1. Las causas de estas limitaciones se explican en la Presentación General del Informe.
  2. Como ya se explicó en el capítulo 6, Tomo I, hay que tener en cuenta que el componente de estigma y vergüenza que produce la violación hace que exista habitualmente una subvaloración de la realidad. En los estudios occidentales sobre la violación muestran que sólo se declara una de cada cinco violaciones. Hay motivos sociales y culturales para pensar que, en este caso, esa diferencia sería mucho mayor, por lo que probablemente los datos no reflejen más que una pequeña parte de la realidad.
  3. Las PAC y los Comisionados Militares fueron estructuras creadas y bajo mando y supervisión del Ejército. Los Escuadrones de la Muerte operaron igualmente como aparatos clandestinos con conexiones directas con servicios de inteligencia militar.
  4. Refiriéndose a esa época, Amnistía Internacional (AI) expresó en su informe anual de 1984, que se encontraba preocupada ante el hecho de que las fuerzas de seguridad y militares regulares, así como grupos paramilitares que actuaban bajo órdenes del gobierno o con complicidad oficial, continuaran siendo responsables de violaciones a los derechos humanos en gran escala. Asimismo, AI se refirió tanto a los tribunales militares de fuero especial creados por Ríos Montt, como al estado de sitio decretado por él y a los órganos estatales de seguridad que -no obstante haber sido reestructurados formalmente durante su período- continuaban empleando los mismos métodos represivos de los anteriores regímenes. AI dice: Al proporcionar su propia interpretación de la estrategia que estaba siguiendo el ejército, el general Ríos Montt contestó que no tenían una política de arrasar la tierra, sino de arrasar comunistas. Se dijo que, privadamente, había reconocido las matanzas y había admitido en una ocasión, durante una reunión con representantes de partidos políticos legales, que estaban matando gente, asesinando mujeres y niños ya que el problema era que todos eran guerrilleros allí. Amnistía Internacional (1987). Guatemala: crónica de las violaciones de derechos humanos. Londres
  5. Tomo II, anexos del informe denominado De la Locura a la Esperanza.
  6. Muertes debidas a la acción de fuerzas de seguridad del Estado, fuerzas paramilitares, para institucionales, grupos que actúan al amparo de los anteriores o que tengan cierto grado de organización para cometer el hecho, sin que exista una sentencia dictada por un órgano competente, ni que previamente se hayan agotado todos los recursos pertinentes.
  7. Comisión de la Verdad de El Salvador. Tomo II de los anexos de su informe, ya citado.
  8. Ver Tomo III, donde se analiza la aparición y el uso de las desapariciones forzadas como mecanismos de terror.
  9. La mayor parte de esas víctimas mortales de ataques indiscriminados se relacionan con otras víctimas que resultaron sobrevivientes y que se refieren posteriormente en el apartado de Atentados, lo que le da globalmente una frecuencia mucho mayor como patrón de actuación.
  10. Para el capítulo 1 del Tomo II, sin embargo, hemos utilizado un criterio más restringido, considerando como masacres los asesinatos colectivos asociados a destrucción comunitaria. La sistematización de los últimos datos llevó a registrar 422 masacres, en vez de las 410 que se recogen en la página 3 del Tomo II. A continuación se recogen los últimos datos revisados, que actualizan los que se muestran en aquel cuadro, y respecto a los cuales no hay variaciones significativas. La mayor parte de las masacres analizadas corresponde a los años 81/82 (70%). La mayoría de las masacres registradas corresponden al Departamento de Quiché (263). Le siguen Alta Verapaz (63), Huehuetenango (42), Baja Verapaz (16), Petén (10) y Chimaltenango (9), entre otras. Los datos sobre las fuerzas responsables revelan la importancia de las masacres como parte de la política contrainsurgente, siendo la participación de los distintos autores: el Ejército aparece implicado en el 90.52% de las masacres (en un 55% como única fuerza, el resto junto con Comisionados Militares y PAC); PAC y Comisionados el 35.54%; (como única fuerza en un 4.5%, resto junto con el ejército); desconocidos el 1.18%; y la guerrrilla el 3.79%.
  11. Habitualmente se entiende por atentado los ataques dirigidos contra las personas con el propósito de causar daño o amedrentar, con el objetivo de modificar sus actividades.
  12. Estos resultados apoyan las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en su segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala -aprobado en octubre de 1983- señaló lo siguiente: A pesar de las declaraciones públicas de las autoridades en el sentido de que estos exiliados (refiriéndose específicamente a religiosos, escritores, periodistas, maestros, profesionales y políticos) pueden regresar a Guatemala cuando lo deseen, la realidad es que el temor les impide hacerlo. Con razón o sin ella, se sienten intimidados y el estado de terror reinante, tantas veces mencionado en este informe, acentúa esta inseguridad para poder regresar a su Patria.
  13. Al referirse a la situación de irrespeto al derecho a la libertad personal, la Comisión Interamericana sostuvo -en otro informe especial sobre Guatemala- lo siguiente: "a) Que bajo la vigencia del estado de Sitio no sólo se suspendió el habeas corpus o recurso de exhibición personal sino que tampoco el amparo tuvo efectividad, permitiendo que los organismos de seguridad del Estado actuasen con total impunidad para detener ilegalmente a personas; b) Que continúan produciéndose secuestros por agentes de seguridad, situación que ha dado origen, en algunos casos, a prolongadas detenciones ilegales, negadas inicialmente por las autoridades". Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República de Guatemala, OEA/Ser.L/V/II.61, Doc. 47, 5 de octubre de 1983, Washington, D.C. p.141-142.