenciados por las teorías de la Guerra de Baja Intensidad y el desarrollismo, elaboradas por el Ejército de los Estados Unidos y puestas nuevamente en boga durante el conflicto con los sandinistas; mientras que los oficiales de la Cofradía eran de la escuela de Taiwan, más preocupados por aplicar mecanismos de control social e inteligencia de seguridad. Pero por encima de ideologías, la complicidad generada por el trabajo de inteligencia del Estado, pareció ser el principal elemento que cohesionó a los miembros de la Cofradía, en tanto que los miembros de el Sindicato se definirían más por su no pertenencia a aquélla.
   
3. En su informe, la Comisión establece cómo policías guatemaltecos intervinieron en el secuestro, dejando numerosas evidencias de su participación, aunque posteriormente fue el Ejército el encargado de llevar a cabo los interrogatorios y ordenar el asesinato.
   
4. Las violaciones de los derechos humanos experimentaron un desarrollo inesperado durante el mandato de Serrano Elías. Según la ODHAG, en 1991 se cometieron 551 ejecuciones extrajudiciales, 205 asesinatos, 143 desapariciones forzadas y 123 casos de tortura; mientras que la Procuraduría de Derechos Humanos reportó 148 ejecuciones extrajudiciales y 118 desapariciones forzadas. Estas cifras se incrementaron de manera notable en 1992. Según la CDHG, entre el 1 de enero y el 18 de agosto se cometieron 1,128 asesinatos, de los cuales 350 fueron ejecuciones extrajudiciales (65 presentaban señales de tortura), 21 detenidos desaparecidos y 31 ejecuciones; hubo 32 detenciones arbitrarias, 104 amenazas de muerte, 289 atentados y 321 bombardeos y ametrallamientos.
   
5. En este contexto, la violación de los derechos humanos en la ciudad capital siguió una marcha ascendente, en la línea de atentados contra ciudadanos opositores, periodistas, miembros de las iglesias y de las ONG; hubo ataques al movimiento sindical y popular organizado e incluso contra defensores de derechos humanos y el mismo Organismo Judicial, reaparecieron grupos como Jaguar Justiciero o Comité Nacional Anticomunista, y se aplicaron nuevas formas de intimidación con menor costo político como allanamientos de oficinas, interrogatorios para dejar después libre a la víctima, o la presencia de elementos de las PAC que siguieron a sus víctimas hasta la capital. También se dieron otras formas de violencia indiscriminada, como cuando en septiembre de 1994 volvió a aparecer una ola de atentados terroristas en la capital o la ejecución de miembros de las maras, achacada al viceministro de Gobernación, coronel Mario Mérida.